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Prólogo | Prologue

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Aunque mucho se escribe y comenta sobre la historia sociocultural son escasos los investigadores que se interesan en develar sus muy variados aspectos, al menos en los estudios coloniales, porque leer legajos de manuscritos con caligrafías antiguas y dañados por el tiempo supone una gran dedicación y paciencia.

Al margen de esta consideración general, cabe destacar que temas de interés en este ámbito han sido el de la familia y el de las relaciones de parentesco, pues ambos permiten reconstruir las bases de una sociedad lejana, pero con continuidades aun apreciables.

Para introducirse en su particular asunto la Dra. Hernández Fox y el Dr. Manrique Arango unieron dos presupuestos metodológicos, el de una historia sociocultural vinculada a los avatares de la familia y su modo de vida, al de la historia comparada capaz de apreciar, como expusiera Marc Bloch, lo similar y lo diferente, ya que su intención “no es la de determinar estadios evolutivos comunes a todas las sociedades, sino que más bien es la de recoger, por debajo de las analogías, las diferencias estructurales y las peculiaridades del desarrollo de las diversas sociedades” (Rossi 10).

Tampoco fue una decisión aventurada seleccionar dos ciudades como La Habana y Cartagena de Indias, pues ambas tuvieron un despegue similar como asiento de riquezas que luego eran trasladadas hacia la metrópoli española en galeones bien artillados; ambas sufrieron ataques de corsarios, de piratas y también de los ingleses ya en el siglo XVIII, y también fueron asiento de africanos esclavizados. Luego sus modelos económicos se fueron diferenciando, pero muchos hábitos y costumbres continuaron por caminos paralelos.

La técnica comparativa lleva a quienes la seleccionan por un horizonte de expectativas que, sobre la base de aproximaciones minuciosas de las realidades a comparar, trascienden lo común y enfatizan lo irrepetible. Por este camino se devela lo único que diferencia a dos sociedades en la formulación de un problema histórico, en este caso la familia, y tanto lo similar como lo irrepetible se adoptan y proyectan en espacios geográficos que comparten un periodo de tiempo similar, pues, parafraseando de nuevo a Bloch, “no hay límite en la división entre dos sociedades que son relativamente contemporáneas y vecinas” (Sewell 215).

Cabe destacar que no es frecuente utilizar la historia comparada para analizar procesos socioculturales, razón por la cual el presente estudio reviste de un interés especial: el de analizar la familia en dos ciudades del Caribe histórico, cuyas similitudes superaban las diferencias económicas. Para esto se han valido de fuentes normativas tales como padrones, códigos canónigos y civiles y fuentes judiciales capaces de revelar las transgresiones.

Para el despotismo ilustrado, vigente en la etapa que abordan los autores, la familia constituyó un espacio esencial para el control social. Entre 1759 y 1808 se aplicaron en Hispanoamérica diferentes códigos que incrementaron la jurisdicción estatal sobre el matrimonio y la familia en todas las capas y sectores sociales. El condicionamiento legal era indispensable para este dominio, razón por la cual fue promulgada la Pragmática Sanción, que había sido precedida por Las Siete Partidas y Las Leyes de Toro.

En los años abordados el desenvolvimiento de la mujer se restringía a la esfera doméstica: era cuidadora de hijos y esposos. A ese pequeño universo estaba atada por un contrato matrimonial santificado por la Iglesia que debía perdurar durante toda su vida. Primero la controlaba el padre, a falta de este los tutores designados, más tarde el esposo y luego los hijos mayores de edad. Tenía un valor de uso esencial que se le reconocía, pero si transgredía lo establecido era implacablemente juzgada y, para garantizar su control, se le depositaba como un objeto, en un convento, un hospital, o simplemente en una casa designada a ese efecto.

Vale la pena recordar que la historia social se alimenta, en gran medida, de los expedientes judiciales; así, la legislación por acatamiento o transgresión posibilita la recreación de una época, pues cuando se conoce lo que se legisla se sabe que es lo que se está violando y de esta manera se abre un camino para averiguar procederes y despejar incógnitas. Este modo de hacer resulta común a todas las épocas. Así aparecen el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, casi siempre presentado por las mujeres, pues el hombre era, por lo general, libre de tener relaciones consensuales sin repercusiones sociales, la sevicia, el estupro, el adulterio, el repudio a los hijos naturales, la reclamación de alimentos e incluso el infanticidio.

A manera de prólogo hemos adelantado cuestiones y situaciones que encontrarán en las páginas. Les aseguro que se asomarán a un mundo escasamente conocido que atrapará su atención y en el cual encontrarán, tal vez lamentablemente, más continuidades que rupturas.

Dra. María del Carmen Barcia Zequeira
Profesora Titular Emérita de la Universidad de La Habana
Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba

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Introducción | Introduction

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En la “Introducción” al cuarto volumen de la Historia de la vida privada, ideada por Philippe Ariès y Georges Duby, la historiadora Michelle Perrot señala que, en el umbral de la privacidad, los investigadores habían vacilado durante mucho tiempo “por respeto del sistema de valores que hacía del hombre público, el héroe y el actor de la única historia que merecía la pena contar: la gran historia de los Estados, las economías y las sociedades” (11).

La consideración del espacio privado como ámbito para la explicación histórica partiría, esencialmente, de la comprensión de la importancia de la familia. Precisamente, este ámbito experimentó importantes cambios en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Las transformaciones asociadas a las revoluciones Industrial y francesa determinaron que el espacio social que había sido hasta entonces, relativamente unificado, se dividiera en dos ámbitos: el de la vida privada y el de las funciones públicas ¹.

Estos cambios influyeron de manera decisiva en la división sexual del trabajo, pues los discursos normativos de la etapa delimitaron la actuación femenina a la esfera doméstica, mientras al varón se le asignaba un papel fundamental en el espacio público. En el caso hispanoamericano, la proliferación de estos discursos vino a fortalecer los dictados del modelo monogámico patriarcal, basado en los principios del catolicismo y, por tanto, sancionado por su Iglesia e impuesto por la metrópoli española en estos territorios. De acuerdo con ese sistema de organización familiar, la mujer tenía que supeditarse al hombre, con el objetivo de que la paternidad de los hijos resultara indiscutible, ya que estos debían heredar los bienes.

De igual modo, en Hispanoamérica, el tema de la vida familiar y de las mujeres durante el siglo XVIII, no se puede entender al margen del ascenso al trono de la Casa de los Borbones, tras la muerte de Carlos II en 1700. Tal acontecimiento no tuvo solo profundas consecuencias dinásticas, sino que también culminó un periodo signado por el fracaso de las políticas de los Austrias. A partir de entonces, los Borbones adoptaron una amplia gama de reformas, con el propósito de terminar con el aislamiento de España durante la anterior centuria y mejorar su situación socioeconómica. Con esas medidas se buscaba, además, establecer un nuevo tipo de relaciones con las colonias, lo cual se tradujo en un impulso a la centralización política y administrativa.

Así, muchas de estas reformas se llevaron a cabo bajo la influencia de las ideas de la Ilustración que florecieron en el siglo XVIII en Europa, en particular en Francia y tuvieron, a su vez, una significativa repercusión en suelo español. En el país ibérico este movimiento de renovación, conocido como “despotismo ilustrado”, lo impulsaron los propios reyes sin que por esa causa renunciaran a su condición de monarcas absolutos. Ahora bien, lo llevó a la práctica un grupo de funcionarios que ocupaban importantes cargos gubernamentales (Vicens Vives 87).

En este sentido, para los Borbones —y de manera muy especial para los reyes Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808)—, la familia constituyó un espacio primordial para el control social. De hecho, estos monarcas llegaron a considerar el matrimonio el “fundamento de la familia y de la legitimidad de los descendientes, base esencial de una sociedad sana y ordenada” (Lavrin 109). De ahí que la principal medida que se tomó en este ámbito durante el siglo XVIII, la “Pragmática sanción en que Su Majestad establece lo conveniente para que los hijos de familias, con arreglo a las leyes del Reino, pidan el consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales”, del 23 de marzo de 1776, fuese promulgada por Carlos III y luego ampliada en sus alcances por Carlos IV, mediante la “Real Cédula del 15 de octubre de 1805” y el “Auto Acordado del 22 de mayo de 1806”. Dichos decretos resultaron las expresiones más significativas de la política de los Borbones, encaminada a ampliar el dominio estatal sobre los asuntos familiares.

Justamente, de esas circunstancias nace el interés primordial por realizar una investigación en la que se lograra analizar, en dos sociedades distintas pero con características similares (Cartagena de Indias y La Habana, las principales ciudades puertos del Caribe junto con Veracruz y Portobelo) y en un mismo periodo de tiempo, entre 1759 y 1808, la manera en que la legislación del despotismo ilustrado reforzó la normatividad que regía el complejo mundo de las relaciones familiares y los conflictos y las transgresiones que esto generó en el interior de los hogares en la vida de las mujeres. Con relación a este último aspecto debe precisarse que en esta investigación se utilizaron, esencialmente, expedientes judiciales de adulterio, sevicia y divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, a fin de valorar el rol de las mujeres en este tipo de situaciones de conflictos y transgresiones.

Con relación a esta cuestión, la presente investigación responde a un vacío historiográfico, ya que hasta la actualidad no se había realizado un trabajo comparativo acerca de la vida familiar y femenina en Cartagena de Indias y La Habana. De ahí que este trabajo busque aportar una serie de nuevos elementos que contribuyan no solo al análisis histórico y social de estas ciudades caribeñas en el periodo seleccionado, sino también al conocimiento de la vida familiar y de las mujeres hispanoamericanas durante la época colonial. Teniendo en cuenta esos presupuestos resultó importante, para la realización de esta obra, la revisión de un conjunto de textos de historia comparada, de historia de la familia, de estudios de género y, como parte de estos últimos, de historia de las mujeres.

Con relación a la historia comparada, un texto esencial es Historia e historiadores de Marc Bloch. En este, el célebre historiador francés manifestó que en el propósito de abordar de forma precisa los sistemas sociales no se pueden ignorar las características propias de los hechos estudiados.

¿Qué entendemos, dentro de nuestro campo de trabajo, por comparar? La respuesta incontestablemente, debe ser la siguiente: elegir en uno o más medios sociales diferentes, dos o más fenómenos que a primera vista parecen presentar ciertas analogías entre sí, describirlos, constatar las similitudes y las diferencias y explicarlas en la medida de lo posible. Es necesario, por tanto, que existan dos condiciones para que históricamente hablando haya comparación: una cierta similitud entre los hechos observados y una cierta diferencia entre los medios o los tiempos en que ambos han tenido lugar. (37)

Así, la comparación se puede entablar entre localidades, regiones, naciones y áreas transnacionales en un determinado periodo histórico, u optar por seleccionar etapas cronológicas distintas en el desarrollo de una misma región, nación, etc. En tal sentido, uno de los principales riesgos que entraña la historia comparada es que dichas unidades sean tan disímiles que se llegue a cuestionar el motivo de la comparación. Al respecto, el profesor español Ignacio Olabárri, en su artículo “Qué historia comparada”, señaló cómo “en todo caso, la comparabilidad no es una cualidad inherente a un conjunto determinado de objetos, sino una cualidad que les confiere la perspectiva del historiador” (53). Asimismo, en su opinión, desde el siglo XIX se han cultivado cuatro formas predominantes de historia comparada:

En primer lugar como una técnica útil en todos los momentos de la investigación, desde la elección de la problemática hasta la composición del trabajo […]; en segundo lugar, como un género específico […], en el que se comparan dos o más sociedades, con el fin de […] obtener explicaciones […] y análisis de los fenómenos en cuestión; en tercer lugar, se encuentra una variante del tema anterior […], nacida de la ambición por comparar procesos o instituciones en un ámbito mundial […]; por último, está la aproximación comparativa entendida como uno de los más eficaces medios de escribir historia universal. (55-56)

En una de las variantes anteriores se inscribe, precisamente, la denominada “historia atlántica”, la cual ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas, en particular en el marco de la historiografía estadounidense. Estos estudios se encaminan a explicar las profundas interconexiones que se establecieron entre Europa, África y América, a raíz de la llegada de Colón al “Nuevo Mundo” en el siglo XV. Algunos autores, por ejemplo, Kenneth J. Andrien en el artículo “The Spanish Atlantic System”, comparan las profundas transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales que generó este nuevo orden colonial en distintos espacios geográficos, y valoran así una serie de procesos y fenómenos (por ejemplo, la conformación de las familias y la trata de esclavos).

De igual modo, este texto se inscribe en los estudios históricos sobre las familias que, enmarcados en el campo de la historia social, se han nutrido de elementos elaborados por otras disciplinas tales como la sociología, la antropología, la psicología, el derecho y la demografía. En el siglo XX, la Escuela de los Annales brindó un notable impulso a estas investigaciones. De ahí que Martine Segalen, en su libro Antropología histórica de la familia, subraye la importancia de la reflexión histórica para “reconsiderar nuestros conocimientos y nuestras teorías sobre la familia como hecho universal, pero con arreglos muy diversos según las sociedades” (21).

Entre las temáticas más abordadas por la historia de la familia se encuentra el estudio de la sexualidad. En este ámbito, los historiadores suelen partir de los presupuestos del ya clásico libro de Michel Foucault, Historia de la sexualidad. En este, Foucault se interrogó: “¿Por qué y en qué forma se constituyó la actividad sexual como dominio moral?” (10). Con tal fin consagró un gran número de páginas al análisis de la proliferación de los discursos sobre el sexo que se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

Estos materiales, en la medida en que estaban diseñados para ser aprendidos y puestos en práctica, tenían como función permitir a los individuos interrogarse sobre su propia conducta y velar por ella. Todo esto llevó a Foucault a reflexionar en torno a la capacidad del poder para conducir las conductas de los individuos, dado que establece las estructuras sociales de la producción de la subjetividad humana.

El dominio que analizo está constituido por textos que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe: textos “prácticos”, que […] están hechos para ser leídos, aprendidos, meditados, utilizados, puestos a prueba y que buscan constituir finalmente la armazón de la conducta diaria. Estos textos tienen como función ser operadores que permiten a los individuos interrogarse sobre su propia conducta, velar por ella […] y darse forma a sí mismos como sujetos éticos. (15)

Estos textos normativos son, precisamente, el principal objeto de investigación de la historiadora española María José de la Pascua en Mujeres solas: historias de amor y de abandono en el mundo hispánico. En esta obra, Pascua prueba que la relación entre códigos y prácticas sociales no resultó directa ni simple durante el siglo XVIII, pues a su juicio las normas:

No son el fruto del consenso, sino que se imponen lentamente merced a los instrumentos de los que disponen los poderes públicos, siendo muchas veces su victoria, una victoria pírrica, dado que los comportamientos que se pretendían hacer desaparecer pueden quedar agazapados y seguir vigentes en otros espacios. (35)

La investigación de estas temáticas no puede realizarse al margen de las aportaciones hechas por los estudios de género. Los antecedentes del uso de la categoría “género” como herramienta analítica se encuentran en la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. En esta obra, Beauvoir desarrolló su célebre teoría según la cual la feminidad constituía el fruto de un complejo proceso individual y social. Al afirmar que una no nacía sino se hacía mujer, rechazaba de plano la idea de que el comportamiento femenino derivara “naturalmente” del sexo biológico. Asimismo, Beauvoir denunciaba la forma en la que las mujeres, a lo largo de la historia, se habían visto supeditadas al hombre y privadas de un proyecto de vida propio.

El texto de la antropóloga Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, marcó un hito en la comprensión del significado de esta categoría en el marco de las ciencias sociales, a mediados de la década de los setenta del siglo pasado. El mérito de Rubin radicó en proponer una nueva manera de analizar la opresión histórica de las mujeres con lo que denominó “el sistema sexo-género”. El sistema sexo-género, a su modo de ver, era “el conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y de la procreación humanas son conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma convencional” (44). Esta definición, en su opinión, resultaba más adecuada que el término patriarcado que, como “una forma específica de dominación masculina debía aplicarse a las organizaciones sociales de la sexualidad, cuyo eje era la figura del padre” (47)

Por otra parte, la historiadora estadounidense Joan Scott, en su artículo “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, consideró que el género, en cuanto elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, comprendía tres aspectos interrelacionados: símbolos culturales (Eva y María, por ejemplo, como símbolos de las mujeres en la tradición cristiana occidental), discursos normativos e identidades. Para Scott, la articulación de estos tres aspectos permitía considerar el género el campo primario de las transacciones sociales de poder.

Todos estos elementos los analiza la historia de las mujeres, tal como lo señala Michelle Perrot en Mi historia de las mujeres. Según Perrot, los objetos de estudio de esta forma de hacer historia comprenden desde la construcción sociocultural de los cuerpos femeninos hasta sus roles en los espacios privados y públicos. De ese modo, la autora insiste en que, a fin de comprender las relaciones familiares y sociales, es necesario estudiar las relaciones entre los sexos, por lo cual la historia de las mujeres también integra a la masculinidad.

En el caso de Hispanoamérica, en las últimas décadas se han realizado un conjunto de valiosos trabajos centrados en el ámbito familiar y en las experiencias de vida femeninas. Entre estos vale la pena resaltar Sexualidad y matrimonio en la América hispánica, Siglos XVI-XVIII, editado por Asunción Lavrin; Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, compilado por Pilar Gonzalbo Aizpuru y Cecilia Rabell; La familia en Iberoamérica (1550-1980), coordinado por Pablo Rodríguez y Vidas públicas, secretos privados. Género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial de Ann Twinam.

Con relación a Cartagena de Indias y La Habana existen también estudios significativos referidos a las historias de las familias y de las mujeres. Para la primera de estas ciudades se destaca la obra Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada. Siglo XVIII del historiador Pablo Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En este texto, Rodríguez compara la estructura de los hogares en cuatro ciudades neogranadinas: Cartagena de Indias, Tunja, Medellín y Cali. A partir de la consulta de los padrones de población de estas urbes de 1777, Rodríguez confirma la coexistencia en estas de familias nucleares, integradas por parejas con sus hijos solteros o madres solas con sus niños y extensas, compuestas por una gran variedad de residentes que de algún modo estaban relacionados entre sí.

Por su parte, en Cuba, aunque las investigaciones sobre estas temáticas se refieren, en su mayoría, a toda la Isla, La Habana ocupa en estas un lugar protagónico. Este es el caso de Verena Stolke, quien en Racismo y sexualidad en la Cuba colonial analiza un conjunto de expedientes de disensos matrimoniales con el objetivo de comprender las relaciones sociales a través de métodos y técnicas provenientes de la antropología aplicados a fuentes eminentemente históricas. En este trabajo Stolke describe de qué forma la estructura familiar y las relaciones de parentesco se basaban en el control estricto de la libertad sexual de las mujeres.

Este libro pretende hacer una contribución a estas investigaciones al plantear la siguiente pregunta-problema: ¿De qué manera la legislación del despotismo ilustrado reforzó la normatividad que regía la vida familiar y qué situaciones de conflictos y transgresiones generó en Cartagena de Indias y La Habana entre 1759 y 1808? De igual modo, se trazó los siguientes objetivos:

• Examinar la legislación y los discursos normativos del despotismo ilustrado sobre la vida familiar y de las mujeres.
• Explicar las características de la vida familiar y del control social que se ejercía sobre los comportamientos de las mujeres en Cartagena de Indias y La Habana entre 1759 y 1808.
• Valorar el rol protagónico que asumieron las mujeres ante las situaciones de conflictos y transgresiones en el periodo que se estudia, a través de los casos localizados en las fuentes documentales.

