¿Desarrollo de la agricultura o agricultura para el desarrollo?

El sector agropecuario ha constituido en las últimas décadas, en particular en los países en vías de desarrollo, un sector dejado a su propia cuenta. Desde la década de los ochenta, con los procesos de apertura de las economías, siguiendo los lineamientos del llamado Consenso de Washington, se fue dando un desmonte paulatino del respaldo institucional que, mal que bien, habían logrado establecer estas economías (Chang, 2009). El principio fundamental es que los problemas (de atraso) del sector tenderían a resolverse dejando el mecanismo de mercado operar libremente en el proceso de asignación de recursos (tanto de insumos como de la producción final), de forma que las “trabas” (léase ineficiencias) introducidas por la intervención del Estado serían, en consecuencia, superadas. En otros términos, ello permitiría un manejo de “precios correctos” según los cuales los agentes económicos tomarían las decisiones adecuadas que permitirían una asignación óptima de los recursos.

Al decir de Chang, esta “retirada del Estado ha afectado negativamente a la inversión en bienes públicos, como investigación agrícola, educación, extensión e infraestructura, reduciendo así la productividad agrícola” (2009, p. 478). Podría señalarse que de alguna manera constituyó un desmonte de la política agrícola¹ para hacer hincapié más bien en la política comercial. O, en otras palabras, la política agrícola consistía en no tener políticas toda vez que los incentivos provendrían de un entorno más competitivo, en primer lugar, en el mercado internacional y, subsecuentemente, en el mercado nacional. Hecho que se da cuando el sector agropecuario de los países en vías de desarrollo carecía aún de bajos niveles de productividad. Como lo señalan Todaro y Smith (2006, pp. 427-428), a nivel mundial se pueden identificar básicamente dos tipos de sectores agrarios: la agricultura altamente eficiente de los países desarrollados con una capacidad productiva sustancial y un alto rendimiento por trabajador, lo cual permite que un número muy pequeño de agricultores alimente prácticamente a la nación entera, y una agricultura más ineficiente y de baja productividad de los países en vías de desarrollo, cuyo sector agrícola apenas puede sostener a la población agrícola misma y a una creciente población urbana, por lo menos con unos niveles mínimos de subsistencia.

Esperar, entonces, que el simple mecanismo de precios del mercado regido por las fluctuaciones entre oferta y demanda ofrecería la información necesaria y suficiente para las tomas de decisiones racionales de los agentes del sector, cuando el sector expresaba, como lo veremos más adelante, aspectos institucionales y estructurales que explican su relativo atraso, muchos de ellos por las llamadas “fallas de mercado”, constituyó una premisa que condujo en buena medida a un estancamiento mayor del sector. Como bien lo subraya Chang,

“es imposible estar en desacuerdo con esta visión. Si los precios están “distorsionados”, por definición conducen a resultados “distorsionados”, lo cual, por definición, no pueden ser buenos. Pero llegamos a esta conclusión solo porque todo el discurso está configurado de esta manera. Detrás de este argumento está la suposición de que las “distorsiones” son malas porque los mercados habrían funcionado bien sin ellas. Sin embargo, si los mercados no están funcionando bien, distorsionar los precios que prevalecen puede ser una buena cosa, si eso se hace para el propósito correcto” (2009, p. 480).

Sin duda, este tránsito significó un cambio de modelo, de uno “dirigista”, con un fuerte protagonismo del Estado, en el que este se involucraba de manera importante en facilitar el acceso a los insumos de la producción del sector, tanto por la provisión directa o subsidiada (vía intervención en precios u otorgamiento de crédito) de algunos de ellos (Chang, 2009, p. 479), y unas fuertes medidas proteccionistas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011, p. 33), hacia un modelo aperturista, que supuso eliminación de aranceles y desestructuración de la institucionalidad previamente establecida.

El papel del sector agropecuario

A los problemas estructurales de una agricultura que difícilmente logra niveles de productividad significativos, excepto para ciertos y focalizados sectores que han tenido capacidad de incorporar cambios técnicos importantes, y que se ha traducido en niveles de bienestar por lo general precarios para un amplio número de la población, se suman también los impactos ambientales que una y otra, la producción campesina y la agroindustria, han generado en su entorno inmediato.

