Introducción1

Los Estados y las sociedades enfrentan un desafío, a nivel global, por causa del vínculo complejo que existe entre el desarrollo económico y el impacto social y medioambiental de las actividades de las organizaciones. En las últimas décadas del siglo XX e inicios del nuevo milenio, esta problemática se ha discutido en diversos encuentros internacionales liderados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y gradualmente se han establecido lineamientos, políticas, acciones y prácticas mundiales que buscan reducir el impacto de la actividad productiva en el medio ambiente.

Tal problemática no es ajena a la realidad chilena que se caracteriza por la implementación de un modelo de desarrollo neoliberal que determina importantes desafíos en el ámbito económico, ambiental y social. Desde la perspectiva medioambiental, uno de los sectores más complejos es el energético y tal como lo advierten Piñeiro y Romero (2001), constituye “un ámbito estratégico de cualquier economía, condicionando su nivel de desarrollo, y repercute de forma directa sobre el medio ambiente” (p. 2). Es en ese contexto que se inserta el presente estudio, con el objetivo de identificar, en las memorias de sostenibilidad de las empresas generadoras de energía en Chile, la concepción de lo sostenible o sustentable, las políticas de sostenibilidad o sustentabilidad y la apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) declarados en la Agenda 2030.

En las últimas décadas las memorias de sostenibilidad han alcanzado relevancia por el servicio que prestan a la hora de difundir los avances que las compañías están realizando para alcanzar una producción menos contaminante y una gestión más responsable. Las empresas con mayor visibilidad informan de su comportamiento en pos de fomentar la transparencia de su actividad económica (Willis, 2003 citado en Alonso-Almeida, Marimon & Llach, 2015).

Diversas investigaciones (Herrera, Larrán, Lechuga & Martínez, 2013; Lock & Seele, 2015; Retamal & Matus, 2018; Ruiz-Mora & Soria, 2009) han centrado su estudio en las memorias como un canal de información, para los públicos de interés, de las acciones que desarrollan las compañías. El reconocimiento de los públicos de interés implica un cambio paradigmático en la gestión empresarial; supone organizaciones atentas a lo que ocurre en su entorno, pero además dispuestas a considerar a sus grupos de interés en la toma de decisiones (Freeman, Harrison & Wicks, 2007), cuestión que también ha sido propuesta desde el enfoque del desarrollo sostenible (AccountAbility, 2015, p. 20-22). Por consiguiente, las empresas adoptan estándares internacionales para la elaboración de sus memorias, siendo el más utilizado el Global Reporting Initiative (GRI).

Sin embargo, en Latinoamérica las memorias de sostenibilidad aún no han sido muy estudiadas, a pesar de que dan una información valiosa sobre el desarrollo de prácticas y estrategias medioambientales, y sobre aquellas dimensiones que podrían estar afectando positiva o negativamente los alcances de la difusión entre el público interesado (Alonso-Almeida et al., 2015).

Es así como en este estudio se presentan los antecedentes y el origen de los conceptos “sostenible” y “sustentable”, después se profundiza en el debate sobre los límites del “desarrollo sostenible” o “sustentable” y la implementación de la Agenda 2030, para luego poner a lector en el contexto de la industria energética chilena. Finalmente, se exponen los resultados y conclusiones de la investigación.

Antecedentes y origen de los conceptos sostenible y sustentable

Resulta evidente que los términos “sostenibilidad”, “sustentabilidad”, “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable” son utilizados cotidianamente por especialistas en áreas como la economía y ciencias ambientales, e indistintamente en áreas como los medios de comunicación, textos gubernamentales, periódicos, leyes, etc. Lo anterior demuestra ambigüedad o confusión en el uso de estos conceptos y que se han utilizado como sinónimos, particularmente en contextos de crecimiento, mejora o desarrollo (Rivera-Hernández, Blanco-Orozco, Alcántara-Salinas, Pascal Houbron & Pérez-Sato, 2017). Por consiguiente, se requiere clarificar el origen de estos conceptos y así evitar el uso indistinto en el ámbito hispanohablante.

Bruno y Ferreyra (2015), desde una perspectiva lingüística, sostienen que los traductores, terminólogos y especialistas deben mediar interdisciplinariamente en la relación entre el lenguaje y el conocimiento científico para lograr la trama coherente y precisa que la ciencia requiere. Desde un enfoque interdisciplinario, con los aportes de la lingüística aplicada, la terminología y la traductología, el desafío por entrecruzar las distintas ramas que involucran un término, es mayor. De ahí la importancia de comprender el significado de sostenibilidad y sustentabilidad.

Para Rivera-Hernández et al. (2017) los términos desarrollo sostenible o desarrollo sustentable son empleados como sinónimos de la traducción del inglés sustainable development. La utilización de uno u otro concepto está vinculado con la zona geográfica o con las posiciones ideológicas o disciplinares (ciencias sociales, ciencias naturales). La confusión del concepto tiene su génesis en el proceso de traducción del idioma inglés al español como sostenible o sustentable: se utilizan ambos términos para lo que aparentemente es el mismo concepto. Para Márquez (citado en López Ricalde, López Hernández & Ancona Peniche, 2005) el uso de los vocablos se trata de algo así como un “tecnicismo”, dentro de un contexto muy definido. Desde el punto de vista lingüístico, sostenible y sustentable son los llamados adjetivos verbales o posverbales porque derivan de los verbos sostener y sustentar, es decir, pertenecen a ese tipo de adjetivos mediante el agregado a la raíz del verbo del sufijo “able” o “ible”. En este caso sostenible hace la acción de sostener, detener algo, sujetarse, sostener una cosa para que no se caiga, mientras que la RAE menciona que sustentar es mantener firme una cosa, además de otras acepciones como la de dar sustento. Sin embargo, al anteponerle la palabra “desarrollo”, hace que sostenimiento o sustentación representen por un lado mantener, sostener y asegurar su continuidad, mientras que la segunda trata de que se mantenga, se conserve e incluso continúe.