En esta investigación se empleó el método de la crítica histórica de fuentes. De esta manera, se partió de recopilar la información que existe en las fuentes consultadas para analizar los fenómenos, en conformidad con el tiempo histórico en el que se produjeron. También se utilizaron técnicas vinculadas a las investigaciones de la historia comparada y de la historia de las mujeres. Asimismo, se llevó a cabo una pormenorizada labor de localización de fuentes documentales y bibliográficas. Entre las fuentes documentales se deben destacar la “Real Cédula sobre gracias al sacar”, localizada en el Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María y los padrones de población de la provincia de Cartagena de Indias de 1777 y de la Isla de Cuba de 1778, que se hallan en el Archivo General de la Nación en Colombia y en el Archivo General de Indias, respectivamente.

En el caso del Archivo General de Indias, también se examinaron nueve expedientes de solicitud de legitimación, entre 1759 y 1808, dos procedentes de Cartagena y siete de La Habana. Adicionalmente, con relación a la urbe cartagenera, se logró reunir un total de treinta y siete expedientes de violación, adulterio, sevicia y divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem en el Archivo General de la Nación ², mientras para La Habana se recopilaron treinta y uno en el Archivo Nacional de Cuba, distribuidos en distintos fondos ³

Es necesario señalar que el trabajo con este tipo de fuentes reviste para el investigador una serie de retos. Por una parte, la documentación se encuentra dispersa tanto en archivos españoles y colombianos como cubanos; por otra, muchos de estos expedientes están truncos o algunos de sus fragmentos resultan ilegibles. De este modo, las ideas que el lector encontrará en esta investigación se basan en los documentos que se lograron reunir, las cuales pueden ser ratificadas o variar de aparecer nuevas fuentes.

Ahora bien, debe subrayarse que el valor fundamental de estos folios judiciales radica en que, a través de las declaraciones de los litigantes, los testigos, los abogados y los jueces pueden estudiarse las características de la normatividad que regía la vida familiar y la importancia que tuvo la defensa de la unión conyugal para la preservación del orden social. Asimismo, este tipo de expedientes permiten al investigador examinar los valores de una época determinada, su aprehensión y transgresión por parte de personas de diversos grupos sociales que acudían ante los tribunales.

Esta investigación se nutrió también de una amplia variedad de fuentes bibliográficas, entre las cuales cabe resaltar una rica colección de textos de carácter jurídico que normaban la vida social, familiar y de las mujeres. Entre estos se destaca un conjunto de obras tanto de derecho canónico como civil. Con relación al primero, fueron fundamentales los textos de los presbíteros Pedro Golmayo, Instituciones del derecho canónico, y de Francisco Gómez Salazar, Lecciones de disciplina eclesiástica y suplemento al tratado teórico-práctico de procedimiento eclesiástico. Respecto al segundo, se logró reunir un grupo amplio de códigos que abarcaron desde Las Siete Partidas, Las Ochenta y Tres Leyes de Toro, Los códigos españoles concordados y anotados y la Recopilación de Leyes de Indias.

El libro se estructura en tres capítulos con sus respectivos epígrafes. En el primero se examina la legislación del despotismo ilustrado sobre la vida familiar, de la que se destaca la importancia que tenía el matrimonio para la preservación del orden social. De igual modo, se abordan los discursos normativos que en esta época refrendaban el rol subordinado de las mujeres en las relaciones sociales.

El segundo capítulo, por su parte, se consagra a la explicación de las características de la vida familiar en Cartagena y en La Habana. A partir de la consulta de los padrones de población de 1777 y 1778, respectivamente, se estudian las principales diferencias y similitudes sociales entre estas dos ciudades del Caribe hispano. Además, se evidencia el control social que existía sobre las conductas femeninas en los distintos espacios sociales. Por último, en el tercer capítulo, mediante el análisis de diversos expedientes judiciales de adulterio, sevicia y divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, se valora el rol que jugaban las mujeres en este tipo de situaciones de conflictos y transgresiones, así como los mecanismos que asumían para la defensa de sus derechos.

La legislación del despotismo ilustrado de Carlos III y de Carlos IV en el plano social y familiar.

En 1700, la muerte de Carlos II, mejor conocido como “El Hechizado”, dejó al Imperio español sumido en una grave crisis. El rey, quien no tuvo ningún hijo, nombró en su testamento como heredero a Felipe de Borbón, duque de Anjou y nieto del monarca francés Luis XIV. Este hecho no lo aceptó el emperador de Austria Leopoldo I, quien aspiraba a este trono para su segundo hijo, el archiduque Carlos. Tales acontecimientos derivaron en la guerra de sucesión española, la cual estalló en 1702, en la que Austria contó desde el inicio con el apoyo de Inglaterra y Holanda contra los Borbones de Francia y España.

Mediante la firma de la Paz de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), Felipe de Borbón fue reconocido como soberano del Imperio español, pero a cambio Austria recibió de España los territorios de Milán, Nápoles, Cerdeña y los Países Bajos del Sur (actualmente Bélgica); la Casa de Saboya se quedó con Sicilia e Inglaterra obtuvo Gibraltar y Menorca. De igual manera, los ingleses lograron por treinta años el derecho de introducir esclavos africanos en las colonias de España en América. A lo anterior sumaron el permiso para enviar un barco anual con mercancías inglesas a fin de comerciar con estas colonias (Ruiz Torres 425-435).

Así, el inicio del siglo XVIII significó un cambio en la península y en América con el arribo al trono de una nueva dinastía. En esta centuria, cinco monarcas se sucedieron en el poder: Felipe V (1700- 1724 y 1724-1746), Luis I (1724), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808). Durante estos años, los Borbones implementaron un conjunto amplio de reformas económicas, políticas y sociales con el objetivo fundamental de transformar la grave situación de España y establecer un nuevo tipo de relaciones con sus colonias.

Como se mencionó, gran parte de estas medidas estuvieron influidas por las ideas de la Ilustración. Ahora bien, fue durante el reinado de Carlos III que el despotismo ilustrado alcanzó su máximo esplendor. Con relación a las colonias, el principal objetivo de las reformas fue el fortalecimiento del control peninsular sobre sus posesiones. En el plano militar, esto se tradujo en la modernización y la ampliación del sistema defensivo con la organización de ejércitos permanentes, la formación de milicias y la construcción de nuevas fortificaciones. Un buen ejemplo de lo anterior lo fue La Habana, donde a raíz de la ocupación de la ciudad por los ingleses (1762- 1763) se repararon las fortalezas de El Morro, La Fuerza y La Punta, y se construyeron Atarés (1767), El Príncipe (1779) y La Cabaña (1763-1774), esta última considerada una de las más importantes obras militares del continente americano.

Desde el punto de vista político-administrativo, una de las medidas más significativas fue el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata (1776) y de la Capitanía General de Venezuela (1777). Asimismo, se crearon las intendencias, encabezadas por empleados encargados de la recaudación fiscal y de otras cuestiones administrativas, quienes respondían de forma directa a la Corona. Entre estas se encontraban las intendencias de Cuba (1764), del Río de la Plata (1782), del Perú (1784) y de la Nueva España (1786) (Guerra Vilaboy 86). Otro de los cambios que se produjo fue el aumento del control de las audiencias por parte de funcionarios españoles enviados a América, quienes, de manera gradual, sustituyeron a los criollos en estos puestos.

En el plano económico, entre una amplia variedad de reformas que se implementaron se debe mencionar la promulgación del “libre comercio” entre los principales puertos de las colonias y de la península en 1778. De igual forma, se estableció el monopolio del tabaco y se promovieron nuevos productos de exportación tales como el azúcar y el cacao.

De este conjunto de medidas se debe destacar también el interés de la monarquía por restarle poder al papado, pues si bien es cierto que en el siglo XVIII continuó la imbricación de la Iglesia y el Estado, ahora este último impulsaría un proceso sistemático de secularización de múltiples esferas de la vida social. Esta política se expresó en una serie de disposiciones que tuvieron una profunda repercusión social, como, por ejemplo, en la que se decretó la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles. Así, por medio de la “Real Cédula para que en los Reinos de las Indias se cumpla y observe el Decreto relativo al extrañamiento y ocupación de temporalidades de los Religiosos de la Compañía de Jesús”, del 5 de abril de 1767, Carlos III ordenaba:

[A] los Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reino de Granada; a los Presidentes, Oidores y Fiscales de las Audiencias de aquellos distritos y del de Filipinas; a los Gobernadores y Justicias de ellos e Islas adyacentes, y […] encargo a los muy Reverendos Arzobispos […], Obispos de las santas Iglesias metropolitanas y Catedrales de las diócesis comprendidas en la demarcación de los expresados Virreinatos y Audiencias, cumplan y ejecuten […] que se extrañen de todos mis dominios […] a los religiosos de la Compañía de Jesús, […], y que se ocupen todas las temporalidades de la Compañía […]; y para su ejecución uniforme en todos ellos os doy plena y privativa autoridad, y para que forméis las instrucciones y órdenes necesarias, según lo tenéis entendido y estimaréis para el más efectivo, pronto y tranquilo cumplimiento. (3-6)

En virtud de lo anterior, más de dos mil jesuitas se vieron obligados a partir de Hispanoamérica. Entre ellos se encontraban muchos criollos, miembros de las oligarquías locales. Adicionalmente, las ricas y enormes posesiones de la orden fueron confiscadas por la Corona. Debe señalarse que solo en Paraguay las misiones de los jesuitas controlaban a más de noventa y seis mil indígenas y dominaban prácticamente toda la producción agropecuaria y el comercio de la región (Brading 95).

A ese hecho se sumaron otras resoluciones, encaminadas a regular la participación eclesiástica en distintos asuntos. Entre las más significativas se encuentra la promulgación de la “Pragmática sanción en que Su Majestad establece lo conveniente para que los hijos de familias, con arreglo a las leyes del Reino, pidan el consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales”, del 23 de marzo de 1776, en la que el Estado refrendó su derecho a legislar en dicha materia, en razón a su importancia para el control social.

Que siendo propio de mi Real autoridad contener con saludables providencias los desórdenes, que se introducen con el transcurso del tiempo, […]; y habiendo llegado a ser tan frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales los hijos de familias, […], de que, con otros gravísimos daños y ofensas a Dios, resultan la turbación del buen orden del Estado, y continuadas discordias, y perjuicios de las familias, contra la intención y piadoso espíritu de la Iglesia, que aunque no anula […] semejantes matrimonios, siempre los ha detestado […], como opuestos al honor, respeto y obediencia que deben los hijos prestar a sus padres en materia de tanta gravedad e importancia. (2)

Para la Corona esta medida resultaba esencial en el propósito de la defensa y la preservación de las jerarquías sociales. Debe señalarse que, hasta fines del siglo XVIII, el control de los matrimonios dependía de la jurisdicción de la Iglesia. En este sentido, a la hora de realizar un enlace, muchos sacerdotes solían pasar por alto las diferencias raciales y de clase social.

Y no habiéndose podido evitar hasta ahora este frecuente desorden, por no hallarse específicamente declaradas las penas civiles en que incurren los contraventores, he mandado examinar esta materia con la reflexión y madurez que exige su importancia, […] con particular encargo, de que dejando ilesas las […] disposiciones canónicas en cuanto al Sacramento del Matrimonio para su valor […] y efectos espirituales, me propusiese el remedio más conveniente, justo y conforme a mi autoridad Real en orden al contrato civil y efectos temporales, que evite las desgraciadas consecuencias que resultan de estos abusos. (2-3) Con esa finalidad, la Pragmática estableció que los hijos e hijas menores de veinticinco años debían obtener el consentimiento del padre para celebrar los esponsales. Si el padre había fallecido, la madre tenía la prerrogativa de dar su aprobación, y en ausencia de ambos progenitores las autorizaciones las podían conceder tanto los abuelos paternos como maternos, los cuales también, en caso de muerte, eran sustituidos por los dos parientes más cercanos a los pretendientes. Con respecto a los peninsulares que vivían en América, pero cuyos padres, familiares o tutores se encontrasen en España o en otros lugares distantes, se admitía que pudieran suplir la anuencia paterna con la licencia judicial.

De igual modo, en el texto se enfatizó en que a fin de “atajar estos matrimonios desiguales, y evitar los perjuicios del Estado y familias […], los Ordinarios eclesiásticos, sus Provisores y Vicarios” (8), tenían que cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Concilio de Trento4 sobre las amonestaciones, “siguiendo el espíritu de la Iglesia, que siempre detestó y prohibió los matrimonios celebrados sin noticia, o con positiva y justa repugnancia, o racional disenso de los padres” (7). Así, se advertía a los sacerdotes que antes de la celebración de las ceremonias de matrimonio no podían, en ningún caso, dejar de anunciar en misa durante tres domingos consecutivos los nombres de los novios. Con eso, se oficializaba el compromiso ante la comunidad y se podía descubrir cualquier obstáculo que impidiese la unión. Adicionalmente, se reglamentaron las penas que se impondrían, a partir de entonces, a quienes desobedecieran lo allí dispuesto:

Si llegase a celebrarse el matrimonio sin el referido consentimiento o consejo, por este mero hecho, así los que lo contrajeren, como los hijos y descendientes que provinieren del tal matrimonio, quedan inhábiles y privados de todos los efectos civiles, como son el derecho […] de suceder como herederos […] en los bienes [...] que pudieran corresponderles por herencia de sus padres o abuelos, a cuyo respeto y obediencia faltaron. ⁴

En el caso en el que los novios no se resignasen a la negativa de sus padres o familiares a la realización de su boda, la Pragmática instituyó que cualquier recurso tenía que presentarse en primera instancia, ante “la Justicia Real ordinaria, el cual se haya de […] resolver en el preciso término de ocho días” (5), y en segunda, ante la “Audiencia del respectivo territorio” (5). De esta manera, el Estado dejaba en claro que todos los juicios de disensos matrimoniales los debían dirimir las autoridades civiles y no los tribunales eclesiásticos.

Al ser extendida esta disposición a los territorios de Ultramar, a partir de la publicación de la “Real Cédula del 7 de abril de 1778”, las audiencias fueron autorizadas para sistematizar su aplicación de acuerdo con las circunstancias regionales, sin que eso redundara en una alteración de su esencia. En América, como lo expresó el Reglamento que el Ilustrísimo Sr. D. D. Santiago Joseph de Hechavarría, Obispo de Cuba ha formado para los Ministros de su Curia y párrocos de su diócesis con motivo de la Pragmática, Real Cédula de S. M. e instrucción de la Real Audiencia del distrito sobre matrimonios, los “negros, mulatos, coyotes⁵ e individuos de razas y castas semejantes tenidos públicamente por tales” (10) quedaron eximidos de cumplir lo antes prescrito, con la excepción de “los Oficiales de Milicias, o de aquellos que se distingan por su reputación, buenas operaciones y servicios” (11).

No obstante, los alcances de la Pragmática fueron ampliados, durante el reinado de Carlos IV, con dos nuevas órdenes. La primera de ellas fue la “Real Cédula del 15 de octubre de 1805”, por la cual se dispuso que los mayores de veinticinco años, pertenecientes a las familias de “conocida nobleza” y “notoria limpieza de sangre”, que intentasen contraer nupcias con “mulatos, negros y demás castas semejantes”, tenían que acudir a los virreyes y presidentes de las audiencias para solicitar su permiso (99). La segunda fue el “Auto Acordado del 22 de mayo de 1806”, por el cual se estableció que los eclesiásticos debían participar a los padres o parientes de los mayores de veinticinco años de familias distinguidas sus intenciones de contraer nupcias con personas desiguales, a fin de que ellos pudiesen establecer los recursos que considerasen convenientes ante los virreyes y presidentes de las audiencias (99-99v).

Sin embargo, si bien en teoría, tanto la “Real Cédula del 15 de octubre de 1805” como el “Auto Acordado del 22 de mayo de 1806” se configuraron con la finalidad de impedir que los miembros de las familias de “conocida nobleza” y “notoria limpieza de sangre” se casaran con “gentes de color”, en realidad estos principios se aplicaron también al resto de la población, de modo que se prohibieron los matrimonios interraciales. De hecho, la Pragmática constituyó una de las piedras angulares de la política de control social del Estado ilustrado español al sancionarse la igualdad social y racial para la realización de los matrimonios.

De esta manera, la legislación reafirmaba la estructura clasistaestamental de las sociedades hispanoamericanas. Eso, junto con otros mecanismos de compulsión social, como, por ejemplo, la religión y las normas de conducta, creaban fronteras de difícil superación entre el estamento superior, integrado por las personas conceptuadas como blancas y los otros estamentos que abarcaban desde las poblaciones indígenas hasta los mestizos y negros. Estos estamentos no siempre se identificaban con una determinada clase social.

Las oligarquías las componían los altos cargos de la administración real, las dignidades eclesiásticas y militares, los propietarios de minas, los terratenientes, los grandes comerciantes, etc. Por debajo de ella, se encontraban las amplias capas medias urbanas y rurales, constituidas, entre otros, por burócratas y oficiales del ejército colonial, profesionales, productores medios y administradores. La base de esta pirámide era una extensa masa de trabajadores libres y esclavos.

Ahora bien, eso no presuponía que no existiesen determinados mecanismos para la movilidad social y racial. Estas fórmulas fueron reguladas también por los Borbones, tal como lo evidenció la publicación de la “Real Cédula sobre gracias al sacar”, del 10 de febrero de 1795. En esta, el rey Carlos IV fijó un arancel que elevaba los precios para las solicitudes de legitimaciones que se podían presentar ante el Consejo de Indias:

Por cuanto habiéndome consultado mi Consejo de Cámara de Indias […] y hecho presente que los servicios pecuniarios que por gracias de esta clase se imponían a los que las obtenían, no guardaban proporción con la importancia de ellas tuve por conveniente prevenir al mismo Tribunal tratase de arreglar la cantidad que en adelante debería satisfacerse por las indicadas gracias llamadas al sacar que fueran de otro valor, según corresponde a su naturaleza y circunstancia. (27-27v)

En estos procesos los interesados debían explicar, a través de las declaraciones de distintos testigos, las circunstancias en las que habían nacido y en las que transcurría su vida, así como ejemplificar la discriminación de la que eran objeto por su condición de hijos ilegítimos. Un aspecto llamativo de la disposición es que contemplaba la posibilidad de que los descendientes ilegítimos de los militares y de los sacerdotes también empleasen este recurso a fin de tener la posibilidad de heredar a sus padres. Para todos los casos, la Real Cédula fijó las siguientes tasas:

Por la legitimación a un hijo para heredar o hija que sus padres le hubieron, siendo ambos solteros, se servirá con 4000 [reales]. Por las legitimaciones extraordinarias para heredar y gozar de la nobleza de sus padres a hijos de caballeros profesos de las órdenes militares, y casados, y otros de clérigos deberán servir unos y otros con 24 200 reales⁶.

Por las otras legitimaciones de la misma clase de las anteriores a hijos habidos en mujeres solteras siendo sus padres casados con 19 800 [reales]. (30v-31)

De igual modo, la Cédula establecía las sumas de dinero que debían pagar las personas “de color” para estar en capacidad de solicitar su condición legal de blancos, mediante expedientes remitidos al Consejo de Indias en los que apareciesen un conjunto de testimonios sobre sus historias personales. En este sentido, se determinaba que “por la dispensación de la calidad de pardo deberá hacerse el servicio de 500 [reales] e ídem de la calidad de quinterón⁷ , se deberá servir con 800 [reales]” (32v-33).

Otro aspecto importante de esta “Real Cédula sobre gracias al sacar” fue lo concerniente al alza de las tarifas que debían pagar las mujeres viudas para poder solicitar la tutoría de sus hijos. Estas tasas se fijaron en un mínimo de 2200 reales, que podían incrementarse en dependencia con las fortunas de quienes realizaran las peticiones. Al respecto se señalaba:

Por la dispensación a una mujer de la edad que le falte de los veinticinco años que debe tener para ser tutora […] de los hijos que le quedaron de su difunto marido deberá servir por cada año con 2200 [reales].