Si bien es cierto que en la literatura económica ha prevalecido la idea del “cambio estructural” como un tránsito inescapable de sociedades más agrícolas hacia sociedades más industrializadas en que este sector debería ceder el paso al sector manufacturero (y más recientemente el de servicios), en la composición de la producción nacional, también lo es que los desafíos aún prevalentes de la satisfacción de necesidades, de empleo y de bienestar de muchas poblaciones siguen poniendo sobre dicho sector importantes desafíos. Volver sobre el sector agropecuario, por tanto, como uno de los sectores estratégicos del desarrollo, supone por lo menos responder a las seis preguntas que al respecto Todaro y Smith (2006, pp. 423-424) invitan a pensar:

1. ¿Cómo aumentar el producto y la productividad per capita que beneficie directamente al pequeño agricultor y al habitante rural sin tierras y al mismo tiempo respalde un sector industrial urbano en crecimiento?


2. ¿Cómo transformar las granjas tradicionales de baja productividad en empresas comerciales de alta productividad?


3. ¿Hay un comportamiento racional o irracional cuando los agricultores y campesinos tradicionales se oponen al cambio?


4. ¿Cuáles son los efectos de los altos riesgos que enfrentan los agricultores en los países de menores ingresos y cómo los agricultores los enfrentan y cómo disminuir el riesgo?


5. ¿Es suficiente introducir incentivos económicos y de precios para obtener aumentos en el rendimiento de la agricultura o se requieren cambios institucionales y estructurales?


6. ¿Aumentar la productividad agrícola y pecuaria es suficiente para hablar de desarrollo rural o necesitamos considerar e incorporar otros aspectos?

Dar respuesta a estas preguntas daría para un tratado en sí mismo por cada una de ellas, pero algunos de estos aspectos es posible discutirlos en este reducido espacio que nos permite situar el alcance de los trabajos que componen este libro. Empecemos por señalar las nuevas perspectivas que hoy se abren para entender el desarrollo agrícola. Los cambios en los paradigmas del desarrollo visto no solamente como el crecimiento económico, que habría de traducirse en mayores ingresos y riqueza, a uno que incorpora las dimensiones del bienestar, la equidad y la expansión de las capacidades de las personas, es decir, de una mejor calidad de vida, que en el ámbito del desarrollo rural supone, entre otras cosas, la reducción de la pobreza y, por tanto, garantizar la seguridad alimentaria a las poblaciones (Mujumdar, 2002). Aspectos todos susceptibles de la prueba de “inmediación” o urgencia al que alude Mujumdar (2002, p. 3893), para quien “la tesis de desarrollo actual esboza que la dependencia, el desempoderamiento y la falta de acceso al crédito son las principales causas de la pobreza” (2002, p. 3984).

Pero la idea de desarrollo no se limita siquiera al bienestar de las generaciones presentes, reclama igualmente avizorar el de las generaciones futuras, por lo cual la perspectiva del desarrollo humano sostenible se ha abierto paso como una de las metas fundamentales de las sociedades actuales. Y la agricultura no escapa a estas demandas. Como lo subrayan Scherr y McNeely (2008, p. 491): “La transformación de la producción agrícola como una de las mayores amenazas para la biodiversidad mundial y los servicios ecosistémicos hacia un importante contribuyente a la integridad del ecosistema es, sin duda, un desafío clave del siglo XXI”.

Estos desafíos conllevan pensar el mundo rural incluso más allá de su vocación estrictamente económica dedicada a la producción agrícola y pecuaria, pues él involucra otras dimensiones económicas y sociales, igualmente. Como lo señala el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, para Colombia, “hoy es claro que lo rural va más allá de lo agropecuario y que como parte de aquel también deben considerarse nuevas actividades productivas de mucho dinamismo. Tal sería el caso de la oferta de recursos naturales del subsuelo, de los servicios turísticos, de servicios ambientales y de la manufactura artesanal” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011, p. 27). Además de entender sus dinámicas culturales e institucionales propias de sus trayectorias históricas y sus respectivos entornos.