Como lo indicamos, en español esta unidad terminológica, que tiene una alta relevancia para la comunidad internacional, recibe dos equivalentes desde su uso en inglés: sostenibilidad y sustentabilidad. La Real Academia Española (2019) define sostenible como: “1. Adj. que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 2. Adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible”. Con respecto al término sustentabilidad, no está registrado en la RAE.

Ahora bien, el origen de estos conceptos debemos situarlo en la década de los 70, específicamente, en la Primera Conferencia Mundial sobre el Hombre y el Medio Ambiente, que se desarrolló en Estocolmo entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Dicha conferencia surgió producto de la alarma ecológica que generó el informe del Club de Roma de 1970, sobre “los límites del crecimiento” y que suscitó diversas discusiones en la sociedad.

Los resultados de la Conferencia de Estocolmo no fueron muy significativos. Sin embargo, permitió la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un contexto internacional que criticó la viabilidad del crecimiento económico como objetivo condicionante del desarrollo. Ello explica el nacimiento del concepto Ecodesarrollo (Maurice Strong del PNUMA) y su elaboración y difusión internacional por parte de Ignacio Sachs. Este concepto surge con el fin de armonizar el aumento de la producción que urgentemente requerían los países del Tercer Mundo, con el respeto necesario a los ecosistemas y así conservar las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Rivera-Hernández et al. (2017) señalan que esta propuesta significó una crítica al modelo de desarrollo que se basa en el crecimiento económico sin respetar el medio ambiente y sin un componente de justicia social e intergeneracional.

En 1980, en la Primera Estrategia Mundial de la Conservación elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el apoyo financiero de la PNUMA y la colaboración de la WWF, FAO y Unesco, se utilizó por primera vez el término “aprovechamiento sostenible”. Años más tarde, en 1984, se celebró la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo cuyo lema fue “Una Agenda Global para el Cambio”. Los trabajos de esta Comisión formada por decenas de especialistas se cerraron en 1987 con el informe de la Primera Ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, bajo el título “Nuestro Futuro Común” (Boff, 2013).

En el Informe Brundtland (IB) aparece por primera vez la expresión en inglés sustainable development definido como “aquel que atiende a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a sus necesidades y aspiraciones” (ONU, 1987). Este concepto presenta un significado tridimensional: aglutina lo económico y lo social en el concepto de desarrollo y le añade la sostenibilidad.

De acuerdo con Sánchez-Fernández (2009) el IB constituyó el hito principal para la construcción del marco teórico y práctico del desarrollo sostenible, al introducir en la esfera política internacional el debate sobre la necesidad de imponer restricciones al modelo económico vigente.

Como consecuencia del IB, la Asamblea General de la ONU decidió dar continuidad al debate, convocando para ello la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o la I Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro entre el 3 y el 14 de julio de 1992. Esta conferencia produjo varios documentos, entre los que destacan especialmente la Agenda 21: Programa de Acción Global y la Carta de Río de Janeiro que consagró el concepto de desarrollo sostenible en todos los debates y en los principales documentos. En la Carta de Río de Janeiro se afirma claramente que “todos los Estados y todos los individuos deben, como requisito indispensable para el desarrollo sostenible, cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza, de forma que se reduzcan las disparidades en los distintos modelos de vida y se atienda mejor a las necesidades de la mayoría de la población del mundo” (Boff, 2013). Esta conferencia se consideró como una plataforma de lanzamiento de políticas y acciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible, en las que todas las naciones del mundo participarían (Sánchez-Fernández, 2009). Desde una perspectiva crítica, queda en evidencia que la Conferencia de Río defiende la idea de seguir con el modelo económico de la época, caracterizado por la búsqueda del máximo crecimiento y rendimiento económico, pero considerando la necesidad de incluir en dicho modelo los factores ambientales. De esta manera se eludió el análisis profundo de la problemática ambiental y se omitió el tema de la capacidad de regeneración de los recursos naturales (Gómez Contreras, 2014).

Posteriormente, en octubre de 1997, la Asamblea General de la ONU afirmó que la protección ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social eran tres dimensiones interdependientes. Sin embargo, fue en la Cumbre de la Tierra sobre Sostenibilidad y Desarrollo (CMDS) realizada en Johannesburgo entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, en la que participaron representantes de 150 naciones, además de la presencia de grandes corporaciones, científicos y pro causas ecológicas, donde se consolidó el concepto de desarrollo sostenible. No obstante, la Cumbre de Johannesburgo concluyó con una sensación de frustración global a raíz de la feroz disputa por intereses económicos corporativos, especialmente por parte de las grandes potencias, que boicotearon el debate sobre las energías alternativas en sustitución del petróleo. Al mismo tiempo quedó en evidencia la pérdida del sentido de inclusión y cooperación frente al tema de la salvaguarda del planeta (Boff, 2013).