Por la licencia a una mujer para que sin embargo de pasar a segundas nupcias pueda continuar en la tutela del hijo o hijos que le quedaron del primer matrimonio, 6600 [reales]. Pero estas cuotas se deben aumentar según las calidades de personas o bienes. (28v-29)

Con relación a esta última cuestión se debe señalar que la “Real Cédula sobre gracias al sacar” de 1795 se unía a un conjunto de disposiciones legales escritas por y en función de los hombres que legitimaban su preponderancia en las relaciones familiares y sociales. En este sentido, en el siglo XVIII hispanoamericano la vida de las mujeres estaba regulada, fundamentalmente, por el derecho peninsular, pues en el derecho indiano —cuerpo legal desarrollado para las colonias españolas de América— se recogían muy pocas disposiciones sobre este particular.

Así, la situación jurídica de las mujeres en pleno siglo de las “luces” estaba definida, en buena medida, por Las Siete Partidas, código elaborado en el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X, “El Sabio”, así como por Las Ochenta y Tres Leyes de Toro, promulgadas en esa ciudad española en 1505. En Las Siete Partidas quedó estipulado que los hombres eran los únicos que podían ejercer la patria potestad (62). Precisamente, esa prerrogativa permitía a los padres controlar las conductas de sus hijos mediante la imposición de castigos “adecuados” y distintas acciones legales. Por otra parte, Las Siete Partidas señalaban cómo a la madre que “sufre con los hijos mayores trabajos que el padre” (10-11) correspondían las obligaciones consustanciales a la crianza. Los legisladores, en particular, la responsabilizaban con el bienestar de las criaturas hasta que cumplían los tres años de edad (73).

Vale subrayar que ni siquiera las madres solteras ostentaban la patria potestad, aun cuando se precisaba que los padres estaban también desprovistos de ella, porque “los hijos naturales, incestuosos o tenidos de parientes hasta el cuarto grado, de cuñadas o mujeres religiosas, no son dignos de ser llamados hijos” (63). No obstante, habida cuenta de que no se les reconocía derecho alguno, algunas mujeres se encargaban de la manutención e instrucción de los hijos ilegítimos, a los que podían legar sus bienes, siempre que no fuesen nobles, “ni hubiesen consagrado sus vidas al servicio de Dios” (296).

De este modo, las mujeres únicamente podían ser tutoras de sus hijos si sus esposos morían y ellas habían cumplido los veinticinco años de edad. En los casos en que fuesen más jóvenes tenían que pagar anualmente para obtener la licencia judicial. De igual forma, aquellas viudas que decidían volver a casarse y deseaban mantener la tutela de sus hijos debían realizar estos pagos. Con relación a las viudas, Las Siete Partidas puntualizaban, además, que si contraían nuevas nupcias antes de cumplirse el año de muerto su esposo⁸ perdían todo lo que este “le hubiese dejado en el testamento, lo cual pasará a los hijos de él, y si no los hubiese a los parientes que hayan de heredarle” (53-54).

Asimismo, en esta legislación se señalaba que solo los hombres podían adoptar niños, con la excepción de las madres que hubiesen perdido un hijo en una guerra al servicio de la Corona. Únicamente en esas circunstancias las mujeres tenían permiso para solicitar al rey “su autorización para prohijar” (60).

Por su parte, en Las Ochenta y Tres Leyes de Toro quedó establecido que el marido era el representante legal de su mujer durante el matrimonio. De esta manera, ella no tenía “personalidad propia para comparecer en juicio” (452), efectuar ningún tipo de contrato ni aceptar o rechazar una herencia que le fuera legada en un testamento sin su previa autorización. Sin embargo, se establecía que la esposa podía acudir a un juez para que exigiese a su consorte la concesión de esta licencia y, si “compelido no se la diere, que el juez entonces se la otorgue” (455). Además, una mujer no necesitaba permiso para “responder en causa criminal” (455), ni para entablar litigios contra su esposo, con la finalidad de obligarlo a contribuir al sostenimiento familiar, castigarlo por la sevicia y el adulterio de que era víctima u obtener el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem.

Esta legislación ofrecía, igualmente, cierta protección a los bienes de la mujer contra los abusos del marido, al especificar que “ella no podía servirle de fiadora” (461), así como tampoco estaba obligada “a pagar las deudas que él contrajera durante el matrimonio” (458). Respecto a este último punto se aclaraba que las mujeres, a diferencia de los hombres, estaban eximidas de ser detenidas por las autoridades a causa de sus débitos, salvo que estos derivasen de “algún acto ilegal” (470).

Los discursos normativos sobre la vida familiar y de las mujeres en la época del despotismo ilustrado.

Durante el siglo XVIII proliferaron una amplia variedad de discursos normativos acerca de la familia. Tanto para la Iglesia como para el Estado el ámbito familiar se encontraba en el centro de sus preocupaciones sociales y morales. El hogar constituía el espacio por excelencia donde se enseñaba al individuo, desde la infancia, los roles que cultural y socialmente le estaban asignados. A través de la conjugación de distintas doctrinas religiosas, educativas, científicas y políticas se inculcaban los valores imprescindibles para la forja de las conductas “virtuosas”.

La condena del placer carnal y la vinculación de este con Satanás constituía uno de los elementos centrales del discurso eclesiástico. De esta manera, el ejercicio de cualquier tipo de sexualidad, ajeno al austero modelo cristiano cuyo objetivo esencial era la reproducción de la familia, se vinculó al mundo del mal y la herejía. La pastoral cristiana trazó con su prédica la línea divisoria entre las conductas lícitas e ilícitas. A la lujuria, el vicio y la impudicia se oponían el recato, la vergüenza y el pudor. A través de los sermones, las lecturas de vidas de santos y las oraciones se explicaban e interiorizaban tales dogmas. Las disidencias en esta materia significaban una peligrosa subversión del orden social, por ende, sobre los transgresores debía ejercerse una estrecha vigilancia.

En la consecución de tales fines jugaban un rol determinante la confesión y la penitencia. Sucede que el confesor, con su interrogatorio, se convertía en el confidente de los secretos más íntimos de sus fieles. De rodillas, con las manos entrelazadas, sin sombrero o con el velo bajo si se trataba de una dama, el penitente enumeraba la lista de sus faltas. Entre estas no podía soslayar las relativas a las “tentaciones de la carne”. Mostrando un “sincero arrepentimiento”, revelaba en detalle todos sus deseos, delectaciones, pensamientos y sueños eróticos.

El sacerdote cumplía así la función de guía de las relaciones sentimentales y sexuales que, acorde con los axiomas católicos, hallaba su legítima expresión en el matrimonio y consecuentemente en la familia. Su figura se deslizaba cual una sombra tras las puertas de la alcoba conyugal para prescribir, incluso, los momentos en que resultaba inadecuado mantener relaciones sexuales. Ciertas fechas del calendario, como, por ejemplo, los días de ayuno, los periodos menstruales, o los de embarazo y lactancia, imponían una estricta continencia (Flandrin 162).

El filósofo Michel Foucault, en Historia de la sexualidad, se detuvo justamente en el análisis de la difusión de los discursos sobre el sexo que se produjo a partir del siglo XVIII y tuvo como centro las relaciones matrimoniales. Su interés esencial era demostrar el modo en que los individuos, de manera cotidiana, reproducían las relaciones de poder.

Tales discursos sobre el sexo no se multiplicaron fuera del poder o contra él, sino en el lugar mismo donde se ejercía y como medio de su ejercicio; en todas partes fueron preparadas incitaciones a hablar, en todas partes, dispositivos para escuchar y registrar, en todas partes, procedimientos para observar, interrogar y formular. […] Desde el imperativo singular que a cada cual impuso transformar su sexualidad en un permanente discurso hasta los mecanismos múltiples que, en el orden […] de la justicia, incitaron e institucionalizaron el discurso del sexo, la sociedad requirió y organizó una inmensa prolijidad. (27)

Un buen ejemplo de estos textos es La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura, escrito en 1715 por fray Antonio Arbiol⁹ . Esta obra resultó muy conocida en Hispanoamérica, ya que durante todo el siglo XVIII fue reeditada al menos veinte veces por las principales imprentas de la época, lo que brinda una idea de su difusión (Fernández 6). En este libro Arbiol predicaba los principios morales que debían regir la vida familiar y, en especial, de las mujeres. A su juicio, solo una dama dócil, bondadosa y frágil, consagrada a la familia, al matrimonio y a la maternidad, lograba hacer del hogar un tibio remanso. De hecho, para Arbiol las características biológicas de las mujeres determinaban el rol que debían desempeñar en la sociedad, por lo cual legitimaba el sometimiento al varón en todos los ámbitos. Incluso, llegó a definir el lugar ocupado por las mujeres en el matrimonio con esta ilustrativa metáfora:

La Cabeza mística del Varón es Cristo Señor Nuestro, y la cabeza de la mujer es el Varón su marido, y dice el Apóstol: el Varón es imagen, y la gloria de Dios; y la mujer es la gloria de su Varón, según lo dice, y explica el mismo San Pablo. Porque el Varón no se formó de la mujer, sino la mujer se formó del Varón. […]. Toda esta doctrina católica es del Apóstol. Por eso no se ha de permitir a la mujer, mande más que su marido, ni siquiera dominarlo en todo, sino que debe obedecer y callar. (68)

En consonancia con lo anterior, Arbiol, así como otros escritores moralistas de la época, dotaron de un amplio significado simbólico al cuerpo, y en especial a la cabeza. Según la lógica de ese discurso, el respeto se comunicaba mediante cierto lenguaje corporal, asociado con la cabeza. Por eso, Arbiol insistía en que a las mujeres decentes se les debía enseñar a mantener su rostro serio y los ojos bajos, en señal de inocencia y castidad:

Si tienes hijas, dice el espíritu Santo, enséñales el temor santo de Dios, y guarda sus cuerpos, no sea que te afrenten y te confundan. No les muestres alegría de rostro, sino severidad benigna, para que no se críen libertinas, sino modestas y muy atentas. Antes les enseñarás a orar que a reír y que guarden modestia en sus ojos, para mirar con encogimiento y rubor, porque la muerte del alma entra por los ojos del cuerpo. (487-488)

De igual modo, Arbiol no dejaba de reconocer que las mujeres desempeñaban una tarea esencial en la transmisión de valores, en el seno de la familia y de la comunidad. Razón por la cual resultaba vital lograr que las madres educasen a sus hijas en rígidos principios morales:

La virtud más necesaria en la doncella, es la modestia; y conviene que, por extremada a todos sea notoria, según la doctrina del Apóstol San Pablo. [...] Esto han de predicar las buenas madres a sus hijas. […] Las malas madres acostumbran ser las más culpadas en la perdición de las hijas, porque no las enseñan a llorar, sino a reír […], y después hallan el merecido de su mala crianza. Mejor es con las hijas la severidad, que la risa, según la sentencia de Salomón, porque con la tristeza del rostro, se corrige el ánimo delincuente. (493-495)

De igual forma, Arbiol postulaba a la Virgen María como el ideal de una vida respetuosa de las leyes de Dios y la encarnación de las cualidades predicadas por las Sagradas Escrituras. Sus virtudes se citaban como un ejemplo a seguir. Así, el más fervoroso homenaje que una mujer podía rendir a la Virgen era el cumplimiento de sus labores. Estas abarcaban desde la crianza y educación de los niños, el cuidado de ancianos y enfermos, hasta la realización de las faenas de cocina, costura y lavado.

En opinión de Arbiol, solo la maternidad de la Virgen María había logrado borrar la mancha del pecado original de Eva. Para la comprensión de su discurso al respecto, resulta importante detenerse en la dualidad que tradicionalmente le ha otorgado la Iglesia católica a la naturaleza femenina. Signada desde la interpretación de las páginas de la Biblia por su alianza con el demonio, la hija de Eva corría siempre el riesgo de precipitarse en el pecado. Su misma esencia hacía entonces imprescindible el “exorcismo de la serpiente” que llevaba por dentro, esa que la impulsaba a las pasiones desenfrenadas. Vista entonces como un instrumento diabólico, la mujer no podía prescindir de la guía y del control del hombre para la preservación de su honra y pureza. Acerca de esto, señalaba Arbiol: “La maldad de la mujer se conoce en la mutación de su rostro, dice el Espíritu Santo, y pues tienes la señal, no te descuides en lo que tanto te importa, porque la honra suya es la tuya” (488).

Resulta interesante explicar que este tipo de argumentos, con los que se refrendaba la posición subordinada de las mujeres en los órdenes matrimonial, familiar y social, no fueron privativos de los discursos eclesiásticos, sino que también los más importantes exponentes de la Ilustración postularon nociones similares. De hecho, estos presupuestos trascendieron al modelo burgués de la familia que se impuso en el área geográfica atlántica, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la ocurrencia de varias revoluciones burguesas. Los cambios que se produjeron entonces tuvieron como corolario la delimitación de los espacios privados y públicos.

Dichas transformaciones repercutieron de manera significativa en la división sexual del trabajo. Así, el discurso ilustrado liberal confinó el proyecto de realización femenina al casamiento y a la maternidad, y asignó a los hombres un papel protagónico en las actividades productivas, políticas y culturales. Ahora bien, en la práctica tampoco se puede afirmar que existió una estricta equivalencia entre los sexos y las esferas mencionadas. En este sentido, resulta importante descomponer los estereotipos tradicionales y comprender que estas fronteras muchas veces fueron fluctuantes, pues las “reinas del hogar” también circulaban por el espacio público, mientras los hombres poseían el dominio, tácito y legal, en las relaciones familiares.

Esta cuestión la destaca la filósofa francesa Michèle Crampe-Casnabet, autora del ensayo “Las mujeres en las obras filosóficas del siglo XVIII”, en el cual demuestra que los discursos de la Ilustración refrendaron la inferioridad de las mujeres en la sociedad. En su investigación demuestra cómo “el argumento formal que recorría tantos textos “ilustrados” descansaba en la idea, no cuestionada, según la cual, si se quiere que una unión matrimonial sea indisoluble, una de las partes debe ser superior a la otra” (354).

Precisamente, tal teoría la desarrolló una figura tan notable como Jean-Jacques Rousseau en su obra Emilio o de la educación de 1762. El libro quinto, titulado “Sofía o la mujer”, lo consagra íntegramente a describir a la joven llamada a unir su vida con Emilio, un huérfano formado en las ideas ilustradas por su preceptor. En este texto, Sofía y Emilio encarnan los valores del matrimonio “ideal”, puntal de la familia y del Estado. Para lograr este fin, Rousseau consideraba:

Toda la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres. Complacerles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: he aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que se les debe enseñar desde la infancia. (408)

En concordancia con lo anterior, Rousseau insistía en que la verdadera educación de la mujer iba encaminada a la formación del carácter, de la voluntad y de los buenos modales. Con esta no se perseguía dotarla de amplios conocimientos, sino transformarla en una persona capaz de educar a sus hijos y de cimentar la armonía hogareña. Ese era el caso de Sofía, a quien desde la infancia se le había educado exclusivamente para lograr la felicidad de su compañero.

Lo que mejor sabe Sofía y lo que con más esmero le han hecho aprender, son las tareas de su sexo, como cortar y coser sus vestidos. No hay una obra de aguja que no sepa hacer bien y con gusto. También se ha aplicado a todas las menudencias caseras: entiende de cocina y de repostería, sabe el valor de los comestibles, conoce la calidad de ellos, lleva bien las cuentas y hace de mayordomo. Destinada a ser un día madre de familia, gobernando la casa de sus padres aprende a gobernar la suya propia. (443)

Mientras a Sofía se le destinaba al espacio privado, Emilio había sido educado para desempeñarse en la esfera pública, a fin de que realizara el ejercicio pleno de la ciudadanía. Según Rousseau, las mujeres carecían de “razón”, por lo cual los trabajos más apropiados para ellas eran los que no requerían de la fuerza física ni del ejercicio del intelecto.

La investigación de las verdades abstractas y especulativas, de los principios, de los axiomas en las ciencias, todo cuanto tiende a generalizar las ideas no es de la pertenencia de las mujeres, cuyos estudios deben todos relacionarse con la práctica; […] en cuanto a las obras de la inteligencia, estas las exceden; ellas no poseen la suficiente justeza y atención para lograr éxito en las ciencias exactas. (434)

De ahí que uno de los más ilustres exponentes del siglo que proclamó las libertades de los hombres admitía la sumisión de las mujeres: “Dándoos la mano de esposo, se ha hecho Emilio vuestra cabeza; la Naturaleza lo quiso así” (498). Debido a eso, según Rousseau los valores esenciales de una esposa eran la fidelidad a su marido, la modestia y la prudencia. Eso sí, no bastaba con que la mujer fuese virtuosa, sino que también tenía que aparentarlo.

Importa […] no solamente que la mujer sea fiel, sino que sea considerada como tal por su marido, por sus familiares, por todo el mundo; importa que sea modesta, atenta, reservada, que lleve a los ojos de los demás, como a su propia conciencia, el testimonio de su virtud. […]. Por la misma ley de la naturaleza […], en lo que a ellas se refiere [...], están a merced del juicio de los hombres: no basta con que sean estimables, es necesario que sean estimadas; no les es suficiente con ser bellas, es necesario que agraden; no les basta con que sean prudentes, es preciso que sean reconocidas como tales; su honor no está solamente en su conducta, sino en su reputación, y no es posible que la que consiente en pasar por infame pueda ser reconocida jamás como honesta. (404-408)

Igualmente, en el siglo XVIII, una diversidad de manuales y tratados —incluida la literatura médica— insistieron en la fragilidad del sexo femenino y en la obligación que tenían los hombres de protegerlas y gobernarlas, “con manos suaves pero firmes”. De ese modo, estos discursos conceptualizaron a la mujer, desde el punto de vista fisiológico, como un ser débil, temeroso, colérico y mentiroso. Mientras al hombre se le reputaba de valiente, eficaz y razonable, se consideraba que la inferioridad era consustancial al temperamento femenino. Para la medicina, la naturaleza legitimaba lo que la moral y el orden social prescribían: el esposo era el señor de su mujer. A los ojos de los galenos, el ritmo de crecimiento de las mujeres determinaba que estas debían casarse, idealmente, a los quince o dieciséis años. Por su parte, en los hombres la edad más adecuada para el matrimonio se situaba entre los veinticinco y los treinta años.

El tratado de Pierre Roussel,¹⁰ Système physique et moral de la femme, publicado en 1775, vino a convertirse en un hito de los discursos legitimadores de la imagen de la mujer como un ser incapaz de desenvolverse fuera de los espacios privados. Las mujeres, “sedentarias por naturaleza”, eran más frágiles que los hombres desde el punto de vista muscular. Esto determinaba una “debilidad mental” que estimulaba su sensibilidad emocional hasta “límites impredecibles”.

Tales ideas de la Ilustración francesa también fueron conocidas en España y en América. La reflexión en torno a la mujer y su papel en las relaciones matrimoniales y sociales se convirtió en una necesidad de primer orden, en tanto para el despotismo ilustrado resultaba esencial el incremento de la jurisdicción estatal sobre la familia y las prácticas sexuales de los distintos grupos poblacionales.

Entre los autores que abordaron este tema en España se encuentra el militar y escritor José Cadalso¹¹, quien en la obra epistolar Cartas marruecas, publicada de forma póstuma en 1789, resaltaba el valor de la enseñanza de la moralidad para la formación del carácter de las mujeres. Estas debían aprender las habilidades útiles en el gobierno de una familia porque, “¿quién se ha de casar contigo si te empleas en […] pasatiempos? ¿Qué marido ha de tener la que no cría a sus hijos […], la que no sabe hacerle sus camisas, cuidarle en su enfermedad, gobernar la casa, seguirle si es menester en la guerra?” (114).