Es claro que pensar el impulso del sector rural en las economías en vías de desarrollo implica considerar la coexistencia de por lo menos tres tipos de estructuras productivas, como la agricultura de subsistencia frecuentemente asimilada a la economía campesina, la agricultura familiar o pequeña producción parcelaria que sirve a la vez al autoconsumo y a la comercialización de su producción, y la explotación moderna organizada sobre la base de procesos de alta productividad orientada, exclusivamente, a la comercialización de la producción. Las dos primeras estructuras dan cuenta de ciertas características como la producción de productos básicos en buena medida para el autoconsumo, bajos niveles de productividad, en los que los principales factores de producción son la tierra y la mano de obra, y con escasos recursos de capital (v. g. recursos de crédito) y una aversión al cambio técnico (Todaro y Smith, 2006, pp. 442-444).

Esta última, que pareciera contrariar la idea de racionalidad que subyace a la corriente principal en economía, no obstante, a juicio de Todaro y Smith (2006, pp. 445-446), responde a un justificable cálculo cuando de supervivencia se trata. La figura 0.0 ilustra el caso de dos agricultores: uno (el agricultor A) que está muy cercano a las condiciones de consumo mínimo aceptable (RCM) y en riesgo de estar incluso por debajo (punto X del eje horizontal), mientras el agricultor B ha gozado de un comportamiento más promisorio que le permite aspirar a alcanzar el nivel mínimo de consumo socialmente deseable (NCMD), que expresa una pendiente positiva en cuanto estas expectativas suelen ser crecientes. La disposición a introducir innovaciones es claramente mayor en el caso del agricultor B que en el del agricultor A que podría incurrir en riesgos que lo puedan incluso conducir a una situación de penuria.

Las actitudes de los pequeños agricultores hacia el riesgo: ¿por qué a veces es racional resistir a la innovación y al cambio?

Otro de los factores que afecta la productividad de los campesinos son los contratos de aparcería, por cuanto los términos de los contratos de “arrendamiento” entre el propietario de la tierra y el campesino no ofrecerían los incentivos suficientes, lo cual podría conducir a situaciones de ineficiencia toda vez que el campesino recibiría contraprestaciones por debajo de sus niveles posibles de productividad. Esta situación resulta, principalmente, por un lado, de las condiciones de desigualdad en el campo y, por el otro, de las fallas de mercado, entre ellas, el hecho de que el arrendador suele ser a la vez el empleador, el acreedor, y hasta su mismo consumidor final, lo cual, según Todaro y Smith, le otorga la condición para aprovechar situaciones de posición dominante tanto monopolista como monopsonista (2006, p. 449).

En efecto, los problemas de acceso y la concentración de la tierra han sido fuente de conflictos sociales y de generación de estructuras socioeconómicas que poco han contribuido a un desarrollo sostenido y sostenible del sector rural, y del bienestar de su población. De acuerdo con Chang (2009, p. 483), los dos indicadores más simples y quizá más importantes para establecer la contribución de la agricultura en la economía nacional son la participación de la agricultura en el empleo total y la participación de la agricultura en el producto total. Como se mencionó, en las últimas décadas el sector agrícola ha desmerecido toda atención, lo cual impacta tanto sus condiciones de generación de empleo (incluido la de trabajador por cuenta propia), y, sin duda, su contribución al producto nacional habida cuenta de la apertura económica que ha dado lugar a una sustitución de importaciones al revés, es decir, productos previamente de producción local reemplazados por productos agrícolas importados.

Seguridad alimentaria

Pensar la agricultura desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible supone incorporar la dimensión de la seguridad alimentaria de la población, no solo rural sino de la sociedad en su conjunto, en otras palabras, de la “seguridad alimentaria nacional”. Este concepto invoca diferentes interpretaciones. Para quienes consideran que el mercado logra una asignación eficiente de recursos, la seguridad alimentaria se alcanzaría en la medida en que los bienes alimentarios llegarían al consumidor final sin distorsiones de precios, esto es, sobre la base de la competitividad a los “precios correctos” que permitirían a este comprar al precio más favorable, optimizando su costo de oportunidad, es decir, la posibilidad de elegir la mejor opción entre las distintas que ofrece el mercado sacrificando las menos beneficiosas. Esto a su vez refuerza la idea de la especialización en la producción de commodities conforme a las ventajas comparativas, por un lado, pero, sobre todo, de las ventajas competitivas de los países, por el otro. Como lo señala Chang (2009, p. 481), para esta perspectiva, la seguridad alimentaria nacional es considerada un objetivo equivocado “sobre la base de que un mayor compromiso con los mercados internacionales a través de una mayor especialización dará a la economía nacional (y, por implicación, a sus miembros individuales) mayores ingresos y, por tanto, una mayor capacidad para asegurar las cantidades necesarias de alimentos a través del comercio internacional”.