A pesar de esta sensación de frustración, dicha Cumbre confirmó la integración de los tres componentes del desarrollo sostenible (económico, social, ambiental) como pilares de protección interdependientes y de refuerzo mutuo, y se instauró como el objetivo a perseguir a nivel internacional, estimulando el desarrollo continuo de políticas, legislaciones, normas y acuerdos ambientales internacionales en pro del desarrollo sostenible. Lo anterior, se fortaleció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río del 2012. La ventaja de descomponer la sostenibilidad en dimensiones consiste en permitir su desarrollo operativo (evaluación y análisis), utilizando para ellos sistemas de indicadores que abarquen cada una de las dimensiones contempladas (Bell & Morse, 2008).

La consolidación definitiva del desarrollo sostenible como objetivo básico y global por parte de la ONU, se materializó en la Agenda 2030. Las directrices de esta Agenda presentan una narrativa sobre un futuro deseable, “basada en un mundo sin hambre ni pobreza, que tenga un crecimiento económico inclusivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, y en el que nadie se quede atrás” (Cepal, 2018). Este documento incluye 17 ODS: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; alianza para lograr los objetivos. La ONU reconoce que para alcanzar estos objetivos es necesario promover de manera urgente la transición hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el marco de los límites y las potencialidades de los ecosistemas. Por consiguiente, “la reversión de los desequilibrios en los sistemas naturales debe considerarse un imperativo ético y económico: la prosperidad, la democracia, la seguridad y el bienestar dependen de reconocer que debe haber una relación sistémica armoniosa entre el desarrollo y el medio ambiente” (Cepal, 2018, p. 25). El enorme desafío que representa la materialización de los ambiciosos ODS de la ONU demanda una coordinación mundial, regional y nacional para movilizar recursos públicos y privados para su implementación en un contexto internacional de incertidumbre.

Tras la discusión conceptual y la identificación de sus orígenes, abordaremos el debate en torno a los límites de la estrategia del desarrollo sostenible o sustentable.

El debate sobre los límites del desarrollo ¿sostenible o sustentable?

La definición del concepto de desarrollo sostenible (DS) del IB estableció un significado a partir de tres dimensiones: la económica, la social y la de sostenibilidad.

Desde un punto de vista conceptual, hay una crítica frecuente que sostiene que el concepto de DS resulta un oxímoron porque desarrollo es crecimiento ilimitado, lo que no es sostenible. Ehrenfeld (2005) afirma que “el término ‘desarrollo sostenible’ se ha convertido en un oxímoron porque “destruye las raíces de la sostenibilidad”. Johnston et al (citado en Bermejo, 2014) afirma que el concepto de desarrollo sostenible es ahora considerado como intrínsecamente contradictorio o está plagado con definiciones ambiguas o distorsionadas. Así lo reafirma Latouche (citado en Gómez Contreras, 2014) en cuanto que este concepto busca reconstruir la relación sociedad-naturaleza sin interrogarse sobre la compatibilidad que puede existir entre el desarrollo y el ambiente, la cual puede ser inexistente o limitada. Para lograr el equilibrio ecológico se tendría que realizar una modificación del modelo económico de crecimiento y del estilo de vida preponderantes, y así pasar a otro paradigma de desarrollo o más bien a una alternativa “al” desarrollo. Por consiguiente, “la mayor parte de la indefinición actual procede del empeño de conciliar el crecimiento (o desarrollo) económico con la idea de sostenibilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de abstracción y sistemas de razonamiento diferentes” (Naredo, 1999, p. 60). Por su parte Martínez-Alier (2011) dice que la crítica es “a la propia noción de desarrollo, aunque se quiera llamar “desarrollo sostenible”, pues el concepto de desarrollo denota un proceso uniformizador al final del cual los “subdesarrollados” acceden gloriosamente a la categoría de “desarrollados” (p.6).

En virtud de este elemento contradictorio del DS, “no se ha buscado limitar el crecimiento económico y la explotación de la naturaleza, lo que se ha buscado es garantizar la sostenibilidad del desarrollo en términos económicos, llevando la explotación de los recursos naturales a niveles ‘prudentes’ que aseguren la continuidad del modelo económico dominante, esto es, del desarrollo económico” (Gómez Contreras, 2014, p. 129).

A pesar de estas dificultades y ambigüedad para conceptualizar el “desarrollo sostenible”, se reconocen diferentes perspectivas para caracterizar el concepto. Gallopín (2003) (citando a Bergh & Jeroen), identifica 12 teorías que abordan el desarrollo sostenible: la Neoclásica-Equilibrio; la Neoaustríaca-Temporal; la Ecológico-Evolutiva; la Tecnológico-Evolutiva; la Físico-Económica; la Biofísico-Energética; la sistémico-Ecológica; la Ingeniería ecológica; la Ecología humana; la Socio-biológica; la Histórico-Institucional y la Ético-utópica.