Unas razones similares las expuso Francisco Cabarrús¹², una de las figuras más influyentes de la Ilustración española y gran admirador de las ideas de Rousseau, en su trabajo Memoria de D. Francisco Cabarrús sobre la admisión y asistencia de las mujeres en la Sociedad Patriótica. Como su propio nombre lo indica, Cabarrús realizó esta ponencia a raíz de un debate que se suscitó el 18 de febrero de 1786 acerca de la conveniencia de admitir mujeres en la Real Sociedad Patriótica de Madrid, fundada en 1775. Para sustentar su negativa al respecto, Cabarrús esgrimió lo siguiente:

¿Cómo podemos disimularnos la petulancia, los caprichos, la frivolidad y las necesarias pequeñeces que son el elemento de este sexo? […] ¿Acaso prevalecerán contra la voz de la naturaleza, que sujetó a las mujeres a la modestia y al pudor, o contra las relaciones inmutables de todas las sociedades que les impusieron como una obligación civil la fidelidad a sus maridos, el cuidado de sus hijos y una vida doméstica y retirada? […]. La exclusión dada a las mujeres en todas las deliberaciones públicas está fundada, según se ve, en razones tomadas de su mismo sexo […]. No podemos avenirnos entre hombres y llamamos mujeres: ¿a qué? ¿A infamar expedientes para que los tribunales menosprecien nuestro dictamen y pierda la Sociedad el mayor influjo que tiene en la felicidad de la nación? ¿A escribir Memorias sobre asuntos que requieren conocimientos elementales de que carecen, o especulaciones prácticas que no les es decente adquirir? ¿Será para que sin instrucción antecedente vengan a votar sobre algunos asuntos predilectos, y añadan al tumulto de nuestras deliberaciones, en semejantes casos, el de una preponderancia funesta a la razón y a la libertad? (152-154)

Asimismo, Cabarrús era partidario de un modelo de sociedad en el que la familia se erigía como el marco ideal de la felicidad. Tal dicha se sustentaba en el desenvolvimiento de la esposa dentro de los patrones de la moralidad y del orden. De ahí que considerase, como otros ilustrados españoles, que el fomento del matrimonio era un asunto primordial para el Estado. En su libro de 1808, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, señaló:

El interés de las costumbres, las ideas de honestidad, de decencia y los derechos sagrados de las familias, prohíben la unión promiscua de los sexos, y deben conspirar por todos los estímulos de que sea capaz el corazón humano, a afianzar la santidad de los matrimonios. (42) Así, este conjunto de leyes y discursos del despotismo ilustrado vinieron a reforzar la normatividad que regía la vida de las familias, basada en el modelo monogámico patriarcal, el cual sancionaba la despersonalización de las mujeres en función del sujeto masculino. Todo lo anterior tuvo su expresión también en dos de las ciudades portuarias más importantes de Hispanoamérica: Cartagena de Indias y La Habana.

Características de la sociedad y de la vida familiar en Cartagena de Indias y en La Habana

Entre 1759 y 1808, Cartagena de Indias y La Habana eran dos sociedades con múltiples diferencias, pero también con un conjunto de características similares, en cuanto eran las principales ciudades puertos del Caribe junto con Veracruz y Portobelo. Es necesario recordar que el florecimiento de estas ciudades en los siglos XVI y XVII se debió, en buena medida, al sistema en virtud del cual todo el transporte del oro y de la plata desde las colonias americanas se realizaba en dos flotas anuales: una, la de la Nueva España, que partía desde Sevilla a Veracruz, y otra, la denominada “de los Galeones de Tierra Firme”, que navegaba hacia Cartagena y Portobelo. Luego en La Habana se reunían las dos a fin de emprender el viaje de regreso a Europa.

Desde el punto de vista económico, entre 1759 y 1808 los mayores ingresos de Cartagena de Indias provenían del comercio, la ganadería extensiva y los situados o remesas de dinero provenientes del resto de las provincias del Virreinato de la Nueva Granada¹³. De igual modo, en esta etapa ocurrió un importante cambio en la economía cartagenera al producirse en muchas haciendas un tránsito del trabajo esclavo a la contratación de mano de obra libre, esencialmente campesinos mestizos, porque resultaba más barata esta opción que la compra y la manutención de los esclavos. Así, en la provincia de Cartagena existieron tres tipos esenciales de haciendas: las haciendas ganaderas, las cuales fueron las predominantes, ya que requerían de pocos esclavos y trabajadores libres puesto que se basaban en grandes extensiones de tierra en la que pastaba el ganado semisalvaje; las haciendas de labranza, atendidas en su mayoría por campesinos, en las que se cosechaban maíz, yuca, arroz y plátanos, entre otros renglones; y las haciendas trapiche, que sí contaban con numerosos esclavos para el cultivo de la caña de azúcar y la producción de mieles destinadas a la fabricación de aguardientes (Meisel Roca 257).

Por su parte, la segunda mitad del siglo XVIII marcó un nuevo rumbo para la economía de Cuba, y en particular de La Habana, tras el despegue de la plantación esclavista y el amplio intercambio comercial (Torres Cuevas 265-313). En el caso de la jurisdicción de La Habana, desde finales del siglo XVII se produjo una significativa transformación de su estructura agraria tradicional con las demoliciones de los hatos y corrales. Esto posibilitó un sostenido crecimiento de los ingenios y de la producción de azúcar (García Rodríguez 44).

En esta etapa resulta interesante resaltar una sustancial diferencia entre Cartagena de Indias y La Habana, y es el hecho de que en toda esta región de la costa atlántica neogranadina no se desarrollaron plantaciones, tal como ocurrió en el Caribe insular. Esto se debió a un conjunto de factores, como, por ejemplo, la poca calidad de los suelos y la accidentada topografía que generó zonas aisladas (Ripoll 69-87).

Esta estructura económica de Cartagena de Indias determinó en buena medida sus características sociales. Para 1777, año en que se realizó el primer padrón de la provincia y de la ciudad, Cartagena tenía un total de 118 378 habitantes¹⁴ . Con esa cifra era la segunda provincia con mayor número de población de la Nueva Granada, después de Tunja con 259 612 habitantes (Aguilera Díaz y Meisel Roca 16). Asimismo, la provincia tenía 86 poblaciones, repartidas en ciudades, villas, parroquias y pueblos, de las cuales Cartagena y Mompox eran las más importantes, tal como se puede apreciar en el mapa de la Figura 1.



A continuación, en la Tabla 1 se presenta la población de la provincia de Cartagena de Indias en 1777.



Varias cifras de este padrón resultan llamativas. Una de ellas es que solo el 8,1 % del total de los habitantes de la provincia de Cartagena eran esclavos, lo cual demuestra que aun cuando la esclavitud era importante no constituía el fundamento de la economía regional. Además, la mayoría de la población la constituían los libres “de color”. Debe precisarse que en esta categoría se incluía a todos aquellos que no fueran blancos, indígenas o esclavos, por lo que abarcaba distintas mezclas raciales. De la misma manera, en este grupo se contabilizaban los negros libres. Así, las personas libres “de color” constituían el 63,8 % del total de los habitantes de la provincia, tal como se puede apreciar en la Figura 2.



Para 1777, en la ciudad de Cartagena de Indias vivían 13 690 personas, lo que representaba el 11,6 % de los habitantes de toda la provincia. Asimismo, en la ciudad radicaban el 30,9 % de los blancos y el 26,9 % de los esclavos de la provincia.


En 1777, la ciudad estaba dividida en cuatro barrios que se encontraban dentro del perímetro amurallado: Nuestra Señora de la Merced, San Sebastián, Santo Toribio y Santa Catalina. Cartagena contaba también con un barrio popular, la Santísima Trinidad de Getsemaní, que se unía a la ciudad a través del puente de San Francisco.


Otra de las cuestiones interesantes que revela la consulta de este padrón es que en la ciudad de Cartagena apenas residían ochenta y ocho indígenas, es decir, el 0,6 % de los habitantes de la urbe, a pesar de que en la provincia representaban el 16,4 % del total. Algo similar ocurría en la ciudad de Mompox, en la que vivían solo noventa y cuatro indígenas. Esto indica que esta población era mayoritariamente rural.


Al igual que en la provincia, en la ciudad de Cartagena una parte importante de la población era libre “de color”, con el 49,3 %. No obstante, ese no es el hecho que más llama la atención, sino que la mayoría de la población en la ciudad eran mujeres. Contrario a lo que se podría pensar, en tanto esta era una plaza militar que contaba con cientos de soldados organizados para su defensa, Cartagena era, para 1777, un enclave en el que vivían un total de 1128 mujeres más que hombres. En el caso de los indígenas, las mujeres superaban en 32 a los hombres, en los libres “de color” esta cifra ascendía a 989 y entre los esclavos había 278 más mujeres que hombres. Solo entre las personas blancas los hombres superaban en 171 a las mujeres.



Con relación a los esclavos, es pertinente señalar que su estructura demográfica en este periodo no estaba determinada esencialmente por el arribo de nuevos africanos, cuyo número era muy pequeño, sino por la interacción entre la natalidad y la mortalidad. Esto puede contribuir a explicar la mayor presencia de mujeres, unido al hecho de que muchos propietarios de esclavos de esta época en Cartagena vendían a los hombres para que fueran a trabajar en las minas de otras provincias.

De igual modo, a partir del análisis de las cifras de este padrón, se puede conocer que el mayor número de las mujeres esclavas vivían en Cartagena y en Mompox. Esto se debía a que ellas jugaban un papel protagónico en los oficios domésticos y en las ventas callejeras de las ciudades. Algo similar ocurría con las mujeres libres “de color”, quienes también trabajaban en múltiples actividades como costureras, lavanderas, parteras, etc. Esta es una cuestión sobre la que se volverá más adelante.

En el caso de Cuba, a diferencia del Virreinato de la Nueva Granada, no existían provincias, pues su división administrativa se basaba en departamentos y jurisdicciones. La Isla contaba, en la etapa que se aborda, con tres departamentos y dieciocho jurisdicciones.

Al respecto, Jacobo de la Pezuela, en el Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, señaló lo siguiente:

Por espacio de dos siglos permaneció la Isla sin que tuviesen límites señalados claramente las demarcaciones territoriales de sus primeras poblaciones […]. No esperaron a corregirse esos errores hasta que en 1772 empezó el marqués de la Torre a disponer que se levantase el primer censo de población. En el documento que lo publicó dos años después, apareció la Isla dividida en tres departamentos, compuestos cada cual de territorios que parecían ser jurisdicciones de los centros de población que contenían. Dieciocho únicamente se determinaron en el citado censo de 1774. (127)

Esta división se mantiene en el Extracto del Padrón General de Habitantes de la Isla de Cuba, correspondiente a fines de diciembre de 1778¹⁵ . Según este, la jurisdicción de La Habana a la que aquí se hace referencia comprendía el actual territorio de la provincia de La Habana, con la excepción de las poblaciones de Guanabacoa, Santiago de las Vegas y Santa María del Rosario (4). De ese modo, para 1778, la jurisdicción de La Habana contaba con un total de 82 143 habitantes, cifra inferior a las 118 378 personas que vivían en la provincia de Cartagena para esta época.



Al revisar las cifras de este padrón se evidencian varias diferencias entre La Habana y Cartagena. En la jurisdicción habanera, el 31,5 % de sus habitantes eran esclavos, en contraste con el 8,1 % de la provincia de Cartagena. Esto demuestra el papel fundamental de la esclavitud para la economía de La Habana. Además, la mayoría de la población era blanca con el 54,9 % y los libres “de color” solo representaban el 13,6 % del total de los habitantes de la jurisdicción.



Además, para 1778 en la ciudad de La Habana residían un total de 40 737 personas, lo que prácticamente triplicaba el total de habitantes de Cartagena que ascendía a 13 690. Dicha cantidad significaba que en La Habana vivía el 38,2 % de los habitantes de toda la jurisdicción.

En 1778, La Habana intramuros estaba conformada por dos grandes cuarteles o distritos: La Punta, al norte, compuesta por los barrios de Dragones, El Ángel, La Estrella y Monserrate y Campeche; al sur, constituido por los barrios de San Francisco, Santa Teresa, Santa Paula y San Isidro. Por su parte, la ciudad de extramuros crecía rápidamente con barrios como Nuestra Señora de Guadalupe, Jesús María y San Lázaro.


A diferencia de Cartagena, en La Habana de 1778 la mayor parte de la población era blanca, con el 52,1 %. Mientras en la ciudad neogranadina el 49,3 % de sus habitantes eran libres “de color”, en La Habana estos representaban el 19,9 % del total de la población. Con relación a los esclavos, La Habana también tenía un mayor número, pues constituían el 28 % de su población, en tanto en Cartagena estos eran el 18,9 % del total de los habitantes de la urbe.

En la Figura 9 se pueden apreciar comparativamente estos datos poblacionales de las ciudades de Cartagena de Indias y de La Habana que aparecen en los padrones mencionados.


Con respecto a la cantidad de personas por sexo, en La Habana, a diferencia de Cartagena, los hombres constituían la mayoría de los habitantes. De hecho, en la ciudad, los hombres superaban en un total de 3809 a las mujeres. Esta correlación era así para los estamentos de los blancos y de los esclavos, pero no para los libres “de color”, en los que las mujeres superaban en 1349 a los hombres. Esto se debía, entre otros factores, al hecho de que muchas esclavizadas se dedicaban a los trabajos domésticos, por lo cual eran más susceptibles de ser manumitidas por sus amos (Cohen y Greene 7).


A pesar de todas las diferencias señaladas, Cartagena de Indias y La Habana tenían importantes similitudes en las características de la vida familiar. En ambas ciudades, el modelo hegemónico fue el de la familia monogámica patriarcal. Respecto a esta cuestión, Federico Engels señaló en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado:

[Fue] la primera forma de familia que no se basaba en condiciones naturales, sino económicas, y […] no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer. Por el contrario, entra en escena […] como la proclamación de un conflicto entre los sexos. (62-63)

El propio ritual de la boda eclesiástica consagraba simbólicamente dicha sujeción cuando, arrodillados los contrayentes ante el altar, el sacerdote cubría con un mismo paño los hombros del marido y la cabeza de la mujer. El móvil esencial para estos enlaces, entonces, se correspondía con la búsqueda de un pretendiente que estuviera acorde con su posición social. Aunque esta concepción tanto en Cartagena como en La Habana se hallaba arraigada de modo directo y como paradigma en casi todas las capas de la población, fueron las dominantes las que más la aplicaron porque eran realmente las que podían establecer esas decisiones económicas. En este sentido, los matrimonios pasarían a ser vínculos cada vez más estrechos dentro de un círculo endogámico, aunque la legislación canónica prescribía que el parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, configuraba un impedimento para el matrimonio. Sin embargo, estas prohibiciones podían superarse con la solicitud de una dispensa papal, a excepción de padres, hijos y hermanos, pues como señala Segalen en Antropología histórica de la familia: Aplicar estas reglas, impedir tales uniones, por el contrario, habría dificultado fuertemente la nupcialidad, en los sitios donde […] las redes sociales y familiares creaban las condiciones de matrimonios entre parientes. […] Así, pues, la Iglesia se veía obligada a conceder dispensas para que se celebraran este tipo de uniones. (111)

A fin de viabilizar los procesos de dispensas, la Iglesia autorizó a los prelados de Ultramar a que las concediesen sin necesidad de consultar a Roma. En el caso específico de Cuba, no se conoce si los obispos tuvieron estas potestades, pero lo que sí se sabe a partir del estudio de las dispensas papales otorgadas a cubanos que se encuentran en el Archivo del Ministerio de Ultramar de Madrid es que la mayor parte se concedieron a caballeros que deseaban casarse con la hija de alguno de sus hermanos o con la hermana de su difunta esposa. Estos modelos tenían implicaciones diferentes:

mientras los matrimonios con sobrinas reforzaban los lazos del grupo consanguíneo, los enlaces con cuñadas renovaban las alianzas entre familias distintas (Stolke 142-143).

En tal escenario, los enlaces de primos también se consideraban una acertada opción, teniendo en cuenta que con ellos se lograban salvar los obstáculos impuestos por las diferencias generacionales. De cualquier modo, para la celebración de los matrimonios entre allegados se invocaba siempre la ob angustiam loci, la cual el derecho canónico definía como la carencia de pretendientes de la misma condición social fuera del grupo de los parientes (Escriche 177).

Así, la endogamia familiar se convirtió en una práctica muy extendida. La revisión de los estudios genealógicos de Cartagena y de La Habana, en la etapa objeto de estudio, evidencia una red muy compleja de relaciones entre las familias de la oligarquía, al punto de que sus apellidos se entrecruzan con frecuencia. Estas familias se caracterizaban también por agrupar bajo un mismo techo a una amplia red de parientes, unidos por vínculos de consanguinidad (abuelos, padres, hijos) y de afinidad (cónyuges, primos, sobrinos, tíos, cuñados e incluso de agregados), junto con un número importante de esclavos.

Las estructuras de estas familias estaban condicionadas, además, por un sistema de herencias sustentado en la primogenitura masculina, es decir, en la concesión de ciertos privilegios al primero de los descendientes de un matrimonio en relación con el disfrute especial de las propiedades del progenitor y de la prerrogativa de decidir los destinos familiares. Esto iba en detrimento del resto de los sucesores (segundones) que, tan legítimos como el hermano mayor, eran puestos bajo su protección. Este mismo principio era el que figuraba en la base del otorgamiento de los mayorazgos o vinculaciones de bienes¹⁶ , los cuales constituían signos de distinción social y fuentes, en varias oportunidades, de notorios litigios judiciales.

Por otra parte, mientras en los sectores medios de ambas ciudades la mayoría de los núcleos familiares los integraban parejas con sus hijos solteros, en las capas populares las relaciones de amancebamiento¹⁷ no solo eran frecuentes entre blancos y libres “de color”, sino también entre estos y los indígenas, e incluso entre los blancos. Debe añadirse que la prohibición de los enlaces interraciales en este periodo fue una de las principales causas de la proliferación de los amancebamientos, llamados eufemísticamente, desde el siglo XVI, “amistades ilícitas”. En particular, para los integrantes de los niveles subalternos de la sociedad resultaba complejo acceder al matrimonio debido a los costos y los trámites que se exigían, la falta de clérigos en las áreas rurales y la necesidad que muchos individuos tenían de trasladarse de una región a otra en busca de trabajo (Ribeiro 163).

Por esa razón, entre las capas pobres constituía una práctica común y socialmente aceptada, sobre todo en las áreas rurales, que el hombre raptara a su novia para vivir juntos. Muchos lo hacían con la esperanza, sobre todo las mujeres, de casarse una vez lograran mejorar sus condiciones económicas. En la práctica, las autoridades coloniales toleraron las eufemísticamente llamadas “amistades ilícitas”, ya que fomentaban el crecimiento poblacional sin tener que formalizar los vínculos entre las parejas desiguales, ni abrir las puertas de las herencias a los hijos ilegítimos¹⁸ .

De este modo, en las capas populares, los hogares estaban integrados, fundamentalmente, por parejas que vivían en amancebamiento y sus hijos, madres solas con sus niños¹⁹ o por una gran variedad de residentes que de algún modo estaban relacionados entre sí y compartían una misma vivienda por necesidad o solidaridad; por ejemplo, en el caso específico de Cartagena, Pablo Rodríguez, en Sentimiento y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, afirma que para 1777, “el 19 % de las madres de la ciudad eran solteras” (83), la mayor parte de las cuales eran libres “de color” y vivían en el barrio de Getsemaní.

Otra característica importante, común a todos los grupos familiares de las ciudades de Cartagena y de La Habana, fue la concepción falocrática de la familia monogámica que asignaba a las mujeres un rol de sumisión y dependencia. De ahí que tanto la Iglesia como el Estado consagraban la despersonalización femenina en función del parentesco masculino: por el padre y los hermanos, mientras eran solteras; por los esposos cuando se casaban y en el caso de las huérfanas podían ser representadas por cualquier varón de sus familias, o a falta de estos por tutores.