Otra perspectiva supone la seguridad alimentaria un asunto vital, es decir, referente al derecho a la vida, en algunos casos incluso, y quizá en situaciones extremas, considerada un asunto de seguridad nacional. En particular, se trata de proteger a la población, en particular la más vulnerable, que podría estar en riesgo de no poder satisfacer sus requerimientos mínimos alimentarios y “exponerse al peligro del hambre y la malnutrición” (Chang, 2009, p. 482). Pero reconoce lo que la literatura latinoamericana advirtiera hace ya varias décadas, y es la condición de desventaja de los países en vías de desarrollo debido a los “términos de intercambio”, cuando estos dependen principalmente de la exportación de commodities frente a sus importaciones de bienes y servicios de mayor valor agregado provenientes de las economías más industrializadas. Esta condición pone en desventaja a las economías de desarrollo para competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones. En ese orden de ideas, las tarifas proteccionistas, como las medidas no tarifarias de protección a la producción nacional y las políticas de subsidios, emergen como políticas que buscarían garantizar tanto los ingresos de los agricultores como el acceso a los bienes de consumo de producción nacional para los consumidores.

¿Repensar el modelo de desarrollo agrícola?

De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, para Colombia el esquema sobre el cual se ha venido sustentado el modelo de desarrollo rural en Colombia en las últimas décadas carece de las siguientes características (PNUD, 2011, 33):

1. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable a la población rural.


2. Es inequitativo y no favorece la convergencia.


3. Invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres.


4. Es excluyente.


5. No promueve la sostenibilidad.


6. Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos.


7. Es poco democrático.


8. No afianza la institucionalidad rural.

Estas características se resumen en el sesgo intrínseco del modelo hacia la llamada agricultura moderna en detrimento de la economía campesina, precisamente para gozar de los beneficios de la modernización, que favorece, principalmente, a los grandes propietarios y amplía las brechas sociales y económicas en el seno de la población rural; sesgo en razón de la condición de género en que la mujer sufre la mayor discriminación; del acceso a la propiedad de la tierra en favor de “empresarios, trasnacionales, comisionistas y actores ilegales” en menoscabo de los “campesinos, indígenas y afrocolombianos” (PNUD, 2011, p. 37), en deterioro de la sostenibilidad de los recursos renovables y el agotamiento de los no renovables del suelo y del subsuelo (PNUD, 2011, pp. 38-39); y de los proceso de toma de decisiones y una institucionalidad que favorece grupos de interés con mayor capital político y, en consecuencia, el debilitamiento de la institucionalidad que se había logrado constituir para el desarrollo agrario y, en particular, del sector campesino. Rasgos que, si bien reflejan la situación del sector rural colombiano, guardadas las proporciones, se encuentran en otras latitudes geográficas de los países en vías de desarrollo (Todaro y Smith, 2006, pp. 428-440).

Todaro y Smith sugieren tres fuentes principales para apoyar a la pequeña economía campesina: a. el cambio técnico y la innovación, b. políticas económicas apropiadas por parte del Gobierno y c. la existencia de instituciones sociales de apoyo para el sector (2006, p. 452).