De esta manera Gallopín identifica dos corrientes principales en las definiciones de DS que abordan las teorías mencionadas:

Una corriente comprende aquellas definiciones que enfatizan en lo ecológico centrándose en la capacidad de recuperación de la naturaleza más que en la capacidad de producción de bienes. En la otra corriente se encuentran las definiciones que se orientan más a lo económico, las cuales consideran que el desarrollo es sostenible cuando se puede sostener el bienestar económico, el consumo o el capital. (Gallopín, citado en Gómez Contreras, 2014, p. 131)

Para Rivera-Hernández et al. (2017) el desarrollo sostenible y desarrollo sustentable conceptualmente se han diferenciado por la posición ideológica que defienden, ya que mientras los países desarrollados conceptualizan un “desarrollo sostenible” que se mida en términos económicos para continuar con un modelo basado en reglas de mercado, el “desarrollo sustentable” plantea un cambio radical de la manera de uso para la producción, el consumo y la distribución de los recursos naturales. Finalmente, estos autores enfatizan que la principal diferencia radica en el uso para diferenciar posiciones de concepciones de DS. Lo anterior explica que el concepto “sustentable” se visualice como una concepción más integral.

En definitiva Rivera-Hernández, et al., (2017) plantean que el enfoque de los investigadores y profesionales de las ciencias sociales, económicas y políticas es el “desarrollo”, el cual debe ser sostenido o sostenible para que el sistema productivo funcione. Por otro lado, para los investigadores y profesionales de las ciencias naturales su principal preocupación es la conservación de los recursos naturales, mediante su uso racional y controlado; de ahí que utilicen el concepto desarrollo sustentable.

El debate entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable deja en evidencia la permanente controversia que se ha instalado en el ámbito científico y en la sociedad civil. Por un lado tenemos un modelo de desarrollo económico imperante a nivel global y por otro, la necesidad de garantizar los recursos naturales y proteger el medio ambiente mediante un nuevo paradigma de desarrollo. En este contexto, en el 2015, la comunidad internacional liderada por la ONU, formula un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad denominado Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030: su impacto en América Latina y Chile

De acuerdo con el Segundo Informe Anual sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 se transforma en una ambiciosa respuesta de la comunidad internacional, liderada por la ONU, destinada a “cambiar el actual estilo de desarrollo y construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos, el planeta y sus recursos naturales, demandando acciones de política a nivel nacional, regional e internacional” (Cepal, 2018, p. 9). Para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030, los países de América Latina y el Caribe pusieron en marcha un mecanismo regional llamado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Este mecanismo fue creado en virtud de la resolución 700 (XXXVI), aprobada por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en mayo de 2016 (Cepal, 2018). El Foro se define como un espacio de aprendizaje entre pares, basado en exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.

En abril de 2017 se llevó a cabo la Primera Reunión del Foro en Ciudad de México, donde se definieron seis pilares para la acción y la cooperación en torno a la Agenda 2030.

Ellos son la creación de una arquitectura interinstitucional e intersectorial al más alto nivel en cada país, la incorporación de los ODS en los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales, el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas nacionales de estadística, la necesidad de priorizar los medios de implementación (financiamiento, tecnología, comercio y rendición de cuentas), el fortalecimiento de la arquitectura regional, y la promoción del diálogo entre los Gobiernos, el sector privado y los ciudadanos, fomentando la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, los organismos regionales y los bancos de desarrollo. El Foro de 2017 estableció el foco del debate en el tema de la erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en evolución, examinándose los objetivos 1, 2, 3, 5, 9 y 14 (Cepal, 2018).

En el Segundo Foro sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, realizado en Santiago de Chile entre el 18 y 20 de abril de 2018, el trabajo tuvo como centro: “el tema de la transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes (objetivos 6, 7, 11, 12 y 15)” (Cepal, 2018, p. 179).

Los resultados del Segundo Informe del Foro de Santiago de Chile permiten constatar avances regionales en la implementación de la Agenda. Veinte de los 33 países de la región cuentan con instituciones intersectoriales de alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, se ha reconocido la necesidad de que todos los sectores de la sociedad participen en la consecución de los ODS.

Como síntesis general del Segundo Foro sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe se estableció que:

América Latina y el Caribe debe robustecer el comercio intrarregional, atraer inversión extranjera directa hacia sectores no extractivos que favorezcan los encadenamientos con proveedores locales y regionales, promover una agenda de facilitación del comercio, impulsar la industrialización y la innovación incrementando el contenido local y regional en las exportaciones, fomentar la autonomía económica de las mujeres, coordinar regionalmente las políticas fiscales y monetarias, combatir la evasión y la elusión fiscales, los flujos financieros ilícitos y la corrupción, y actuar conjuntamente para construir una mejor gobernanza global y regional en asuntos fiscales. (Cepal, 2018, p. 10)

En el caso del Estado de Chile, por medio del Decreto N° 49 del 14 de abril de 2016, se creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, integrado por cuatro Ministerios: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Medio Ambiente. A la vez definió cuatro ejes para la implementación de la Agenda 2030: alcanzar un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, disminuir la pobreza y la desigualdad, enfrentar el cambio climático y fortalecer las instituciones para la democracia.