Así, la mayor parte de los conflictos familiares tenían su origen, precisamente, en esta valoración ideológica, reforzada por una legalidad que se basaba en la asimetría de los sexos. Por este motivo, resulta imprescindible el estudio del control social que se ejercía en esta época sobre los comportamientos de las mujeres, en ambas ciudades.

El control social sobre los comportamientos de las mujeres en Cartagena de Indias y en La Habana

Como en el resto de Hispanoamérica, en Cartagena y La Habana la Iglesia y el Estado se empeñaron en regular las conductas femeninas en los distintos espacios sociales. Estas normas postulaban que los proyectos de vida fundamentales de las mujeres eran el matrimonio y la maternidad.

En concordancia con lo anterior, se consideraba esencial que, una vez casada, la mujer procreara. Por esta razón, no podía hablarse de violencia carnal cuando el marido la forzaba a tener relaciones sexuales. Sin embargo, en algunas ocasiones, la propia maternidad se consideraba un inconveniente si el sexo de la prole no se correspondía con las expectativas o necesidades familiares. La preferencia por los varones, básicamente, se sustentaba en razones económicas, ya que las hembras contribuían, a través de la dote, con bienes a la sociedad conyugal. Para las familias más pobres, que no podían dotar a sus hijas, los hombres representaban la garantía del sostén hogareño.

Con frecuencia, las mujeres eran víctimas de privaciones de alimentos, humillaciones, palizas y amenazas por parte de sus maridos²⁰ . Eso atestigua un patrón de actuación que abarcaba a todas las clases sociales²¹ . Estas agresiones alcanzaban niveles más crueles cuando estaban asociadas a los adulterios, por lo general masculinos.

Respecto a este último aspecto, debe explicarse que aun cuando la Iglesia consideraba la infidelidad un pecado y la legislación civil la sancionaba como una forma de sexualidad no permitida, en la práctica al hombre le resultaba lícito frecuentar los prostíbulos²² y mantener relaciones amorosas paralelas a su matrimonio, siempre que lo hiciera de manera discreta. Mientras que las mujeres que osaban traicionar a sus esposos eran castigadas severamente, pues el adulterio femenino no solo colocaba en entredicho la virilidad del esposo y la paternidad de los hijos, sino también mostraba su incapacidad de regir los destinos hogareños. De hecho, en Las Siete Partidas se autorizaba a los maridos a matar a sus cónyuges, junto con sus amantes, siempre que “las atrapasen in fraganti” (404), o a acusarlas de adulterio hasta cinco años después de ocurrida la traición.

De hecho, cuando a una esposa se le probaba en un juicio la perpetración de semejante falta era azotada públicamente, despojada de sus bienes y encerrada en un convento. En tal situación, solo el marido estaba facultado para perdonarla y retornarla al hogar, antes de que se cumplieran dos años de su enclaustramiento²³ , pero se aclaraba que “si por ventura no la quisiese perdonar, o muriese antes, […] entonces debe recibir el hábito del Monasterio, y servir en él a Dios para siempre, como las otras monjas” (405). Entre tanto, una parte o la totalidad de sus propiedades, si no existían herederos, pasaban a manos de esa institución.

Así, el honor de la familia debía preservarse en todo momento, tal como lo precisó en 1783 el Consejo de Indias al proclamar que “cualquier mancha en uno u otro individuo de la ascendencia es trascendental a toda la generación” (Konetzcke 533). A causa de esto, la sociedad exigía que cualquier injuria fuese atajada de inmediato. Cuando no se obtenía una satisfacción, se reparaba con sangre la ofensa en un duelo, se preservaba el secreto o se promovía una demanda legal.

Con relación a esta última cuestión, resulta interesante señalar que, para la segunda mitad del siglo XVIII, solían presentarse muchas demandas en torno al incumplimiento de las promesas matrimoniales. Dicha práctica formaba parte de una antigua costumbre, en virtud de la cual una pareja podía intercambiar solemnemente la promesa de casarse en el futuro e iniciar su convivencia como marido y mujer. Tales compromisos, mucho de los cuales solían prolongarse por años, se consideraban prácticamente equivalentes al matrimonio mismo. Sin embargo, el Concilio de Trento deslegitimó estos acuerdos, según los cuales las parejas podían mantener relaciones sexuales bajo la promesa de contraer matrimonio.

De ahí que, para fines del siglo XVIII, la palabra de matrimonio había evolucionado hacia una pálida versión de lo que era antes del Concilio, cuando en este tipo de ceremonias las parejas no solo se prodigaban de manera solemne sus votos, sino que además intercambiaban bienes, por lo que eran muy pocos los que se arrepentían antes de la celebración de la boda. Para estos años, en cambio, las promesas de casamiento solían implicar solo un compromiso secreto entre los jóvenes amantes o una especie de ceremonia en la que la pareja intercambiaba simbólicamente algunos regalos en presencia de su familia y amigos.

Todo esto llevó a Carlos IV, en 1804, a expedir una “Real Orden sobre demandas por palabras de casamiento”, en la cual se lee:

Que, en ningún Tribunal eclesiástico ni secular, se admitan demandas de casamientos sobre las palabras que dan los hombres a las mujeres, a menos que justifiquen estas con escritura pública, pues de lo contrario no serán oídas sus demandas, por lo que se publicará esta Orden después de misa mayor del primer domingo para que llegue a noticias de todos, para que los padres cuiden a sus hijas y estas no se dejen engañar con palabras de casamiento. (180)

Así, si una mujer era seducida por su prometido, se embarazaba y luego el joven fallecía o se negaba a última hora a casarse, la familia quedaba en una delicada situación²⁴ . Por lo general, sus parientes optaban por encerrarla en la casa y retirarla por completo de las miradas extrañas. Al nacer el niño, podían entregarlo a cualquier matrimonio conocido que deseara criarlo como suyo (omitiéndose en la fe de bautismo el verdadero nombre de la madre), o dejarlo en la Casa de Beneficencia y Maternidad para, posteriormente, recuperarlo en calidad de “huérfano”. De esta manera, su secreto debía permanecer en las sombras, porque las mujeres eran, en gran medida, las depositarias del honor de la familia (Twinam 63-65).

No obstante, en algunas ocasiones, estos secretos se conocían después de muchos años, por lo general poco antes o después del fallecimiento de sus protagonistas. Esto les sucedió a María Andrea, vecina de Cartagena, y a Francisca y a Antonia, ambas de La Habana, quienes crecieron considerándose huérfanas.

En el caso de la primera, fue su padre el teniente Lorenzo de Parga el que le confesó en su testamento, en 1799, toda la historia de su origen. María Andrea era el fruto de su relación con María Candelaria Ricardo Ceballos, a quien había dejado embarazada unos meses antes de que su regimiento fuese trasladado a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. En esa situación de soledad y abandono, la madre de María Andrea solo encontró una salida: dejar a su hija en la Casa de Beneficencia, donde fue bautizada como una niña expósita (900-912).

Algo similar le había ocurrido antes a Francisca, nacida el 28 de enero de 1735 en La Habana. Como expresó en su solicitud de legitimación, fue abandonada en la noche de su nacimiento en la Casa de Beneficencia y Maternidad. Una vez bautizada con el nombre de Francisca Sale Valdés, fue entregada a María de Flores, la cual se encargó de su crianza. No fue hasta 1777 que María, en su testamento, le confesó que era su verdadera madre (5).

Otro fue el caso de la solicitud de legitimación de Antonia, pues su madre, Beatriz Blanco de la Poza, la buscó algunas semanas antes de morir para contarle la historia de su nacimiento. En 1765, después de pasar varios años educándose en un convento de La Habana, Beatriz había regresado a su hogar por motivos de salud. Allí vivía prácticamente recluida en su habitación, pero ese hecho no evitó que conociese a un socio de negocios de su hermano que frecuentaba su casa. Lázaro del Rey Bravo era un español casado y sin hijos, su esposa permanecía en la península y mientras él se hallaba en La Habana recibió una carta en la que le daban la noticia de su fallecimiento. A raíz de eso, Lázaro le propuso matrimonio a Beatriz y la convenció de tener relaciones sexuales con él, fruto de las cuales quedó embarazada. Sin embargo, los planes de la boda se suspendieron cuando Beatriz y su familia se enteraron de que la esposa de Lázaro aún vivía, a pesar de su delicado estado de salud²⁵ . Esto obligó a los padres de Beatriz a trazar una estrategia para ocultar su embarazo. Tras el nacimiento de su nieta, en 1766, le encargaron a un sacerdote de “íntima confianza” que la bautizara como “huérfana” y que velara por su crianza (3).

Otro aspecto que se debe analizar en sociedades clasistas y estamentales como la cartagenera y la habanera de este periodo era el de la virginidad previa al matrimonio, imprescindible a fin de sostener el honor de las mujeres blancas, y también primordial para muchas familias “de color”. Esta cuestión se puede comprobar en una solicitud de legitimación remitida al Consejo de Indias en 1789 por un residente de Cartagena. En esta, el viudo Manuel José de Escobar narraba cómo, en 1780, había conocido a María Trinidad Miranda, quien era una mujer mulata cuyos vecinos describían como “de color blanco y pelo liso” y que vivía “con el mismo recogimiento y honestidad en la que la criaron sus padres”. Pertenecía a una familia con ciertos recursos económicos, pues su padre, como señaló Manuel José, “vestía de casaca y ceñía espada, denotando en esto, el grado de calidad”. Aunque el viudo sabía que no podía casarse con María Trinidad, por ser él un hombre blanco y considerarse esta unión racialmente desigual, habían sido los “propios impulsos de la fragilidad humana los que lo habían llevado a persuadirla” de tener relaciones sexuales, después de cuatro años de cortejo. Así, Manuel José detallaba “el estado virgen en que la halló” a sus treinta y siete años y cómo, fruto de estos encuentros, nació un niño en 1785, al que deseaba legitimar para que gozara de “honores y privilegios” (4-4v).

En consonancia con lo anterior, la mayoría de la sociedad asumía que toda mujer “honesta” llegaba virgen a su noche de bodas. Por tanto, desde la infancia se debía educar a las mujeres en los principios de la castidad y del decoro. De este modo, incluso una parte de la formación moral femenina estuvo signada por los cánones de belleza dominantes, ya que la apariencia se consideraba reflejo de la espiritualidad del alma. Por esta razón la vestimenta de las mujeres debía mostrar su integridad: las faldas largas y voluminosas, acompañadas de un corsé que hacía lucir la figura más delgada, propiciaban que los movimientos de una dama, sus gestos, reflejaran la delicadeza y ternura “propias de las mujeres”, en oposición a la virilidad de los hombres. Así, la ropa, además de cubrir las carnes, constituía en cierto sentido una extensión simbólica del cuerpo. Además, los trajes revelaban diversos rasgos de la personalidad del individuo y su rango y clase social (Knibiehler 344-345).

Al mismo tiempo, no cesó de ejercerse una estrecha vigilancia sobre las transgresiones en esta materia. El camisón, por ejemplo, dejó poco a poco de tolerarse fuera de la alcoba pues se convirtió en el emblema de una intimidad erótica a la que no se podía hacer la menor alusión. Además, a las mujeres se les prohibía, de manera expresa, vestir como los hombres.

Incluso utilizar indumentarias muy “provocativas” conllevaba a una pérdida total de derechos en caso de violación. Esto fue lo que le sucedió a la joven cartagenera Manuela Morera, tal como consta en el expediente de violación abierto contra Pablo Cano, en noviembre de 1787. Manuela era una mulata libre que vivía en el barrio popular de Getsemaní, quien para subsistir vendía dulces por las calles de la ciudad. Cano era también un mulato libre, vecino de su mismo barrio. Cano fue liberado de la Real Cárcel en la que se encontraba preso y exonerado del delito de violación el 26 de enero de 1788, tras argumentar al juez que él había desflorado a Manuela pues esta vestía siempre “con trajes muy provocativos que invitaban al agravio” (502).

Algo similar ocurría en La Habana, donde la vestimenta de las mujeres se hallaba estrictamente regulada por los bandos de Buen Gobierno. En este sentido, resulta interesante mencionar que en el “Bando” publicado por el gobernador y capitán general Diego José Navarro en 1778 se estableció que las mujeres tenían que salir a las calles vestidas “honestamente”, por lo cual todas aquellas que usasen trajes “provocativos” y tratasen a los hombres “con libertad” debían ser castigadas por las autoridades. En los casos de las mujeres libres, la pena consistía en seis meses de reclusión en la Casa de Recogidas²⁶ , y en los de las esclavas se multaba a sus amos con distintas cifras de dinero (73).

Por otra parte, el uso de la cosmética se hallaba íntimamente relacionado con los conceptos de belleza y salud predominantes. Durante el siglo XVIII, entre las mujeres de las familias adineradas de Cartagena y de La Habana predominó el ideal de lucir un cutis blanco de mejillas sonrosadas. Para lograrlo se recurría al blanquete, el cual se vendía en unas botellitas importadas de Francia o se elaboraba en el hogar a base de talco y vinagre destilado.

Los productos cosméticos llegaron a utilizarse hasta en la dentadura. Las mujeres, algunas todavía jóvenes, utilizaban distintas tinturas para el esmalte de sus dientes. Por su parte, los perfumes jugaban el rol protagónico en el arte de la seducción. A finales del siglo XVIII e inicios del XIX existía preferencia por esencias tales como las aguas de lavanda y las colonias, a tono con las tendencias europeas que preconizaban el uso de aromas frescos.

Para las mujeres pobres, sin embargo, la belleza constituía una amenaza a su virtud sexual. Se caracterizaba a la joven humilde y bonita como víctima de su llamativa apariencia. Su historia parecía previsible: la primera falta en brazos de un seductor, luego la vergüenza y la desaparición en el anonimato. La belleza lucía entonces como un factor revelador de una doble indigencia: “la de la fortuna y la educación, que habrían permitido la construcción de una virtud protectora” (Nahoum-Grappe 112).

Las seguidoras acaudaladas de las últimas modas, tanto en Cartagena como en La Habana, usaban varios trajes al día: unos, en la intimidad del hogar y otros para asistir a misa o salir de paseo. Sus vestidos, confeccionados de finísimas telas, se complementaban con mantillas, chales, zapatillas de raso, abanicos y lujosas joyas. Una descripción de algunos de estos trajes que usaban las damas cartageneras la plasmó el fraile franciscano Juan de Santa Gertrudis²⁷ en su libro Maravillas de la naturaleza:

El traje de las señoras es una camisa con labores de seda de colores, y […] de hilo de oro y plata también, formando un cuello de tres dedos de ancho […]. Y en las faldas un encaje de cuatro dedos de ancho. […] Para salir de casa usan manto de tafetán y saya de lo mismo y su media de seda […]. Pero su gala principal consiste en dos cosas: la primera es que cuando la señora sale de la casa vayan tras ella, una tras otra, todas las esclavas […]. La segunda es que, para mandar algún […] regalito, la esclava que lo lleva la engalanan […], y lo que lleva va tapado con un paño muy rico, todo bordado de seda en variedad de colores. (32-34)

Como lo menciona Santa Gertrudis, estas mujeres de la oligarquía, quienes contaban con el servicio de varias esclavas, se dedicaban durante el día a coser, bordar, supervisar la preparación de la comida y velar por la educación de los hijos. Sus casas permanecían abiertas al exterior y en sus salones se celebraban lujosos bailes y animadas tertulias, en las que se comentaban libros, sucesos políticos y culturales, las tendencias de la moda en Europa, o simplemente se intrigaba contra ciertas personas. Las iglesias, tiendas, teatros, paseos y plazas eran espacios en los que también podían exhibir sus encantos.

Entre tanto, en los sectores medios y populares de ambas ciudades las esposas permanecían siempre atareadas. Por una parte, llevaban las cuentas a fin de que alcanzase el dinero para cuanto hacía falta, y, por otra, realizaban sus faenas domésticas. Muchas de estas mujeres trabajaban como lavanderas y costureras en sus propios hogares, los cuales se transformaban en especies de talleres. Con frecuencia, los salarios que percibían eran ínfimos.

Ahora bien, en Hispanoamérica la proyección socio-laboral femenina quedó signada por las restricciones que imponía la configuración de sus roles sociales. De esta manera, la “Real Resolución del 12 de junio de 1784”, al tiempo que autorizaba a las mujeres a trabajar en actividades remuneradas, especificaba que debían hacerlo en los oficios “propios de su sexo” (Marrero 151). Dada su “anatomía” y carácter “carente de razón”, se consideró que los trabajos más apropiados para ellas eran las faenas limpias, ordenadas y meticulosas, como, por ejemplo, las de dulceras, panaderas, modistas, tejedoras y zapateras.

Sin embargo, desde siglos antes, las negras y mestizas recorrían las calles de las principales ciudades hispanoamericanas, como Cartagena y La Habana, realizando las más disímiles labores. El propio Santa Gertrudis, en otro de los pasajes de su obra, relataba la cotidiana y antigua presencia de las vendedoras de frutas y dulces en las calles, plazas y mercados de la ciudad, con lo cual se sostenían si eran libres o les pagaban el jornal a sus amos si eran esclavas:

Reparé […] en las mujeres que venden en las plazas sentadas en la tierra, […], cada una con sus platos […]. Reparamos también que algunas negras venían llevando sobre la cabeza unos platones grandes […]. Como eran muchas, se nos excitó la curiosidad de saber qué habían de hacer con tantos platones. Llegamos a un hombre que vendía tasajo: así llaman a la carne salada y seca al sol, y advierto que en Cartagena no hay carne fresca, sino de aves. Yo le pregunté: […] ¿para qué son estos platones que traen estas negras? Él me respondió: Padre, esos no son platos. Este, es el pan que por lo común se come en esta tierra. A esto le llaman cazabe. Él allí tenía un pedazo y nos lo dio a probar, y nos pareció malísimo. (20-21)

Resulta importante aclarar que, en ninguno de los dos padrones, ni en el de 1777 de Cartagena ni en el de 1778 de La Habana, se registraron las actividades remuneradas realizadas por las mujeres. Sin embargo, en muchas otras fuentes históricas, como, por ejemplo, los diarios de los viajeros y los protocolos notariales, quedaron reflejados estos oficios en los que ellas se desempeñaban. Es importante subrayar que algunas de estas mujeres negras y mestizas llegaron a ser dueñas de propiedades en las que montaban sus propios negocios. Por ejemplo, en el caso cartagenero, en estos años existían varias mujeres dueñas de pulperías, especie de tiendas en las que se vendían distintos artículos tales como comidas, bebidas, velas, carbón y telas. Eran espacios muy concurridos, especialmente por los sectores populares, en los que también se bailaba, se realizaban peleas de gallos y se jugaba a los naipes y a los dados (Navarrete 65-80).

Otros oficios que también ejercían las mujeres en esta etapa, en Cartagena y en La Habana, eran los de parteras, nodrizas y maestras. Con relación a las parteras, María del Carmen Barcia Zequeira, en su libro Oficios de mujer, resalta una cuestión muy significativa y es el hecho de que, a partir de la “Real Cédula del 21 de julio de 1750”, se exigió a las parteras en España y en América una licencia que avalara sus conocimientos, lo que implicaba que tenían que ser examinadas por los tribunales de los protomedicatos. A lo anterior se sumó la “Real Cédula del 6 de mayo de 1804”, en la cual se reguló el aprendizaje y las pruebas que debían vencer estas mujeres, así como se instauró un registro para su control (Barcia Zequeira 33-34).