En estos tres ámbitos, el papel del Estado ha sido esencial y debe seguirlo siendo. La innovación y el cambio técnico hoy es ampliamente reconocido en la literatura, depende de un factor que se reconoce como el más importante en el siglo XXI: el conocimiento. Un factor que depende a su vez de los procesos de investigación, de la formación del capital humano, del acceso a la información y de la extensión de ese conocimiento a la solución de problemas específicos de la producción en el sector. Como lo señala Chang, el conocimiento tiene el carácter de un bien público y la generación de nuevo conocimiento y su difusión no siempre se puede confiar a los mecanismos de mercado. La investigación, por ejemplo, muy especialmente en el sector agropecuario, requiere para los aumentos de productividad un mayor apoyo estatal, pues los solos productores no estarían en capacidad de adelantar proyectos que conduzcan a las mejoras requeridas para sus procesos de producción. Oferta de una educación especializada y el acceso a la información sobre insumos disponibles, condiciones climáticas, precios, etc., son parte además de las políticas que debería ser del resorte de los gobiernos (Chang, 2009, pp. 489-494).

Otras políticas suponen el acceso al crédito, en condiciones blandas para los pequeños y medianos agricultores, según, por ejemplo, una banca especializada en el sector, o el apoyo a organizaciones solidarias presentes en las zonas rurales (Chang, 2009, pp. 494-497); la construcción o el apoyo a la creación de sistemas (distritos) de riego; sistemas de transporte para la salida de la producción a los mercados y el acceso a los insumos; infraestructura de energía eléctrica; el acceso a semillas, fertilizantes (de bajo impacto ambiental), maquinaria y equipo y asistencia técnica hacen parte de otro conjunto de políticas que deben ser contempladas para el desarrollo agrícola (Chang, 2009, pp. 500-502; Todaro y Smith, 2006, pp. 452-453).

Un aspecto sensible pero esencial lo constituye el acceso a la propiedad de la tierra y un claro esquema de derechos de propiedad (Chang, 2009, pp. 486-489; Todaro y Smith, 2006, pp. 454-455; PNUD, 2011, pp. 394-397). Una reforma agraria ha sido una precondición para el desarrollo agrícola (v. g. México), y el mercado, como es reconocido en la literatura clásica, conlleva dinámicas concentradoras y centralizadoras, en particular en este tipo de activos. Sin perjuicio, y por el contrario, con el propósito de enajenar la propiedad de la tierra, no obstante la imposición de unos límites en materia de compra de tierras o de subdivisión de propiedades, es una forma de regular el mercado de estas (Chang, 2006, p. 487).

Sin duda, el margen de acción en materia de políticas es muy amplio, y parte de ella está en consolidar o reconstituir una institucionalidad de apoyo a los agentes del sector. Entidades conducentes a la estabilización de los precios, al manejo de los inventarios según sistemas de almacenamiento (si los que en el pasado permitieron regular la oferta), y entidades aseguradoras, centros de innovación e investigación, promoción y conformación de cooperativas, entre otros, son parte del apoyo estatal que se requeriría para desarrollar una agricultura sostenible.

Como concluye el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, para Colombia, “la conclusión parece obvia: el modelo prueba que hay poco Estado y mucho mercado. He aquí la principal razón de la esperanza: ¡se sabe qué hacer!: más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado” (PNUD, 2011, p. 44). A similar conclusión llega Chang (2006, p. 511): “Cosas como seguros agrícolas subsidiados por el estado, provisión pública o subsidio de instalaciones de almacenamiento y control de calidad de insumos (por ejemplo, fertilizantes) fueron políticas muy útiles utilizadas por los países ricos de hoy”.

Frente a estos desafíos, se trata de pensar en objetivos de desarrollo integral (Todaro y Smith, 2006, p. 456) sin perder la perspectiva que hoy se impone, la de una “ecoagricultura” que minimice los impactos ambientales, que haga sostenible el manejo de los recursos y las fuentes naturales, y fortalezca una institucionalidad acorde con ese compromiso (Scherr y McNeely, 2008, p. 481).

Los cinco textos que componen este libro dan cuenta de algunos de estos problemas según estudios de casos analizados para Colombia, México y Venezuela. Para el caso colombiano, se presentan documentos que tratan temáticas como la propiedad de la tierra, el impacto del Programa de Transformación Productiva (PTP) referido al departamento de Risaralda y, por último, dos documentos relacionados con el aprovechamiento de los mercados internacionales.