De tal manera, Chile se sumó a lineamientos internacionales reafirmando el compromiso con la Agenda 2030 que, en lo sustantivo, implica avanzar hacia un proceso transformador, un nuevo paradigma de desarrollo, basado en las relaciones de solidaridad intra e intergeneracionales, en la participación, inclusión, en el esfuerzo y beneficios compartidos. Asimismo, ratificó su compromiso por revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de gobernanza global, por una sociedad pacífica, justa, inclusiva y libre de violencia (Gobierno de Chile, 2017, p. 18).

La Agenda 2030 se ha convertido en la apuesta de las personas y naciones para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, tanto a nivel mundial como al interior de los países. Es evidente la necesidad de que esta Agenda sea adaptada a las realidades nacionales, protegiendo siempre un enfoque integral y basado en los derechos humanos, y propiciando la orientación de recursos nacionales a dicho fin. Chile ha iniciado un proceso de apropiación de los ODS, con el establecimiento de una estrategia de encuentro y diálogo con múltiples actores, en distintos niveles y con diversas metodologías. En el sector energético chileno, a propósito, se elaboró una política que ha permitido conciliar objetivos ambientales y de equidad social, fomentando el uso de energías renovables no-convencionales (Matus, 2018). De esta manera, en diciembre de 2015 se estableció la Política Energética 2050, elaborada a partir del diálogo con diversos actores, y con el objetivo de avanzar hacia una energía sustentable en todas sus dimensiones, basada en cuatro pilares: Seguridad y calidad de suministro, eficiencia y educación energética, energía como motor de desarrollo y compatibilidad con el medio ambiente.

La industria energética en Chile

El contexto internacional energético de los últimos años se encuentra marcado por diferentes fenómenos. En primer lugar, asistimos a una revolución tecnológica en el ámbito de las energías renovables y en los combustibles fósiles no tradicionales como el “shale gas”, lo cual está modificando la histórica composición de la matriz energética de los países. Al impacto de estos cambios tecnológicos, se suma el crecimiento en el intercambio de energía en los mercados internacionales y a través de las integraciones energéticas regionales. Por otra parte, la incorporación de la electricidad a nuevas actividades plantea desafíos por el incremento de la demanda eléctrica y el potencial de eficiencia energética. Un tercer fenómeno es la preocupación de la comunidad internacional por descarbonizar la matriz energética mundial y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Gobierno de Chile, 2015).

El sector energético en Chile es complejo. Depende de combustibles fósiles importados, hay inseguridad y vulnerabilidad en el suministro, los proyectos energéticos producen impactos ambientales y sociales y los servicios derivados se encarecen. A lo anterior se suma la creciente urbanización y la descarbonización de la matriz productiva. Chile es altamente dependiente de los mercados externos para generar energía debido a que su matriz energética primaria se basa en un 70% en combustibles fósiles, que casi en su totalidad debe comprar en el extranjero (Retamal & Matus, 2018). Al depender de los mercados internacionales, Chile es muy vulnerable a la volatilidad de los precios, lo que afecta directamente a la economía nacional.

La industria energética eléctrica chilena se clasifica en tres áreas: la producción o generación, el transporte hacia los centros de distribución, y la distribución hacia los consumidores. Todas estas funciones las ejecutan las empresas particulares; el Estado solo cumple el rol de regulador y fiscalizador.

Las políticas y normas para el desarrollo y la gestión del mercado eléctrico le corresponden al Ministerio de Energía, que también otorga concesiones para la construcción y el manejo de centrales generadoras, líneas de transmisión, subestaciones y zonas de distribución. Dependientes de dicha secretaría son la Comisión Nacional de Energía (CNE), entidad de carácter técnico que se encarga de evaluar las tarifas y regulaciones para las empresas del sector, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que fija los estándares técnicos y fiscaliza su cumplimiento.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Chile posee una capacidad instalada de generación de 23.729 MW, de los cuales un 53% corresponde a centrales termoeléctricas, un 28, 4% a centrales hidroeléctricas, un 6% a centrales eólicas, un 9,5% a centrales solares fotovoltaicas y el restante 3,1% a centrales de biomasa, geotérmia y cogeneración. La capacidad instalada en el SEN representa el 99,3% de la capacidad total a nivel de Chile continental. El 0,7% está instalado en los sistemas medianos de Magallanes, Aysén y Los Lagos (Generadoras de Chile, 2018). La capacidad instalada corresponde a la máxima producción que una central puede tener en determinadas condiciones, y que usualmente se mide en megawatts (MW), y la generación bruta, que equivale a la producción real en un período determinado, que suele medirse en gigawatts por hora (Gw/h) (US Energy Information Administration, 2019).

En la actualidad las empresas que pertenecen a la Asociación de Generadoras de Chile (Enel Generación Chile S.A., AES Gener S.A. Colbún S.A., Engie Energía Chile S.A., Pacific Hydro S.A., Orazul Energy S.A., Statkraft S.A., Cerro Dominador S.A. y EDF S.A.) se comprometieron voluntariamente a no desarrollar nuevos proyectos a carbón y a construir un grupo de trabajo para analizar las condiciones necesarias para el cese gradual de generación eléctrica a carbón en Chile (Generadoras de Chile, 2018). La relevancia de las empresas eléctricas en Chile en el contexto de la compleja matriz energética, justifica el interés de identificar en las memorias de estas empresas, la concepción de lo sostenible o sustentable, las políticas de sostenibilidad o sustentabilidad y la apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados en la Agenda 2030.