No obstante, en el caso habanero la “Real Cédula de 1750” se aplicó parcialmente, ya que en esta se disponía que solo podían ejercer como parteras las mujeres viudas o casadas que pudieran acreditar su “limpieza de sangre”. En la práctica se eximió a las interesadas de este último requisito, por lo cual una buena parte de las parteras que se presentaban a estudiar y a examinarse eran mujeres mulatas y negras. Asimismo, se llegaron a aceptar mujeres solteras que acreditaban su “buena conducta” mediante certificados expedidos por los alcaldes de barrio o por los sacerdotes de sus parroquias (Barcia Zequeira 74-75).

Entre tanto, en los barrios populares de la ciudad la mayoría de las maestras eran también mujeres mulatas y negras. Una buena evidencia de lo anterior es el “Informe del primer censo escolar”, realizado por el fraile franciscano Félix González, por encargo de la Real Sociedad Patriótica de La Habana y dado a conocer el 8 de agosto de 1793. En este Informe, González mostró que de las treinta y nueve escuelas de primeras letras que funcionaban en La Habana de intramuros, treinta y dos las dirigían mujeres “de color” a las que asistían niños blancos, mulatos y negros de ambos sexos a bajos costos o de forma gratuita (89-90).

Es necesario añadir que, a raíz de la publicación de esta información, la Real Sociedad Patriótica dispuso la creación de centros de enseñanza por separado para niñas y niños blancos en los que se excluyera de sus claustros a las maestras negras y mulatas. Esta cuestión la estudió Alejandrina Penabad y Enrique Sosa en el segundo volumen de su obra Historia de la educación en Cuba, en la que señalan: La Sociedad Patriótica habanera se esforzó por establecer una instrucción primaria para el beneficio exclusivo de niños blancos, también con exclusión de maestras “de color”. Así quedó recogido en un acuerdo tomado en su seno en 1794. Antes de establecerse la Sociedad […], en La Habana la discriminación racial en las escuelas no era la regla general. (91)

A contrapelo de dicha prohibición discriminatoria, en la mayoría de las escuelitas de barrio continuó la mezcla de colores. En estos recintos se enseñaba a las señoritas a leer, escribir, contar, realizar labores “propias de su sexo” y se les inculcaba la doctrina cristiana. Así, aunque la historia de las mujeres fue sometida a una estricta codificación, en realidad resultaría erróneo pensar que en esta época ninguna transgresión forzó los cerrojos de los límites impuestos a la vida femenina en Cartagena de Indias y La Habana.

Las mujeres se defienden en los tribunales por adulterio y sevicia

La consulta de las fuentes judiciales, tanto eclesiásticas como seculares, devela una amplia gama de situaciones de conflicto en las que las mujeres asumían un rol protagónico. Debe precisarse que aun cuando se sancionaba que las mujeres casadas carecían de personalidad jurídica propia, tal como se expuso, Las Ochenta y Tres Leyes de Toro establecían que ellas no necesitaban del permiso marital a fin de “responder en causa criminal” ni para entablar litigios en su contra (455). Así, cada uno de los expedientes de adulterio, sevicia y divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem localizados en los fondos del Archivo General de la Nación de Colombia y en el Archivo Nacional de Cuba, contienen relatos de vidas de mujeres, aunque parciales, en razón a las características de este tipo de documentación y a las huellas dejadas por el tiempo en sus páginas (Hernández Fox 1).

En el caso del adulterio, este se juzgaba por un doble rasero que consideraba tolerable los asuntos extramatrimoniales de los hombres mientras penaba con dureza a las mujeres por igual motivo. En la práctica, la castidad solo se exigía a las mujeres, en tanto las aventuras amorosas eran bien toleradas y constituían un signo de “hombría”. En particular, el adulterio femenino quebrantaba los fundamentos de la sociedad y de la familia al colocar un signo de interrogación en torno a la legítima paternidad de los hijos, cuestión que afectaba incluso a las viudas, quienes no podían contraer nuevas nupcias hasta un año después del fallecimiento de sus consortes.

La opinión, en virtud de la cual las esposas debían pasar por alto los adulterios de sus parejas, se vio reforzada por el hecho de que los padres de familia acordaban los matrimonios de sus hijos sin contar con sus sentimientos. Eso determinaba que los novios apenas tuviesen oportunidad de conocerse antes de la celebración de la boda. No obstante, a partir de la Contrarreforma se impuso un mayor secreto a las relaciones adúlteras. Se veía mal que un hombre hiciese gala de sus amantes y concubinas con desparpajo o que testara a favor del fruto de dichas relaciones (Hernández Fox 2).

De igual modo, el honor de los esposos dependía de la castidad femenina. Un marido cornudo perdía prestigio ante la sociedad y llegaba a considerársele inhabilitado para desempeñar honorablemente cualquier tipo de cargo público. Ese fue el caso del capitán Francisco Piñero. Tal como quedó registrado en los “Autos sobre el recurso hecho a este superior gobierno por don Francisco Piñero sobre el adulterio atribuido a doña Luisa Llerena su mujer”, Piñero era oficial de una de las compañías del batallón que protegía la ciudad de Cartagena de Indias. El 27 de septiembre de 1759, acompañado de su abogado, Nicolás Dávila, se presentó ante el procurador de la Real Audiencia, Gabriel Martínez, a fin de exigir se le informaran los nombres de las personas que habían acusado a su esposa Luisa Llerena de serle infiel con Juan de Arreche, padrino de bautismo de su hijo.

Y solemnemente presento y juro […] que la alevosía de algunos de los vecinos de aquella cuidad, poco temerosos de Dios y de la Real Justicia han tenido el arrojo de difamar a Doña Luisa Llerena su mujer, y por consiguiente a mi parte, […] en atribuirle comercio ilícito con Don Juan de Arreche […] sin otro fundamento que frecuentar este y su mujer la casa de mi parte, con motivo del vínculo espiritual que con los dichos tiene; y porque semejante injuria no es tolerable cuando de ella resulta lastimarse el honor de mi parte, y de su mujer que aprecia más que la vida, y contemplando que las justicias de aquella ciudad han de excusarse de proceder en este asunto […]: ha tenido por de su propia obligación para vindicar su honor el ocurrir a […] Vuestra Excelencia para que se sirva […], poner en su conocimiento los sujetos de quien dimanó la injuria con que ha sido difamado para […] establecer en su contra los recursos que correspondan. (324-324v)

Efectivamente, el 30 de agosto de ese año, un grupo de oficiales del batallón de Cartagena de Indias se habían dirigido a Diego Tabares, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, gobernador y comandante general de la ciudad, con el propósito de exponer la razón por la cual se negaban a relacionarse y aparecer en distintas actividades públicas con su compañero de armas Francisco Piñero. Según ellos, Piñero no era un hombre honorable, ya que conocía y toleraba la relación adúltera de su mujer con su compadre Juan de Arreche.

Señor. El cuerpo de capitanes del batallón fijo de esta plaza, se me presentó los días pasados judicialmente, pidiéndome les admitiera una información secreta que convenía a su derecho hacer de la notoriedad de los vicios y escándalos de Doña Luisa Llerena, y del consentimiento de su marido el capitán Don Francisco Piñero, asegurando al mismo tiempo que lo ejecutaban sin otro fin, que el de instruir a la superioridad […] de los justos motivos que los movieron para resolverse a no alternar con dicho Piñero. (328)

Ante esta grave acusación, el 2 de noviembre de 1759 se presentó la propia Luisa Llerena ante la Real Audiencia. En su declaración, no solo acusaba a los compañeros de su esposo de haber orquestado la acusación de adulterio para lograr apartarlo de su cargo en el ejército, sino que también señalaba al propio gobernador y comandante general, Diego Tabares, de ser el máximo responsable de esta conspiración. Según Luisa, Tabares tenía gran interés en perjudicar la carrera de su esposo y también deseaba vengarse de ella.

Señor Gobernador y Comandante General. Doña Luisa Llerena Polo del Águila, mujer legítima del Capitán Don Francisco Piñero, que lo es del batallón prefijo de esta plaza, […], comparezco ante Vuestra Señoría y digo: que […] ha llegado a mí, noticia que da instancia de que los enemigos del hombre con que brilla mi heredada nobleza, […], actúan ante Vuestra Señoría cierta información […] sobre el ilícito comercio que se le denunció entre mí y mi compadre Don Juan de Arreche, exponiendo que este corría con el vil consentimiento de mi consorte honrado. Y trata Vuestra Señoría de averiguar, pesquisar y juzgar, […] sobre el crimen con que mi marido es capitulado y la justificación de los delitos de que yo he sido acusada con los mismos capitanes, y entre ellos los más capitales enemigos de mi honra, y no se ignora Señor Gobernador, por otra parte hablando con el mismo respeto, que Vuestra Señoría se tiene como principal interesado en mi deshonra y que por fines particulares que mi honra sabrá justificar a su tiempo, es ya empeño de Vuestra Señoría no que salga la verdad de mi recato a la luz, sino que en apoyo de lo mucho que inconsideradamente ha hablado la maledicencia, resulte la comprobación bastante de los delitos de que he sido acusada. (325v-326v)

Aunque a ciencia cierta nunca se supo los motivos por los cuales Tabares deseaba destruir la reputación de Luisa, el hecho fue que, luego de su presentación y de su enfrentamiento directamente con este, el caso fue cerrado. ¿Acaso Luisa conocía algún secreto comprometedor para la honra del propio gobernador y comandante general de Cartagena de Indias? ¿Tabares comprendió que era mejor dejar esta cuestión así antes de que el escándalo lo perjudicara también a él como principal autoridad de la ciudad? Como es de suponer, esas respuestas no aparecen en el expediente judicial y quedan en el marco de la imaginación histórica.

No obstante, cabe destacar que la revisión de los archivos cartageneros y habaneros muestra cómo la mayoría de las acusaciones de adulterio las presentaban ante los tribunales las mujeres. Así, de los siete casos de adulterio localizados en el Archivo General de la Nación y de los seis consultados en el Archivo Nacional de Cuba, solo en el de Luisa Llerena se acusa a una mujer. En los restantes son las esposas las que acusan a sus cónyuges por adulterio.

Ahora bien, para que una esposa pudiera demandar a su pareja por adulterio debía demostrar que esta situación había alcanzado niveles intolerables, de modo que llegaran a amenazar su propia integridad física. De hecho, salvo excepciones, las esposas consideraron que las infidelidades constituían el motivo principal por el que sus cónyuges las golpeaban y las maltrataban, dado que a menudo reaccionaban con violencia a sus recriminaciones. Así, varias mujeres señalaron en sus testimonios que tras descubrir las relaciones de concubinato que mantenían sus maridos²⁸ estos las habían comenzado a golpear de manera cotidiana.

No obstante, para aquellas esposas cuyo objetivo fundamental era lograr una rectificación de la conducta de su pareja, el divorcio no resultaba el recurso más apropiado. Por tanto, canalizaban sus denuncias de adulterio y de sevicia ante las instancias civiles (Hernández Fox 7). Observemos la declaración de una de estas mujeres de La Habana, en enero de 1808, que aparece en el expediente titulado “Doña Josefa Claret contra su consorte Don Juan Bautista Serra por sevicia”:

No es mi ánimo divorciarme a menos que él reincida en su trato cruel y áspero, pero sí que el Tribunal con conocimiento de sus imperfecciones le imponga las reglas con que debe manejarse ceñidas a nuestra legislación real y sagrados Derechos canónicos y con este objeto a Vuestra Señoría suplico se sirva disponer que se cite a mi marido a una concurrencia […] para que en ella sea reprendido, se acuerde el modo con que debe portarse y se le aperciba en el caso de faltar a las obligaciones que se le impongan o que en otra manera haga abuso de la autoridad de cabeza que tiene por el matrimonio. (5-5v)

Trece años atrás, en 1795, Josefa Claret había contraído matrimonio con Juan Bautista Serra. En un principio, su unión trascurrió de manera armónica, ayudándole ella a establecer una tienda. Además de las labores domésticas contribuía, ribeteando zapatos, a la economía de la casa. De este modo acumularon de manera progresiva una suma importante de dinero con la que adquirieron varios inmuebles y un almacén.

Desde que este hombre empezó a mejorar de suerte fue declinando su voluntad hacia mí, de tal manera que no solo estoy reducida al último desprecio suyo, como si no fuese su mujer, sino que de día en día recibo los vituperios, los ultrajes y amenazas porque quiere que yo le disimule los desórdenes […] con las propias esclavas llegando al extremo, no solo de tratarme de ahogar hace tres días sino de estarme botando insensatamente a la calle como si yo no tuviese en los bienes tanto dominio como él. (2)

Josefa narraba también que las palizas tenían lugar, por lo general, entrada la madrugada, cuando le resultaba muy difícil refugiarse en la casa de sus familiares o acudir a las autoridades para solicitar auxilio. Su vergüenza en ese sentido era inmensa, pues su marido la obligaba a vagar por las calles, a sabiendas de que la sociedad fijaba que las mujeres decentes no salían a “deshoras de la noche” de sus hogares (Hernández Fox 8).

La capacidad de resistencia femenina, en momentos tan difíciles, quedó demostrada a través de la solidaridad que existía entre las mujeres, no solo en las familias, sino también en el interior de las comunidades. Sin este inestimable apoyo, probablemente muchas no hubiesen conseguido enfrentar y solucionar sus problemas (Hernández Fox 8-9). Por tal motivo, Josefa valoraba de invaluable la solidaridad mostrada por su amiga Lucía Ordóñez, “viuda, de madura edad y notoria honradez” (5v), en cuya casa encontró abrigo luego de ser expulsada de la suya propia.

No obstante, para Josefa vivir aquí, sin un centavo siquiera para adquirir alimentos, constituía un ultraje a su dignidad. Máxime, cuando en el seno de su morada el marido compartía el lecho con varias “mujerzuelas”. Juan Bautista, entre tanto, intentó dilatar el proceso judicial puesto en marcha por su esposa. En vista de eso, Josefa llegó a presionarlo con el divorcio, pues la Recopilación de Leyes de Indias estipulaba que los bienes gananciales, o sea, aquellas propiedades comunes y rentas percibidas por cualquiera de los cónyuges durante su matrimonio, se dividían si se dictaba a su favor una sentencia de este tipo (734). Solo entonces Serra acudió ante el tribunal con intención de mostrar arrepentimiento por sus acciones. El 9 de marzo de 1808 comparecían ambos para “quedar persuadidos de la obligación de reunirse y vivir en paz cumpliendo cada uno con sus deberes” (9-9v).

Debe explicarse que el examen de este tipo de documentación muestra que estas agresiones, como, por ejemplo, las que sufrió Josefa, estaban íntimamente asociadas con la ideología patriarcal que asignaba a las mujeres, al considerarlas más débiles en cuerpo, mente y carácter que los hombres, un rol de sumisión y dependencia en todas las relaciones, incluidas las conyugales. Los maridos, erigidos en guardianes supremos de la reputación de la familia, debían velar con especial “celo” y “firmeza” por el comportamiento honorable de su pareja. Por tanto, la violencia doméstica constituía un fenómeno común en todos los niveles educativos, estamentales y clasistas de las sociedades de Cartagena y de La Habana.

Asimismo, el análisis de los casos de sevicia de esta época en ambas ciudades demuestra que las esposas no siempre se comportaron como víctimas indefensas que soportaban todos los desmanes de sus maridos. Su actitud de denuncia significaba un desafío a la autoridad masculina. Eso invita a revalorizar, en alguna medida, la imagen que durante mucho tiempo se tuvo de las mujeres de los siglos XVIII y XIX como seres completamente pasivos e indefensos (Hernández Fox 6-7).

En este sentido, vale la pena destacar que las mujeres pertenecientes a los sectores desposeídos también recurrieron a los tribunales para denunciar a sus consortes. Esto era posible debido a que las leyes sancionaban la obligación que tenían los jueces de nombrarles abogados que les prestaran sus servicios de forma gratuita. Además, ellas quedaban exentas del pago de honorarios a los integrantes de los tribunales y utilizaban “papel del sello de pobres” para su defensa. Debe aclararse que todos estos procedimientos estaban previstos por la Recopilación de Leyes de Indias, a fin de que las personas carentes de recursos económicos pudieran acudir a la justicia y así defender sus intereses (721).

Una de estas mujeres fue la cartagenera Lorenza Leal. Lorenza, a diferencia de Josefa, una persona blanca y esposa de un comerciante de mediana fortuna, era una mujer mestiza y pobre que vivía en el barrio de extramuros de Getsemaní. Sin embargo, ambas tenían en común que habían sido agredidas por sus parejas. El marido de Lorenza, Juan de Castro, era un hombre mestizo, iletrado, herrero y alcohólico que la había intentado matar en dos ocasiones. Por eso, el 1° de agosto de 1806, en el contexto del “Expediente promovido por Lorenza Leal contra su marido Juan de Castro por varios excesos”, ella compareció ante Santiago Lecuona, alguacil mayor de la ciudad, y declaró:

Que hace tres años contraje matrimonio, sin que pueda decir haya tenido desde entonces un solo momento de tranquilidad con dicho mi marido, experimentando no otra cosa que vejaciones y maltratos, bajo cualquier aspecto, pero mucho más cuando se embriaga, que es muy frecuente. Entonces es que se transforma este hombre y se convierte en fiera, por la voracidad que manifiesta, dirigiéndose siempre a mí, como aconteció el veinticinco del […] pasado junio, en cuyo día cometió el atentado contra Juan Márquez su cuñado, después de haber dejado a este herido, se dirigió a mí con un machete que de no haber mediado el accidente casual de dos hombres que lo impidieron hubiera sido seguramente su víctima. No mediaron más que otros quince días después de […] este hecho, cuando dio la última prueba de su maledicencia, tirándome con una navaja […], después de este lance pude escaparme de su vista y […] di […] con el ayudante de Vuestra Señoría, quien tomó la providencia de que se aprehendiese, como se verificó en efecto. Vuestra Señoría conocerá que estos hechos son de quien no podrá jamás enmendarse […]. Mediante lo cual espero que […] obre en la justicia que acostumbra, asegurándome del modo que le dicte su conocida prudencia mi vida, que de otro modo está totalmente expuesta. (834-834v)

Dado que la sociedad en su conjunto impulsaba a las mujeres a no denunciar los castigos maritales, en pos del mantenimiento de la unidad de la familia, en estos casos, tal como lo evidencia el testimonio de Lorenza, las víctimas siempre subrayaban el hecho de que las golpizas recibidas de forma cotidiana e inmerecida habían rebasado con creces los límites fijados por la “moral” para su tolerancia. A fin de probar las agresiones de las que eran objeto, en los juicios tomaban parte como testigos algunos parientes o amigos e incluso vecinos de los esposos. En sus declaraciones estos pronunciaron frases como: “Sabe por público y notorio” y “Le consta de propia vista”, las cuales muestran cómo muchos altercados trascendían los espacios privados y ocurrían también en la esfera pública. Sus palabras permiten conocer que sobre los individuos pendía un conjunto de miradas prestas a revelar públicamente cualquier comportamiento anómalo.

En este juicio declararon como testigos, específicamente, Dionisio Herrera, Ambrosio Morales, Juan Márquez, Manuel Cárdenas, Matías Ramos, Andrés Vidal, Romualdo Godoy, Candelario Acosta e, incluso, un presbítero, Juan José Narváez. De ellos, los dos primeros eran cuñados de Lorenza. Analicemos un fragmento del testimonio de Dionisio Herrera, quien compareció, en Cartagena de Indias, el 12 de agosto de 1806:

Que sabe por público y notorio, […] el pasaje acontecido en que habiéndose embriagado Juan de Castro, como lo tiene de costumbre, hirió a Juan Márquez, y después siguió contra su mujer Lorenza Leal con un machete […]. Que también sabe es muy cierto y verdadero, […] que en días pasados intentó herir con una navaja a la expresada Lorenza y que lo evitó Ambrosio Morales. Que le consta de propia vista […] que la trata mal desde que se casó […]. Que esto que ha dicho y declarado es la verdad […], añadiendo que, aunque es cuñado de Lorenza, no ha faltado a la realidad del juramento, expresa es de cincuenta años, no firma por no saber, lo hizo el Señor Alguacil. (837-837v)

De este conjunto de alegatos, uno de los más importantes fue el del capellán Juan José Narváez. Al respecto, debe señalarse que la mayoría de las mujeres solían acudir a los sacerdotes para quejarse del maltrato que sufrían. Incluso, en muchos casos, ellas llegaban a mostrarles a sus confesores las huellas que dejaban las manos de sus consortes en sus cuerpos.