El primer texto, “La gran propiedad de la tierra y posconflicto”, muestra la relación entre dicha propiedad y el conflicto armado en el país. El autor esboza problemas propios del campo colombiano como la tenencia de la tierra, analizando las reformas llevadas a cabo por los gobiernos del país entre 1930 y 2017. El resultado evidencia una estructura de tenencia de la tierra que no varía a lo largo del tiempo, favoreciendo la concentración de la propiedad sin uso productivo y una intensidad mayor en el uso de actividades no agrícolas. Este resultado es un factor crucial para entender el conflicto y la violencia mostrada en las zonas rurales del país, ya que fomentaron el despojo de tierras a pequeños campesinos y el desplazamiento forzado.

El segundo, “Programa de transformación productiva y su impacto en el departamento de Risaralda”, realiza un análisis del impacto del programa sobre la producción agregada y sus implicaciones para la estructura productiva en el departamento. El documento calcula la matriz insumo producto regional y estima el impacto de la extracción de los sectores del ptp en los resultados por actividad económica y el valor agregado. El sector hortofrutícola, comercio, fabricación de prendas de alto valor, turismo y carne bovina son aquellos que más impactan la estructura productiva del departamento y su producción; tienen incidencia en 15 actividades económicas y reducirían, de acuerdo con el contrafactual, un 8% su contribución a la producción, exactamente el mismo valor proyectado que se espera participen los sectores del ptp en la meta 2032.

Si bien la estructura de propiedad de la tierra y las apuestas productivas de los departamentos determinan en buena medida el dinamismo de la actividad agropecuaria en el país, existen otras variables que incentivarían su crecimiento, especialmente, aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento o no de la apertura comercial. Según estadísticas del Banco Mundial (BM), el país es uno de los más rezagados respecto de su nivel de apertura: el promedio latinoamericano del índice es el 36,8%, mientras que el colombiano solo llega al 27,1% en 2017.

Esto coloca al país en el enorme reto de aprovechar más los mercados internacionales, no solo en beneficio de s u balance comercial, sino también en las oportunidades que abre para la internacionalización de empresas agropecuarias y agroindustriales. Precisamente, el libro intenta mostrar algunas oportunidades de negocio derivadas de la relación comercial del país y su contexto económico y político.

El tercer texto, “Productos agroindustriales con ventaja comparativa revelada en la relación comercial entre Colombia y los demás países de la Alianza del Pacífico”, identifica aquellas actividades agropecuarias y agroindustriales que han revelado ventajas comparativas en la relación comercial de Colombia con los países de la Alianza del Pacífico (AP). El autor, a partir de cálculo del índice de ventaja comparativa revelada (Revealed Comparative Advantages [RCA]), el índice simétrico de ventaja comparativa (Revealed Symmetric Comparative Advantage [RSCA]) y el índice de competitividad revelada (Revealed Competitiveness [RC]), muestra que el país a lo largo del tiempo mantiene ventajas en nueve grupos de productos: a. el azúcar, melaza y miel; b. artículos de confitería de azúcar; c. el café y sus sucedáneos; d. aceites y grasas vegetales; e. cuero; f. manufacturas de cuero; g. cueros y pieles en bruto; h. margarina y manteca; i. cacao.

Estos resultados sugieren la especialización relativa del país en la producción y exportación de dichos productos hacia los mercados de la AP. Si bien a lo largo del tiempo estos productos mantuvieron ventajas, cada vez son menores, aspectos que llevan a revaluar la política agropecuaria del país para sostener actividades tan importantes en la relación comercial con uno de los acuerdos de integración más importantes de la región.

La ventaja del cacao en el intercambio comercial con la ap se traslada igualmente a la relación de intercambio que tiene el país con el resto del mundo. El cuarto texto, “El cacao: oportunidad productiva y comercial en el escenario del posconflicto colombiano”, muestra precisamente que el país mantiene una ventaja comparativa revelada en sus exportaciones de cacao hacia el resto del mundo, comparativamente con el valor exportado por los países de la ap. La autora también identifica las zonas de priorización para siembra de cacao como sustituto de cultivos ilícitos dentro de un escenario de posconflicto; en cuanto a los departamentos, se encuentran como productores potenciales Arauca, Nariño y Antioquia (estos fueron identificados como afectados por el conflicto armado y también como aquellos que más producen cacao); otras zonas referenciadas en el estudio son el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.