Metodología

La presente investigación fue de naturaleza descriptiva, orientada a la observación de ciertas propiedades de las memorias de las empresas generadoras de energía en Chile. El conjunto de empresas generadoras de energía eléctrica está compuesto por las siguientes compañías: Enel Generación Chile S.A., AES Gener S.A., Colbún S.A., Engie Energía Chile S.A., Pacific Hydro S.A., Orazul Energy S.A., Statkraft S.A., Cerro Dominador y EDF (tabla 1). Para este estudio se utilizó una muestra dirigida (no probabilística), es decir, se seleccionaron las tres empresas con mayor capacidad de generación de energía en Chile que publicaron su memoria en 2018, siguiendo los parámetros del GRI. Estos reportes incluyen la información y los datos financieros y no financieros del período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

La recolección de los datos se realizó a través de la observación sistemática de los reportes disponibles en el sitio web de cada empresa. Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la observación corresponde a la parte cualitativa de la investigación, que no es una mera contemplación; implica adentrarse profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Observar es diferente de ver, por lo que la observación investigativa, no se limita al sentido de la vista, sino a muchos sentidos. El presente estudio aplica la técnica de análisis de contenido (AC). Para Urchaga (2006) el AC es una técnica científica (por lo tanto objetiva y sistemática) que estudia cuantitativamente material cualitativo no estructurado/libre, y tradicionalmente se aplica al estudio de mensajes. Del mismo modo, para Souza, Antunes y Ferreira (2012), el AC es una de las metodologías más usadas cuando se busca aprehender el modo (o los modos) como los vehículos noticiosos construyen los acontecimientos. El AC ha sido empleado en diversos estudios sobre memorias de sostenibilidad y en otros discursos de divulgación de información social-ambiental (Gray, Kouhy & Lavers, 1995; Rabasedas, Del Barco & Jara, 2016; Unerman, 2000).

Las memorias sirven a las empresas para demostrar cómo sus acciones corporativas están siendo desarrolladas para satisfacer las expectativas sociales y ambientales de sus principales partes interesadas (Herrera et al., 2013). Son un instrumento estratégico de medida del riesgo reputacional. Las memorias de sostenibilidad tienen un papel protagónico en la mejora de la confianza de la sociedad en las empresas, lo cual constituye la base de su legitimidad moral (Merkelsen citado en Baviera-Puig, García Martínez & Gómez-Navarro, 2014).

De acuerdo con el GRI (2015), la memoria de sostenibilidad contiene un análisis de la relevancia de la sostenibilidad para una organización y aborda las prioridades y los asuntos clave en ese ámbito. Para ello se centran en la repercusión de las tendencias, los riesgos y las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, las expectativas a largo plazo y el desempeño económico de la organización correspondiente.


Tabla 1. Empresas generadoras de energía en Chile
Nombre de la empresa Capacidad Instalada (MW) Generación (GWh)
Enel Generación Chile S.A. 6351 17.073
AES Gener S.A. 4.148 21. 336
Colbún S.A.. 3.319 12.597
Engie Energía Chile S.A. 1971 5.797
Pacific Hydro S.A. 506 1084
Orazul Energy S.A. 380 355
Statkraft S.A 370 1081
Cerro Dominador S.A. 82 99.07
EDF S.A. 146 195
Fuente: elaboración propia con base en Generadoras de Chile (2018).


Figura 1. Empresas generación GWh

Así, la muestra quedó compuesta por Enel Generación Chile S.A., AES Gener S.A. y Colbún S.A., que son las empresas con mayor capacidad de generación eléctrica (Figura 1).

En el Generación Chile es la principal empresa generadora de energía eléctrica del país y una de las compañías más grandes a nivel nacional que opera 111 unidades con un total de 6351 MW de potencia, lo que representa el 28% de la capacidad instalada en el mercado local. La capacidad instalada de Enel Generación Chile, sus filiales y sociedades de control conjunto es de 55% hidroeléctrica, 44% termoeléctrica y 1% eólica lo cual le permite generar 17073 GWh.

AES Gener S.A. es la segunda empresa generadora en términos de capacidad instalada con 4.148 MW en operaciones, y la primera en cuanto a generación eléctrica repartida entre el SIC y el SING, que produce 21.336 GWh. La compañía opera un portafolio de activos de generación en Chile, Colombia y Argentina, con una capacidad total de 5813 MW. Esta empresa, por tercer año consecutivo, listó en el Dow Jones Sustainability Index-Chile y por primera vez en el DJSI MILA Pacific Alliance2.

Por último, Colbún cuenta con 17 hidroeléctricas, 8 termoeléctricas y 2 Energía Renovable de Fuente Variable (ERFV). Su capacidad instalada es de 3.319 MW con una capacidad de generación de 12.597 GWh. Esta compañía se convirtió en la primera eléctrica de Chile y una de las tres de la región en listar en DJSI Emerging Markets (índice que evalúa a 95 eléctricas a nivel global). Además, la Empresa listó, por segundo año consecutivo, en el DJSI Chile y por primera vez en el DJSI MILA Pacific Alliance.

Resultados

En el siguiente apartado se presenta los resultados de la investigación centrada en las Memorias de las empresas generadoras de electricidad en Chile.