Don Juan José Narváez, cura del Hospital Real de San Lázaro, extramuros de esta plaza […], certifico en la forma que puedo y debo que el día 25 de junio […] regresando de la Iglesia para mi casa, hallé en ella a la dicha Lorenza, con un niño en los brazos muy asustada que, preguntándole la causa de su sobresalto, me contestó: Señor, vengo a que me favorezca, pues mi marido me persigue con un machete para matarme, y acaba de dar unas puñaladas […] a su cuñado, en su misma casa. Y en efecto, viendo yo al Juan de Castro su marido, con el machete y una chaqueta de paño, que sin embargo de que lo detenían dos hombres, se dirigía con precipitación al Hospital, dispuse en el momento que […] condujesen a Lorenza a la casa del capitán, y avisasen a la tropa que existe allí de custodia para que saliesen a contener a dicho Castro, como se consiguió. Que me consta igualmente que la citada Lorenza Leal es de genio dócil, recogida y honrada, que antes del hecho referido había recurrido a mí, manifestándome los trabajos que sufría al lado de su marido, quien no le permitía fuese a misa en los días festivos. (840v-841)

Otro aspecto que suscita particular interés son las explicaciones de los maridos ante las autoridades. En el caso de Juan de Castro, el 18 de noviembre de 1806, fue interrogado por el alguacil mayor en la cárcel de la ciudad. En el interrogatorio negó haber agredido físicamente a Lorenza. Según él, solo la había amenazado verbalmente. Castro, al igual que otros hombres en su lugar, intentó justificar su actitud con la evasiva de que su familia política era la responsable de los problemas conyugales, al predisponer a Lorenza en su contra. Interrogado sobre si sabía o presumía la causa por la cual había sido encarcelado expuso lo siguiente:

Que lo ha sido por una pendencia de palabras que tuvo con la expresada su mujer y como igualmente la madre y hermanas de la susodicha en defensa de esta […] lo llenaron de oprobios, tratándolo de que era un indigno y un borracho, […] fue causa de haberse alterado y que hubiese proferido contra su mujer, que si no se callaba la boca le daría un navajazo, con la que tenía en la chaqueta que estaba en la sala […] y que ningún otro motivo ha habido para la prisión que está sufriendo. Y que es falso el cargo que se le hace porque los testigos de que se ha valido su mujer […], han recibido favores de ella y de su familia. (850)

No obstante, en su declaración admitió haber herido con una navaja a su cuñado. De igual modo, reconoció que esta riña había tenido lugar después de maltratar a su propia hermana María Laureana. La justificación de Castro para estos hechos fue que su hermana no cumplía con sus deberes domésticos, entre los que él consideraba estaba confeccionar unos zapatos para su sobrino. Con esto intentaba demostrar que María Laureana desobedecía los mandamientos del modelo de vida cristiano, por lo cual, a él como hombre y hermano, le correspondía propinarle unos cuantos golpes para que “entendiera”. También se le hace cargo que de las propias declaraciones resulta haber herido a su cuñado […], responde: que es cierto que por una cuestión que tuvo con su hermana María Laureana de Castro, mujer de Juan Márquez, por no haberle acabado unos zapaticos que mandó a hacerle para su hijo […], habiéndose venido contra él manoteándole le dio un empujón que la arrimó a la pared. Al ver esto dicho Márquez le tiró un bofetón […] y con una navajita que tenía […] lo hirió, no hace memoria si fue en el muslo o en el vientre. (850v)

Finalmente, Juan de Castro fue sentenciado a prisión por el Juzgado de la ciudad y de la provincia de Cartagena de Indias, presidido por el Gobernador Esteban José Chirinos. Sin embargo, esto no le bastó a su esposa Lorenza, quien también solicitó ante el Tribunal Eclesiástico su divorcio perpetuo, el cual le fue concedido en 1807 (858v).

Un recurso femenino: el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem

Para la religión católica, el matrimonio resulta indisoluble²⁹. Este principio aparece consignado en el Evangelio de San Marcos, en el cual se relata la manera en que Jesucristo predicó a sus discípulos cómo “cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella” (66).

Por esta razón, la Iglesia a lo largo de su historia ha admitido exclusivamente el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, que produce la simple suspensión de la convivencia de la pareja, pero deja así subsistente el vínculo matrimonial de carácter sacramental y ciertos efectos derivados de este, tales como el de la fidelidad y el derecho a alimentos. En dependencia de la causa, el Tribunal Eclesiástico podía dictaminar que la separación fuese perpetua o temporal (Hernández Fox 10).

No obstante, como señala el jurista español decimonónico Francisco Gómez Salazar, en su libro Instituciones de derecho canónico, las razones esgrimidas para entablar tal demanda debían ser sumamente graves. Estas debían demostrar que las esposas o los esposos se veían impulsados a acudir a ese recurso porque su integridad física y moral peligraban por culpa de sus consortes. Estas causas abarcaban la herejía, la delincuencia, las enfermedades contagiosas incurables, el adulterio y la sevicia (255). De esta manera, si un cónyuge estaba unido a un hereje, a un delincuente que intentaba convertirlo en su cómplice o a alguien aquejado de una enfermedad como, por ejemplo, la lepra³⁰, poseía la facultad de solicitar el divorcio. Sin embargo, las causas más invocadas en estos casos eran el adulterio y la sevicia.

Así, el adulterio tanto masculino como femenino, cometido sin mediación de la violencia, constituía un buen motivo por el cual se concedía el divorcio perpetuo, puesto que se oponía a la propia naturaleza del casamiento. Sin embargo, el cónyuge no podía entablar tal demanda cuando él mismo había sido adúltero, obligaba a su pareja a prostituirse o la había perdonado, al mantener relaciones sexuales con ella, después de conocer de su desliz (Hernández Fox 10). Por su parte, la denuncia de la sevicia, tal como precisa Pedro Golmayo en Instituciones del derecho canónico, resultaba lícita siempre que las golpizas “amenazaran seriamente de muerte o mutilación a la esposa” (256). En las ocasiones en que los prelados determinaban la “inexistencia de pruebas suficientes” para dictar la separación se advertía únicamente al esposo que en lo sucesivo tratase con mayor mesura a su pareja.

El Sacro Sanctum, Oecumenicum Concilium Tridentinum, en su vigésimo cuarta sesión, celebrada el 11 de noviembre de 1563, sancionó que todos aquellos que negaran el derecho de la Iglesia de decretar el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, por las razones que se han venido explicando, debían ser excomulgados (224). Por su parte, su canon 12 ratificó que los jueces seculares no podían intervenir en estos asuntos espirituales (224).

Las normativas del Concilio, confirmadas por el Papa Pío IV el 26 de enero de 1564, se aplicaron en todos los territorios de Ultramar a partir de ese propio año, en virtud de la “Real Cédula del 12 de julio”.

Las normas del derecho canónico referentes al matrimonio y al divorcio trascendieron a la legislación civil española. En Las Siete Partidas se reconocía que este tipo de demandas podían entablarse ante los juzgados eclesiásticos. Estos tribunales estaban presididos por los obispos, quienes eran los jueces de primera instancia en todos los pleitos canónicos de sus diócesis y se componían, por un provisor y vicario general, tres fiscales, un notario mayor y cuatro empleados en calidad de oficiales y escribientes (Hernández Fox 12).

De acuerdo con lo estipulado, cuando alguno de los miembros de una pareja decidía divorciarse, tenía que presentar sus solicitudes ante los provisores y los vicarios generales³¹. Los primeros pasos consistían en informar a los demandados los detalles de los cargos que pesaban sobre ellos, ordenar a los fiscales que sacasen a las mujeres de sus hogares y las depositaran en casas o instituciones en las que quedaran en todo momento a disposición de los tribunales, ya fueran ellas las demandantes o las demandadas, e intentar convencer a estas personas de que renunciaran a seguir adelante con los procesos de divorcio.

En esos actos de conciliación, los fiscales recurrían a todo tipo de argumentos en procura de que las parejas se juntaran de nuevo. Si estos intentos de reconciliación de los cónyuges fracasaban, llovían las mutuas inculpaciones y se les concedía un lapso de veinte a ochenta días para exponer los nombres de los testigos que serían interrogados. Invariablemente, a fin de que los magistrados aceptaran la idea de que la cohesión de la familia se hallaba resquebrajada, se necesitaban evidencias categóricas. Por tanto, los testigos tenían que ser presenciales, de modo que se aceptaban en este punto hasta las declaraciones de los parientes, las cuales en otros tipos de causas resultaban inadmisibles³².

Una vez iniciados los juicios y teniendo en cuenta que los maridos eran los administradores de sus bienes, las esposas se veían precisadas a reclamarles el suministro de distintas sumas de dinero. Estas cantidades resultaban imprescindibles para la compra de alimentos con los que mantenerse en los lugares en que quedaban depositadas, y para el pago de las litisexpensas, es decir, de los gastos relacionados con los procesos (Hernández Fox 12).

Carlos III, en su afán por restar poder a la Iglesia, promulgó la “Real Cédula del 22 de marzo de 1787”, en la que ordenó:

Que los Jueces Eclesiásticos solo deben entender en las causas de divorcio, que son espirituales y privativas del fuero de la Iglesia, sin mezclarse bajo el pretexto de incidencia, anexión, o conexión en las temporales, y profanas sobre alimentos, litisexpensas, o restitución de dotes, como propias, y privativas de los Magistrados Seculares. (2)

Ante tales medidas, el Papa Pío VI, en su “Letra del 17 de septiembre de 1788”, ratificó que las autoridades civiles no tenían ningún derecho a impartir justicia en los sumarios de nulidad matrimonial y de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, pero tuvo que reconocer que resultaba legítimo que lo hicieran en las materias señaladas por la referida Cédula (260).

Ahora bien, el divorcio era un recurso que utilizaban mayoritariamente las mujeres, tal como muestran los documentos de este tipo que se han consultado de las ciudades de Cartagena y de La Habana. Del total de veintinueve expedientes, solo uno fue interpuesto por un esposo. Este hombre fue Mariano de Espinosa, residente de La Habana. A fines de septiembre de 1779, Espinosa interpuso una demanda titulada “Mariano de Espinosa en lo autos de divorcio que sigue contra su mujer Antonia Granados, insertándose interrogatorio sobre esta diligencia, acusando a su esposa Antonia Granados de cometer adulterio”. En su declaración ante el Tribunal Eclesiástico, Espinosa describió que encontró a su mujer “encerrada en el cuarto de su habitación a las once de la noche, el 18 de septiembre de 1779, con Don Miguel de las Casas” (131v).

Por esta causa, Antonia fue depositada en la Casa de Recogidas, donde permaneció recluida todo el tiempo que duró su juicio. Desde ese espacio, Antonia se defendió de la acusación de su marido, afirmando que este había planeado todo con la colaboración de su mejor amigo, Miguel de las Casas³³, a fin de lograr solicitar el divorcio y de esa manera deshacerse de ella. Para eso, explicaba Antonia, se había valido de lo siguiente:

Estando yo algo indispuesta del estómago, me dio un brebaje, diciéndome que era un digestivo con el cual me aliviaría. […]. Así que lo tomé [...] y sentí un gran desvanecimiento. Al mismo tiempo, […] viéndome con aquella fatiga y muy acongojada, me dijo: “no tengas cuidado que es el efecto del digestivo”. Quedé totalmente aturdida y […] esto me duró hasta más de medianoche que volví en mí. (133)

Mariano se aprovechó de su desmayo e hizo pasar a su cuarto a Miguel y le indicó que se acostase en su cama junto con Antonia. Luego, Mariano aparentó llegar a su casa y haber atrapado in fraganti a su esposa con su supuesto amante. Antonia argumentaba que Mariano había tramado esta situación porque desde hacía mucho tiempo no quería convivir con ella.

Después de interrogar durante casi dos años a varios testigos del caso, el 16 de junio de 1781 el provisor y vicario general del Tribunal Eclesiástico de La Habana, Luis Peñalver y Cárdenas, concluía:

En los autos seguidos por Don Mariano Espinosa contra Doña Antonia Granados, su legítima mujer, sobre divorcio perpetuo dice [...]: que respecto que las pruebas dadas por la Granados […] indemnizan su inocencia en la parte que le atribuye Espinosa del adulterio, en que desea afianzar la separación, se sirva mandar que estos cónyuges se reúnan que así lo requiere el vínculo conyugal y es de hacer conforme a Justicia. Además, se consideró la debilidad del sumario, lleno de estratagemas y premeditada invención, con que Espinosa parecía seducir al Tribunal para ameritar la separación del matrimonio. (159v)

Como se mencionó, con la excepción de este caso, el resto de los expedientes de divorcio localizados en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Nacional de Cuba fueron iniciados por las mujeres. Las causas que impulsaban a las esposas para reclamar el divorcio, ante las autoridades correspondientes, eran la sevicia y el adulterio. No obstante, las mujeres recurrían al divorcio cuando consideraban que era imposible conservar sus matrimonios tras sufrir por años con resignación las humillaciones de sus maridos. En gran parte de los casos el divorcio había sido precedido por denuncias formuladas ante los tribunales civiles porque sus maridos se resistían a proveerlas en sus necesidades de alimentos, vestimentas, remedios, etc.³⁴. Algunas esposas referían, incluso, que durante años ni siquiera habían podido contarles sus desdichas a sus familiares más cercanos porque sus consortes les tenían terminantemente prohibido salir a las calles y recibir visitas en sus casas, de modo que ocultaban su situación real. Ese fue el caso de Catalina Zabala, quien aparece en el expediente “Doña Catalina Zabala, mujer de Don Martín Bernabé por divorcio”. El 25 de febrero de 1767, Catalina se presentó ante el provisor y vicario general del Tribunal Eclesiástico de Cartagena de Indias, Agustín de Moncayo y Vivanco, a fin de solicitar el divorcio perpetuo de Martín Bernabé por “la notoria sevicia, tiranía y malos tratamientos que me ha hecho” (640). A continuación, Catalina detalló cómo su marido la golpeaba “fieramente, me castiga como si yo fuera su esclava, […] sin causa, ni motivo alguno” (640).

A partir de ese día, Catalina vivió en distintas casas, en calidad de depositada. Primero, permaneció en la morada de Isabel y Carlos Benedetti, y luego fue trasladada al hogar de María Francisca de Borda y Esteban Gómez.

Doña Catalina Zabala, mujer legítima de don Martín de Bernabé Madero […] digo: que yo estoy siguiendo causa de divorcio en el Tribunal Eclesiástico contra […] mi marido por la notoria sevicia, tiranía y malos tratamientos que me ha hecho y me hallo en depósito de dicho Tribunal en la casa de doña María Francisca de Borda, mujer legítima de don Esteban Gómez […], vecino de esta ciudad […], solamente por la resistencia que hizo dicho mi marido a que se me pusiese en depósito en casa de doña Catalina Delgado, después de haber estado en depósito en la casa de doña Isabel y don Mario Benedetti. (641)

Cuando se leen estos decretos sobre los depósitos de las esposas que intentaban divorciarse se develan al historiador las ideas de la época sobre la posición de las mujeres en la sociedad. El lenguaje que se empleaba para describirlos muestra con claridad que a las mujeres se les consideraba como simples cosas, a las que por su “fragilidad”, “irreflexión” e “incapacidad” para cuidar de sí mismas debía “extraérseles” de los hogares maritales para “depositárseles” en lugares en los que se responsabilizaba a los “depositarios” con su “custodia” y “seguridad”.

El depósito, al margen de garantizar que la esposa no fuera maltratada por su consorte en el transcurso del juicio, era además una manera de controlar su conducta. La mujer tenía que vivir en esta morada “recogidamente”, sin salir a pasear ni asistir a fiestas, e incluso para recibir las visitas de sus familiares necesitaba que su depositario la autorizara. De este modo, se le proporcionaba al marido la tranquilidad de que ella, en todo momento, le guardaría la fidelidad requerida en el matrimonio³⁵.

Todas las penurias que las mujeres atravesaban en los depósitos demostraban que estos se consideraban una medida preventiva contra separaciones por causas leves. Además, el control que se ejercía sobre ellas era un sustituto del desplegado por los maridos durante el matrimonio. Así transcurrían los días de las depositadas, a la espera de una sentencia que les resultase favorable.

En la práctica, sin embargo, la rigidez de este mecanismo dependía de dónde y bajo quién se efectuaba. Por esa razón, Martín de Bernabé pidió al Tribunal Eclesiástico que Catalina fuese trasladada al Convento de la Obra Pía de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundado en 1640, la institución que se utilizaba en Cartagena para el depósito de mujeres. Bernabé consideraba que allí su esposa viviría de forma más estricta, como efectivamente ocurrió.

En Cartagena de Indias, en 3 de mayo de 1767, Doña Catalina Zabala depositada en el Convento de la Obra Pía de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo por orden del Tribunal eclesiástico por causa de divorcio perpetuo, quoad thorum et mutuam cohabitationem, ante Vuestra Señoría digo: que me hallo en el dicho Convento privada de toda comunicación, indefensa, y casi presa, sin delito alguno que merezca esta pena. (648)

Una situación similar atravesó María Carrasco en La Habana tras solicitar su divorcio, en enero de 1782, como consta en los “Autos seguidos por Doña María Carrasco contra Don Diego García sobre divorcio”. Al presentar su petición, María relató que su esposo “mantuvo y mantiene comercio carnal hasta con personas […] de las que ha tenido hijos” (1). García había violado en el propio lecho de María, nueve años atrás, a la esclava Tomasa, perteneciente a su amiga Manuela Aguiar³⁶. Fruto de ese acto abusivo, nació Anselmo, cuyo parecido físico con su progenitor desmentía los reiterados intentos de este por negar su paternidad.

Sin embargo, para María lo más intolerable era la relación de concubinato de su esposo con María de la Concepción Quiñones, con quien tenía un hijo. Carrasco narraba con lujo de detalles que su marido pasaba más tiempo con su concubina que con ella. De hecho, era en la casa de María de la Concepción donde él comía y dormía de manera habitual.

María insistió mucho en estos hechos, porque en concordancia con el doble rasero por el que se juzgaba el adulterio, el concubinato era la principal manifestación de una relación de este tipo, ya que era una unión que se mantenía de forma permanente y paralela al matrimonio. De este modo, las mujeres debían demostrar que las relaciones extramatrimoniales de sus parejas resultaban tan escandalosas que públicamente se contemplaba con vergüenza la manera en que su rol fundamental de esposas era mancillado. Al respecto, expresaba María:

Hace trece años que contraje matrimonio con Diego García y en el decurso del tiempo le he tratado con el amor y la fidelidad correspondiente a mi estado, cumpliendo con todas mis obligaciones. Olvidando la mutua correspondencia con que debe mirarme ha quebrantado las leyes que le estrechan a vivir en la observancia fiel de nuestro matrimonio, cometiendo el detestable crimen de adulterio, que por más que he procurado abstraerlo de su perversidad con mis ruegos, lejos de adoptar un suave temperamento, ha seguido con sus maldades, me trata con gran aspereza y no pudiendo desentenderme de estos claros fundamentos […] solicito […] en este recto Tribunal mi demanda de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem entre mí y García, para que de esta suerte, constando mi inocencia, se declare no hacer vida maridable con ese hombre. (2)

Tras su solicitud de divorcio, María fue depositada en la Casa de Recogidas. Debe explicarse que, en el caso de La Habana, a diferencia de Cartagena de Indias, existían distintas instituciones para el depósito de las mujeres según su estatus social.