Por esta razón, el cacao sería un producto atractivo para la restitución de cultivos ilícitos, porque se afianza como un bien de especialización de la economía colombiana a pesar de que países como Ecuador y Perú producen y exportan más; comparativamente, la producción colombiana de este producto contribuye en mayor medida a sus exportaciones. Estas características de producción coadyuvarían a fortalecer los procesos de desarrollo local en zonas de especial atención como Arauca, así como la profundización de procesos de crecimiento en polos de desarrollo como los departamentos de Antioquia, Magdalena, Nariño y Cauca.

Por otro lado, el libro pretende mostrar las experiencias de dos casos de estudio en la economía mexicana y venezolana que dejan entrever lecciones para el caso colombiano en cuanto a los canales de distribución de los productos de esta actividad, así como plantea interrogantes frente a los impactos del desarrollo de otro tipo de actividades en las áreas rurales como las extractivas.

Inicialmente, se presenta un estudio sobre las determinantes de la estructura de capital en las micro y pequeñas empresas de servicios en Quintana Roo, en México. El quinto trabajo presentado en el libro se denomina “Estructura de capital en la pyme de servicios en Quintana Roo, en México”, que tiene como objeto de estudio las empresas que se dedican a las ventas al menudeo de productos de la canasta familiar, de importancia significativa para el sector agropecuario, en la medida en que constituyen empresas dedicadas a la distribución de alimentos procesados y no procesados, entre otros.

Los objetivos de crecimiento empresarial en este tipo de empresas son esenciales para consolidar una cadena de distribución acorde con las necesidades tanto de los productores como de los consumidores en el sector. Los autores concluyen que la estructura de capital es determinada por las características de las empresas (tamaño, edad y régimen fiscal), características de financiamiento (tasa de interés, plazo de crédito y condiciones de pago) y, por último, los sistemas de información financiera.

Finalmente, como se mencionó, lo rural es concebido más allá de su vocación estrictamente agropecuaria: la localización de la actividad extractiva y su impacto en el ambiente son aspectos que se tienen en cuenta, sobre todo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el crecimiento verde de las áreas rurales. El sexto documento presentado aborda esta temática, “Análisis ambiental en la explotación de material mineral no metálico en lecho del río Turbio en el estado de Lara en Venezuela”; es el caso de estudio sobre el impacto de la explotación de minerales no metálicos en el río Turbio en el estado de Lara en Venezuela, que es representativo para observar la experiencia de actividades diferentes de la vocación agropecuaria en las áreas rurales.

El documento muestra el fuerte impacto en el ambiente del aprovechamiento de gravas en esta explotación. A partir del diagnóstico realizado, se evidencian externalidades negativas sobre los diferentes componentes bióticos y abióticos del lugar, se resalta la generación de polvo, afectación al paisaje, producción de desechos sólidos tanto internos como de construcción, el incremento de vehículos motorizados en circulación y mayor contaminación auditiva. Esto pone en evidencia algunos de los efectos negativos para el ambiente de las actividades extractivas, aspectos que deben considerarse en el momento de pensarse la ruralidad como fuente de crecimiento y desarrollo.

Notas

¹ Así como de la política industrial que llevó a hablar de un proceso de desindustrialización de las economías, en el caso de América Latina en general y de la economía colombiana en particular, adicional al proceso de “desagriculturización” al que ha conducido la sustracción del Estado en el sector agrario.

Referencias

• Chang, H. J. (2009). Rethinking public policy in agriculture: Lessons from history, distant and recent. Journal of Peasant Studies, 36(3), 477-515. https://dx.doi.org/10.1080/03066150903142741


• Mujumdar, N. A. (2002). Rural development: New perceptions. Economic and Political Weekly, 37(39), 3983-3987. https://www.jstor.org/stable/4412654


• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Colombia rural: razones para la esperanza; Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: Autor.


• Scherr, S. J. & McNeely, J. A. (2007). Biodiversity conservation and agricultural sustainability: towards a new paradigm of ‘ecoagriculture’ landscapes. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1491), 477-494. https://www.jstor.org/stable/20208445


• Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2006). Economic development (9^a ed.). Harlow, RU: Addison-Wesley.