Desde finales de la década de los ochenta y a causa del cambio de visión de la banca multilateral sobre diferentes sectores de la economía y, fundamentalmente, revaluando la participación del Estado en el desarrollo económico productivo e impulsando la globalización y el acceso a los mercados en busca de impactar positivamente el ingreso de los empleados y los más pobres, se emprende, a través de estos mecanismos, la lucha contra la inflación, después de haber tenido que enfrentar en muchos países, y en especial en América Latina, una hiperinflación que afectó a los más vulnerables.

Fueron varios los sectores más impactados con esta política multilateral pero, en especial, el sector manufacturero y el agrícola reaccionaron con grandes dificultades y limitaciones si se compara con la competencia global.

Aun en estos momentos, frente a una devaluación de más del 70% en 2014 y 2015, los sectores manufactureros y agrícola no fueron capaces de reaccionar y conquistar mercados a pesar de haber ganado competitividad internacional con la pérdida de valor de la moneda. Muchos han justificado esta precaria reacción aduciendo que fueron varios los países que también tuvieron que devaluar con la caída de los precios del petróleo y de algunos minerales. Esto fue relativamente cierto, pero no en su totalidad; de hecho, en América Latina, no son muchos los países petroleros.

Si nos circunscribimos al sector agrario específicamente, nos enfrentamos en los últimos años, desde finales de la década de los ochenta, a una falta de política y de ordenamiento del sector bastante desconcertante.

Los subsidios a los precios de los principales productos no faltan impactando de manera negativa la productividad, porque de hecho este tipo de subsidios desincentivan y al mismo tiempo limitan los recursos frente a las inversiones que se deben hacer en el sector rural para impulsar su competitividad.

Vías, sistemas de riego y drenajes, embastes y canalizaciones y debida explotación de acuíferos son escasos. Igualmente, la tecnología aplicada a la agricultura es precaria y los datos para su análisis que permiten la mejor toma de decisiones escasean o incluso, en muchos subsectores, no existen.

Por ejemplo, a nivel nacional se deben hacer inversiones de manejo de agua por lo menos de cop 140 billones; sin agua no puede haber agricultura competitiva.

Los centros de acopio y empaque escasean y no hay un sistema eficiente de transporte que permita al agricultor mantener su ventaja competitiva.

En materia de agregación de valor y comercialización, mantenemos una posición de inversión muy pobre. Eso hace que perdamos mercado nacional e internacionalmente.

Tenemos posibilidades enormes en los cultivos de ciclo largo y, por falta de políticas, no aprovechamos la oportunidad que esta producción y su venta en los distintos mercados nos pueda generar en empleo y en divisas.

Los cultivos de ciclo largo como cacao, caucho, forestales, palma, marañón, aguacate, o de ciclo medio, como café y caña, por ejemplo, pueden estructurarse de tal manera que se hagan atractivos para los fondos de inversión nacionales o extranjeros permitiendo a los agricultores no depender solamente del sector financiero tradicional para su financiación.

En relación con las oportunidades que en varios cultivos se pueden presentar para pequeños agricultores, la figura del común y proindiviso permite a los pequeños agricultores acceder a oportunidades de crédito y de mercado. Sin que el sector financiero se afecte, o, sin recurrir a ningún costo especial, ajustar los flujos de los desembolsos y pagos del crédito de acuerdo con la evolución de la producción, ayuda a los pequeños que, unidos en común y proindiviso, puedan cumplir con sus obligaciones financieras. El tema es de estructuración, no de imposibilidad. Lo más importante por tener en cuenta, en estos casos y en general en el sector agropecuario, es que es el aseguramiento de la venta de la producción lo que da la garantía del ingreso y la rentabilidad.

En lo que en estos momentos hemos acertado después de muchos años de precaria investigación, es en el fortalecimiento de Corpoica, hoy Agrosavia.

Las leyes de reactivación económica y fortalecimiento de Corpoica en 2014 y la Ley 1876/2017 sobre sistemas territoriales de innovación agropecuaria han permitido de forma muy importante el fortalecimiento de la investigación agropecuaria en Colombia. De igual forma, la elaboración del “censo agropecuario” después de cerca de cincuenta años de no haberlo realizado, da una información muy rica y muy importante para tomar las medidas en la construcción de una política agropecuaria para el país.

Lo que sí ha sido generalmente pobre es el presupuesto aprobado o desembolsado para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura). Aquí se ha reflejado la expresión del poco interés desde el punto de vista de la política hacia este sector. Si hoy sumamos el presupuesto del Minagricultura con el presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT), dos ministerios que representan un área del sector de producción más importante del país, es menor que el presupuesto del Departamento para la Prosperidad Social (dps), organismo cuyo objetivo es la distribución de subsidios. Esto es un contrasentido en un país en vía de desarrollo. Es más importante para el desarrollo y el crecimiento económico la generación de empleo y el desarrollo sostenible de los sectores que la distribución de subsidios en un país de una economía muy precaria que depende fundamentalmente en sus ingresos en divisas, del petróleo y la minería.

En relación con la reforma agraria y la economía de subsistencia, es pertinente hacer precisiones simples y claras.

En cuanto a la reforma agraria, se ha concebido que su objetivo siempre ha estado centrado en la repartición de tierra. Esta ha sido una lamentable equivocación que, en el caso de Colombia, ha generado un atraso en el desarrollo del sector agrícola.

No solo es la tierra la responsable de un cambio en la estructura de ingresos del campesino. Es también la educación, el crédito, el acopio y el empaque, la agregación de valor, la logística y la comercialización que, como elementos de una cadena de valor, son responsables del éxito o fracaso, de una sostenible revolución verde en nuestro país. Elementos para el aprovechamiento del sector agropecuario y piscícola en el país los tenemos todos, y estructurados adecuadamente contribuyen de manera fundamental en la mitigación y, posteriormente en la eliminación de la pobreza extrema, que es uno de los objetivos primordiales de un desarrollo agrícola planeado y desarrollado dentro de los parámetros de un modelo sostenible y en crecimiento.

La economía de subsistencia en el campo está soportada, primero, en el empleo formal y, segundo, en un desarrollo económico solidario y competitivo. Los demás planteamientos condenan al campesino a una economía precaria de pobreza monetaria e incluso pobres a extrema. Lo fundamental, lo importante, es que el campesino genere los recursos para subsistir e invertir.