Tabla 2. Denominación de memoria
Nombre de la empresa Denominación de memoria
Enel Generación Chile S.A. Informe de Sostenibilidad Enel Generación Chile
AES Gener S.A. Memoria Anual
Colbún S.A. Memoria Anual Integral
Fuente: elaboración propia.


De las tres empresas en estudio solo Enel Generación Chile demuestra una apropiación del concepto sostenibilidad en la denominación del informe. Las otras dos empresas optan por una denominación general condicionada por el tipo de memoria anual.

Tabla 3. Dimensiones de la sostenibilidad
Categorías Enel Generación Chile AES Generación Colbún S.A.
Concepción de sostenibilidad X X X
Política de sostenibilidad X X X
Objetivos de desarrollo sostenible X X X
Fuente: elaboración propia.


Con respecto a la revisión de las memorias y a la presencia/ausencia de las tres dimensiones pre establecidas (concepción de sostenibilidad, política de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible) podemos establecer lo siguiente:

Para Enel Generación Chile la sostenibilidad constituye un eje articulador de su modelo de negocio. Esto se ve reflejado en el plan de sostenibilidad anual que integra los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza en los objetivos del plan industrial, en coherencia con los lineamientos internacionales en materia de Sostenibilidad y Derechos Humanos (Enel Generación Chile, 2017, p. 42). Por tanto, queda en evidencia una explícita concepción y articulación de la idea de sostenibilidad en el negocio de la empresa.

Colbún, por su parte, declara en la memoria que entiende la sostenibilidad no como una parte del negocio, sino como “el negocio en sí”. Esta empresa utiliza un diagrama con una turbina para graficar la integración de la sostenibilidad en la totalidad del proceso de generación de energía. En el centro de esta turbina está el crecimiento y la rentabilidad, sin los cuales no es posible agregar valor a los grupos de interés, mientras que cada una de las aspas de la turbina representa a un grupo de interés en particular y el valor que la compañía puede crear en conjunto con ellos. A su vez, la fuerza que mueve esta turbina es la excelencia en la gestión de las personas, la gestión socio-ambiental y la gestión de operación (Colbún, 2017, p. 79). Para esta empresa su concepción de sostenibilidad se relaciona directamente con la relevancia de sus grupos de interés en el proceso productivo.

Por último, para AES Gener la concepción de sostenibilidad se vincula con la declaración de la misión de la empresa, la cual consiste en “mejorar vidas al proporcionar soluciones de energía seguras, confiables y sustentables en todos los mercados que se sirve” (AES Gener, 2017, p. 215). Lo anterior refleja una idea de la sostenibilidad centrada básicamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los clientes a través de una mirada productivista y reduccionista de la sostenibilidad.

Con respecto a la política de sostenibilidad declarada por las empresas, en el caso de Enel Generación Chile se observa un plan anual de sostenibilidad que integra los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, en los objetivos de su plan industrial. El modelo de sostenibilidad prevé que los grupos de interés sean parte de la definición del plan de sostenibilidad de sus proyectos así como del plan estratégico de la empresa (Enel Generación Chile, 2017, p. 42). En definitiva, esta empresa establece un plan anual donde considera de manera relevante a los grupos de interés.

En su memoria AES Gener reconoce el compromiso con el mejoramiento continuo, y con base en experiencias y aprendizajes internos y externos, nacionales y regionales. Sin embargo, la empresa declara que “está trabajando en completar, mejorar y aplicar progresivamente un conjunto de Políticas de Sustentabilidad y de un Sistema de Gestión Integral de Responsabilidad Social respecto a todos sus grupos de interés” (AES Gener, 2017, p. 42). En definitiva, su política de sostenibilidad está en desarrollo. Ello explica la creación de un Comité de Sustentabilidad y el compromiso para el 2018 de actualizar la Política de Relacionamiento Comunitario y de elaborar su propia Política de Derechos Humanos, con su respectiva validación (AES Gener, 2017, p. 27).

Finalmente, en el caso Colbún se identifica una Política de Sostenibilidad cuyo objetivo es establecer los criterios de gestión para desarrollar el negocio de manera sostenible, creando valor de largo plazo. En la memoria se describe la implementación de una División de Desarrollo Sustentable que dice promover la aplicación de los criterios de sostenibilidad en todas las actividades de la empresa, además de apoyar la difusión y la gestión de sostenibilidad al interior de la organización. La compañía explica que desde hace cuatro años realiza un levantamiento de brechas de sostenibilidad en cada una de sus áreas. El cumplimiento de la Política de Sostenibilidad, y sus riesgos, son materia de discusión y análisis mensual en el Comité de Riesgos y Sostenibilidad (Colbún, 2017, p. 79-80). De este modo, Colbún tiene una Política de Sostenibilidad definida que se traduce en una serie de acciones que involucran todas las actividades de su negocio.

En relación a los ODS de la Agenda 2030 y su vinculación con las empresas en estudio, se constató que en el informe de Enel Generación Chile hay una explícita adhesión a los ODS. Lo anterior se materializó en proyectos orientados al desarrollo de las comunidades aledañas a sus operaciones, apoyando, entre otros, la educación de calidad, el acceso a la energía y el desarrollo económico sostenible. Esta empresa destaca el concepto de Creación de Valor Compartido y declara que genera beneficios tanto para la sociedad como la compañía (Enel Generación Chile, 2017, p. 2).

En el informe se detalla que Enel como grupo se comprometió a contribuir en 4 de los 17 ODS planteados por la ONU. Estos desafíos fueron recogidos por Enel Chile y plasmados en su plan de sostenibilidad. Los ODS que asume la compañía son los siguientes: educación de calidad (ODS No. 4), energía asequible y no contaminante (ODS No. 7), trabajo decente y crecimiento económico (ODS No. 8), acción por el clima (ODS No. 13) (Informe de Sostenibilidad Enel Generación Chile, p. 42-43). En síntesis, la compañía prioriza cuatro ODS en su plan de sostenibilidad. Esto demuestra una apropiación y vinculación estrecha con la Agenda 2030.

En su Memoria anual integrada Colbún (2017, p. 256) declara su adhesión a la Red de Pacto Global y reconoce que se vincula finalmente con casi la totalidad de los ODS pero no identifica ODS prioritarios.

Por último, en la memoria de AES Gener, la empresa reconoce que está en proceso de elaboración de instrumentos y mecanismos de medición que permitan consolidar los objetivos y metas de acuerdo con los ODS.

Conclusiones

La revisión de la literatura especializada permitió constatar un amplio y heterogéneo uso de los conceptos de “sostenibilidad” y “sustentabilidad”. Por una parte, esto se encuentra condicionado por la traducción al español del vocablo anglosajón sustainable, como “sustentable” o “sostenible”. Por otra parte, el uso indistinto de ambos vocablos se relaciona con el contexto histórico, económico e ideológico de las sociedades donde se utiliza. En este marco la vinculación de lo “sostenible” o “sustentable” a la idea de “desarrollo” se convierte en un oxímoron, es decir, una contradicción intrínseca que se da en la unión de los conceptos “desarrollo” con “sostenible” o “sustentable”.

El debate teórico entre “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable” y la permanente controversia que se ha instalado tanto en el ámbito científico como en la sociedad civil, ha determinado la necesidad de garantizar los recursos naturales y la protección del medio ambiente a través del establecimiento de un nuevo paradigma de desarrollo económico.

La reciente implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es el reflejo de una larga discusión internacional que data desde la década del 70 donde se planteó la estrecha relación entre el desarrollo económico y el impacto social y medioambiental. El establecimiento de 17 ODS y de 169 metas se convierte en un gran desafío para los países que suscribieron dicha agenda y, en particular, para las empresas que se ven impulsadas a implementar los objetivos y así garantizar la continuidad de su negocio.

En este contexto, el desenvolvimiento de las empresas eléctricas en Chile está fuertemente condicionado por factores estructurales y coyunturales de la economía nacional, por la fragilidad de la matriz energética y por los desafíos socio ambientales que en su conjunto determinan la adhesión en mayor o menor medida a la Agenda 2030.

En relación al estudio de las memorias de las empresas que se seleccionaron podemos decir que tienen una concepción disímil de la sostenibilidad. Enel Generación Chile tiene una concepción definida de sostenibilidad que se traduce en la formulación de un plan anual de sostenibilidad, instrumento que articula el modelo de negocio. En el caso de Colbún la concepción de sostenibilidad se vincula directamente con la relevancia de grupos de interés en el proceso productivo. Finalmente, la concepción de sostenibilidad de AES Gener se relaciona con una mirada productivista y reduccionista centrada en el cliente.

Con respecto al desarrollo de una política de sostenibilidad, Enel Generación Chile y Colbún muestran la implementación a través de distintas acciones (plan anual, semana de la sostenibilidad, División de Desarrollo Sustentable, Comité de riesgos y Sostenibilidad), mientras que AES Gener declara que se encuentra en etapa de desarrollo de políticas de sostenibilidad.

Por último, el estudio de las memorias permitió constatar que las tres empresas que se estudiaron presentan una adhesión general pero desigual a los principios de la Agenda 2030 y a los ODS. Se destaca la experiencia de Enel Generación Chile que establece cuatro ODS prioritarios. En tanto, Colbún realiza una declaración general de adhesión a los 17 ODS sin establecer prioritarios. En contraste, AES Gener se encuentra en una etapa incipiente de futuro desarrollo de adhesión a los ODS.

En síntesis, los resultados del estudio de las memorias de las empresas seleccionadas, permite concluir que la concepción que predomina acoge la idea de desarrollo sostenible planteada por la ONU a través de la Agenda 2030. Es decir, hay un alineamiento de estas empresas con las orientaciones internacionales que mantienen el paradigma de desarrollo económico y los resguardos medioambientales para garantizar la continuidad del modelo de negocios. Finalmente, la limitación de este trabajo está en que se enfoca únicamente en la industria energética en Chile y en la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, se convierte en una oportunidad para desarrollar un estudio comparativo de las prácticas de la industria energética a nivel latinoamericano, con el objetivo de identificar la coherencia con los lineamientos internacionales. Al mismo tiempo se hace una contribución al marco de investigaciones que abordan el estudio de las memorias como instrumentos estratégicos que buscan visibilizar las acciones que desarrollan las empresas, con relación a la Agenda 2030.

Notas

2 El Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index es un índice que busca medir el desempeño de compañías consideradas las mejores en su clase. Se creó el 2017. Actualmente agrupa a las 42 empresas mejor evaluadas en América Latina.

Referencias