Así, por ejemplo, la información contenida en diversos casos de divorcios indica que el Colegio de San Francisco de Sales³⁷, creado el 27 de febrero de 1689 por el obispo Diego Evelino de Compostela, recibió en su seno a damas de familias ilustres y de clase media. En este espacio, las depositadas quedaban sujetas a un régimen prácticamente monástico, con sus días y noches consagrados a las oraciones y a las labores de costura y bordado. Todos sus pasos eran observados tanto por el capellán administrador³⁸ como por la directora del colegio³⁹.

Por cierto, en la “Real Cédula del 9 de junio de 1692”, transmitida al Gobernador interino de Cuba, Severino de Manzaneda, en la que Carlos II aprobó la fundación del Colegio de San Francisco de Sales, aparece también el visto bueno del rey para que se estableciese, en un inmueble comprado por el obispo Compostela, una casa de recogimiento para mujeres divorciadas.

Y por lo que mira a las dos casas de recogimiento para las doce doncellas, y mujeres divorciadas, os ordeno y mando examinéis con certeza e individualidad la seguridad y manutención […] señalada para ambas casas y siendo la suficiente […] daréis licencia en mi nombre como Vice Patrono para su fundación en forma […], eso con calidad que ninguna de ellas tenga Iglesia ni oratorio con puerta a la calle, sino solo un oratorio privado en lo interior de cada uno, y dispondréis por lo que toca al recogimiento para las mujeres divorciadas, que los maridos las sustenten en él, o señalen cantidad fija para su anual alimento. (39)

No obstante, debe señalarse que después de muchos años de ardua búsqueda en diversos fondos del Archivo Nacional fue imposible encontrar más información relativa a esta casa. Este hecho, sin embargo, más que embargar de desaliento a los historiadores, constituye un acicate para continuar tras su huella en nuevas investigaciones.

Mientras tanto, el Sínodo Diocesano, realizado en la Isla en junio de 1680 bajo la presidencia del obispo Juan García de Palacios, y el cual fue aprobado por el monarca Carlos II en la “Real Cédula del 9 de agosto de 1682”, estableció que a las mujeres pobres de La Habana se les debía trasladar al Hospital de San Francisco de Paula (25). Erigido en 1668⁴⁰, este hospital, el primero para mujeres que existió en Cuba, sirvió también durante décadas como cárcel de mujeres. A partir de entonces, las esposas que intentaban divorciarse quedaban recluidas junto con las demás presas que cumplían condenas, más o menos largas, por haber cometido distintos delitos.

Unos regímenes similares de vida llevaban las que se hallaban encerradas en la Casa de Recogidas. Entre ellas se encontraba María Carrasco, quien, en una carta dirigida al provisor y vicario general Luis Peñalver y Cárdenas, el 18 de febrero de 1782, denunciaba que no se permitía que un médico entrase a verla y a suministrarle algún remedio para los fuertes dolores estomacales que padecía (11). De igual forma, denunciaba que era ilegal que el capellán administrador, Lucas Duarte, la privara de hablar hasta con su abogado. Para María, el objetivo de estas medidas restrictivas era claro: lograr que cediera en su firme resolución de divorciarse.

Vuestra Señoría […] no he podido lograr el consuelo que entre un médico a manifestarme los remedios que traen mi restablecimiento. […] Y este es Señor, a la verdad, un recurso que no se le deniega al reo de pena capital porque se instruye en la realidad de su dolencia: pues si esto se le concede a un criminal acusado de homicidio: ¿con qué motivo se me niega a mí que soy inocente, que trato de vindicar según Derecho las injurias que me ha causado el reprensible manejo de García? (24)

Una semana después, dada la pasividad e indiferencia de las autoridades frente a su situación, María se escapó. La madre de la Casa de Recogidas, Rita Marina Guerrero, le refirió a Peñalver y Cárdenas que María había logrado, con una excusa, subir al “piso alto y por un balcón que tiene la enunciada vivienda que con poca distancia descansa sobre el tejado puso un taburete y se largó” (26).

Algo similar declaró ante el Tribunal Eclesiástico el capellán administrador Duarte: “Lo que puedo informar sobre la ocurrencia de la fuga de Doña María Carrasco es que el día lunes 25 del corriente se fue para los tejados a las dos de la tarde y que según se dijo, después quiso insultar a la Madre Guerrero por la puerta de la calle” (25v).

Esta “fuga” de María causó un enorme escándalo, tanto en el seno de la Casa de Recogidas como en el Tribunal Eclesiástico, el cual, tras este hecho, dio por finalizado su caso de divorcio. ¿Qué fue de María tras su huida? Aunque esa pregunta no se puede contestar a cabalidad en estas páginas, de acuerdo con la última declaración de Diego García en la que señalaba no conocer nada sobre el paradero de su mujer varios meses después de su huida, ella —al menos durante un largo tiempo— no volvió a su lado.

Si los sucesos relacionados con María Carrasco fueron muy comentados en las calles, seguramente su caso no levantó las mismas murmuraciones que provocó en 1793 el de María Felicia de Jáuregui y Aróstegui, cuya familia formaba parte de la oligarquía habanera. Tal como lo ilustra la consulta del expediente “Cuaderno de Audiencia de las diligencias seguidas por Doña María Felicia Jáuregui contra Don Francisco Bassabe sobre divorcio”, sin duda su proceso de divorcio fue uno de los más comentados de esta época, un verdadero escándalo en La Habana. Cuando en la mañana del 29 de octubre de 1793, María Felicia anunciaba su presencia ante el obispo Felipe José de Trespalacios y Verdeja, muy lejos estaba dicho prelado de imaginar el motivo de tal visita. Una vez ante su Ilustrísima señoría, ella refirió:

La sevicia cruel e inhumano trato que hacía tiempos experimentaba de su marido [Francisco José Bassabe y Cárdenas], en términos de haberla puesto en los últimos momentos de perder la vida, lo que había silenciado hasta entonces para que no saliera al público, ni trascendiera a otros, desesperanzada ya de remedio intentaba divorciarse perpetuamente, mediante a que ella no había dado causa o motivo para semejantes tratamientos, y le había guardado la lealtad y fidelidad debida a su matrimonio. (1)

Ante los atónitos ojos de la sociedad habanera, se iniciaba así un juicio en el que se hallarían inmersos los miembros de dos de sus más ilustres linajes: ella, una nieta de Martín de Aróstegui y Larrea, quien fuera presidente de la Real Compañía de Comercio de La Habana; él, un nieto del difunto alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, Francisco Bassabe y Urbieta. La celebración de su boda, oficiada en la catedral el 5 de abril de 1785, se había concebido, como otras entre primos, en aras de consolidar los lazos económicos y sociales que unían a ambas familias (Hernández Fox 15).

Ahora, María Felicia volvía enferma a su casa natal en calidad de depositada, lo cual implicaba que durante el tiempo que durase el litigio el padre era el responsable de custodiarla. Bassabe, por su parte, se defendía ante el tribunal de las acusaciones que pesaban en su contra:

Mientras estuvo Doña María Felicia en mi casa, no se articuló ni la simple palabra de divorcio. Esta maniobra y acto de hostilidad fue forjado en su casa paterna […], por espacio de un mes que medió desde el día de su fuga⁴¹, al de su presentación en este juicio [cursivas añadidas]. (5-6)

Además, inconforme con el proceder de los jueces, quienes desde un comienzo no pusieron punto final a este asunto, solicitó al gobernador y capitán general Luis de las Casas y Aragorri hacer llegar al monarca una carta en la que exponía la “deshonrosa” situación que atravesaba (Hernández Fox 16). De este modo, el escándalo trascendió los umbrales insulares para filtrarse tras las puertas del Despacho Real en Aranjuez. Carlos IV, como contestación, expidió la Real Cédula del 18 de abril de 1794, en la que encargaba:

Reverendo Padre Obispo de la diócesis de la Habana de mi Consejo. Con carta de 7 de enero de este año trasladó el Gobernador y Capitán General de esta Isla una representación de Don Francisco Bassabe y Cárdenas en que hizo presente que desde el 29 de octubre anterior le tenía preparada acción de divorcio su mujer Doña María Felicia Jáuregui […]. Que se notaban en los decretos unas dilaciones que harían interminable el juicio, […], suplicándome me dignase mandar libraros la correspondiente misiva, a fin de que sin las demoras que advertía, le administréis justicia, prescribiendo el término que pareciera más conforme dentro del cual determinaréis el expediente, añadiendo el Gobernador en su citada carta que el referido Don Francisco Bassabe era un vecino distinguido de esa ciudad, de conducta muy arreglada. (3v-5)

Los decretos en torno al caso adolecieron, sin embargo, de los retrasos burocráticos comunes a la administración de justicia. A pesar de eso, los argumentos de la acusación fueron comprobados por las certificaciones de los médicos. De hecho, María Felicia, en más de una ocasión durante el tiempo que se prolongó el pleito, imploró al obispo Felipe José de Trespalacios y Verdeja⁴² que le autorizara a ir a los baños termales de Madruga, recomendados por el doctor José Caro⁴³, a fin de mejorar sus padecimientos de hipocondría⁴⁴, histeria⁴⁵, trastornos menstruales y otros que le quedaron como secuelas de los maltratos (Hernández Fox 17).

Al cabo de ocho años de litigio, Bassabe denunciaba a los jueces, el 27 de marzo de 1801, lo siguiente:

Doña María Felicia no guarda vigoroso depósito en la casa de su padre, ni este observa y cumple con las obligaciones de verdadero depositario de la persona de su hija. Yo la he visto sola muchas veces, y acompañada de otras personas de su sexo, paseando por las calles y extramuros de esta Ciudad a todas horas. Yo sé que es cierto que concurre a visitas y son estas, unas libertades de que debía abstenerse en las circunstancias presentes, mayormente cuando las practica sin la compañía de Don Juan Tomás de Jáuregui, encargado por el Tribunal de su custodia y de vigilar sobre sus pasos y conducta. (6v-7)

A renglón seguido, exigía que su esposa fuera trasladada a un monasterio o al Colegio de San Francisco de Sales. En vista de que el tribunal no se decidía a ejecutar su solicitud, al mes siguiente Bassabe intentaba persuadir a los magistrados de la urgencia de esta, para lo cual usó un nuevo argumento:

Doña María Felicia en vez de consuelo sirve de dogal y tormento a Doña María Ana Aróstegui su madre, como que ha sido la verdadera causa de la lastimosa catástrofe que se nota en su razón. Era esta, una señora dotada de juicio, prudencia y discreción en grado superior. Amaba con predilección a la referida Doña María Felicia, pero conocía sus extravíos. (10v-11)

Este intento por acusar a María Felicia de incumplir con sus deberes conyugales y de ser la causa de los trastornos de su madre tampoco resultó efectivo. El 23 de agosto de 1804, entre reclamos y reproches, fallecía Francisco Bassabe y Cárdenas. Tres años después, como lo recoge el Libro de matrimonios de españoles (1794-1812), su viuda contrajo nupcias con el oidor Honorario Nicolás Taboada y Moscoso, oriundo de la provincia de Lugo (Hernández Fox 18). Tal como lo demuestra el caso de María Felicia, los trámites de los procesos de divorcio solían prolongarse por años. Amén de que los plazos para contestar cada uno de los nuevos autos introducidos por las distintas partes resultaban prorrogables, los cursos de los juicios podían alterarse con una serie de prácticas dilatorias, como, por ejemplo, pretextar enfermedades a fin de no comparecer frente a los jueces, solicitar que a las mujeres se les cambiara de depósito o protestar acerca de las actuaciones de los abogados.

Por otra parte, resultaba frecuente que los decretos —aunque debían extenderse con prontitud dada la importancia que tenía la causa de que se trataba— experimentaran demoras. En algunos casos, no resulta aventurado pensar que los jueces lo hicieron a propósito, con el fin de que las esposas desistieran de sus demandas y volvieran al seno del hogar marital.

Es necesario señalar que las autoridades eclesiásticas tanto en Cartagena de Indias como en La Habana fueron muy cautas para conceder el divorcio. De hecho, lo hicieron solo en aquellos casos en los que se consideró no existía otro remedio, porque en la práctica la defensa de la unión conyugal era mucho más importante para la Iglesia y el Estado que la aplicación literal de las leyes.

La sentencia de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem, como se ha venido explicando, implicaba que los esposos lograban hacer sus vidas completamente separadas a partir de ese momento, pero ninguno de los dos, en vida del otro, podía volverse a casar. Si el marido era el que había dado lugar al divorcio, como sucedía la mayor parte de las veces, perdía la administración de la dote de su esposa, debía proporcionar el dinero necesario para el sustento de su familia durante la separación y sus hijos quedaban al abrigo de la madre. Sin embargo, si se fallaba en contra de la mujer, solo los hijos menores de tres años permanecían a su lado, hasta que cumpliesen esa edad y, como es natural, sus bienes continuaban en manos del marido.

A partir de la “Real Cédula del 22 de marzo de 1787” los pleitos judiciales por la restitución de las propiedades de las consortes, tanto en los tribunales eclesiásticos como en los civiles, se convertían en largos y tortuosos sumarios, como lo ilustra el caso “Doña Teresa de Arias en los autos del divorcio que ha seguido contra Don Pedro Antonio Benedit Horrutiner su esposo e incidente sobre la restitución de su dote”. El Juzgado Eclesiástico había dictaminado el divorcio perpetuo entre Teresa y Pedro Antonio, por adulterio y sevicia, en 1756. Siete años después, en 1763, Teresa aún luchaba porque este le repusiese su dote.

Pedro Antonio, apoyado por su padre Pedro José Benedit, se rehusaba a cumplir con lo prescrito por el Tribunal Eclesiástico, alegando que no contaba con el dinero suficiente. Ante esto, Teresa ripostó con la exigencia de que las casas de su propiedad fueran subastadas públicamente. A dicha solicitud también se negó Benedit Horrutiner, quien interpuso un nuevo recurso, por lo que no fue hasta 1765 que Teresa pudo embarcarse hacia España con el dinero que su esposo le restituyó (38).

Aún más penosos resultaban los pleitos en los que las madres reclamaban a sus maridos que les entregaran sus hijos. En Cartagena, Catalina Zabala llevaba más de dos años sin poder ver a los suyos. Martín de Bernabé había prohibido terminantemente que la visitasen en los distintos depósitos en que había estado. No fue hasta mayo de 1769, una vez dictada la sentencia de divorcio perpetuo a su favor, que Catalina pudo tener a sus hijos de nuevo a su lado. Este caso revela el trastorno emocional que para los infantes también significaba vivir una experiencia de este tipo (646).

Las historias de todas estas mujeres cartageneras y habaneras permiten comprender la complejidad de las experiencias femeninas en este periodo, así como los mecanismos que asumieron para reivindicar su derecho a existir.

Notas:

¹ Hegel, en su obra Fenomenología del espíritu, realiza un estudio de esta división entre los espacios público y privado. Uno estaba dirigido al Estado, la ciencia y el trabajo, y el otro se volvía hacia la familia y la creación de la moralidad.

² En el Archivo General de la Nación se localizaron, en la Sección Colonia, en los fondos de Asuntos Civiles y Juicios Criminales y en la sección Archivo Anexo en el fondo de Pleitos, cuatro casos de violación, siete casos de adulterio, nueve de sevicia y diecisiete de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem.

³ En el Archivo Nacional de Cuba se encontraron, en los fondos de Audiencia de Santo Domingo, Donativos y Remisiones, Escribanías y Miscelánea de Expedientes, dos casos de violación, seis de adulterio, once de sevicia y doce de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem.

⁴ El Concilio de Trento se desarrolló entre 1545 y 1563 y durante sus veinticinco sesiones se reafirmaron los dogmas esenciales de la Iglesia católica.

⁵ Término que se usaba, fundamentalmente, en el Virreinato de la Nueva España con el fin de designar al hijo de indio/a y mestizo/a.

⁶ Con relación a este precio, es necesario decir que aun cuando la “Real Cédula sobre gracias al sacar” fijó esta tasa en 24 200 reales, existieron personas dispuestas a pagar sumas mucho mayores con tal de lograr la legitimación. Este fue el caso de la “Solicitud de legitimación” presentada por José Miguel Vianes de Sales. Vianes de Sales era un sacerdote de La Habana, quien, en 1799, remitió al Consejo de Indias la solicitud de legitimación de su hijo de veintiún años para que este pudiese heredar sus propiedades. Con ese fin, el clérigo expresó su decisión de pagar “cualquier cantidad establecida para las gracias de esta especie” (3).

⁷ Término que se empleaba para designar al hijo de español/a y cuarterón de mestizo/a. A su vez, el cuarterón de mestizo/a designaba al hijo de español/a y mestizo/a.

⁸ Con relación a este aspecto, es bueno aclarar que la ley penaba a las viudas que se casaban de nuevo antes de cumplirse el año de la muerte de su pareja, pues si esta se embarazaba o lo estaba, no se sabía de quién era el hijo. Entonces, un hijo del nuevo contrayente podía heredar los bienes del anterior.

⁹ Antonio Arbiol y Díez (1651-1726) fue un sacerdote franciscano español, entre cuyas obras más importantes se encuentran La venerable y esclarecida Orden Tercera de San Francisco (1697), Desengaños místicos (1706), El cristiano reformado (1714) y Estragos de la lujuria y sus remedios conforme a las Divinas Escrituras (1726).

¹⁰ Pierre Roussel (1742-1802) fue un médico y escritor francés, cuyas obras más importantes fueron Système physique et moral de la femme ou Tableau philosophique de la constitution, de l’état organique, du tempérament, des moeurs et des fonctions propres au sexe, de 1775, y Système physique et moral de la femme, suivi du système physique et moral de l’homme, et d’un fragment sur la sensibilité, editado tras su muerte en 1802.

¹¹ José Cadalso (1741-1782) fue autor de numerosos libros, entre los que se destacan Defensa de la nación española (1768) y Ocios de mi juventud (1781).

¹² Francisco Cabarrús (1752-1810) fue un notable ilustrado español, de origen francés. En 1782 creó el Banco de San Carlos, primer banco nacional de España. En 1789 le fue concedido por el Rey Carlos IV el título de Conde de Cabarrús.

¹³ El Virreinato de la Nueva Granada se creó en 1717. Sin embargo, el primer virrey no llegó a ocupar su cargo hasta el 25 de noviembre de 1719. Luego, el virreinato se suspendió en 1723 por problemas financieros hasta su reinstauración en 1739.

¹⁴ Vale la pena aclarar que toda la información para la realización del padrón se recopiló en 1777, pero este se terminó de elaborar en 1778.

¹⁵ Vale la pena precisar que para 1778 el departamento occidental estaba conformado por las siguientes nueve jurisdicciones: Nueva Filipina (actualmente Pinar del Río), La Habana, Guanabacoa, Santiago de las Vegas, Santa María del Rosario, San Felipe y Santiago del Bejucal, San Juan de Jaruco, Matanzas e Isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud).

¹⁶ Entre los privilegios concedidos a los habitantes de Indias, en las “Ordenanzas de nuevo descubrimiento y población” promulgadas por Felipe II en 1573, figuró el de que “el poblador principal” pudiera instituir mayorazgo de todos los bienes y haciendas que en la nueva plaza adquiriera (115-116).

¹⁷ El amancebamiento era un término de la época que designaba la relación de pareja de dos personas que vivían juntas sin formalizar su vínculo. En el siglo XVIII, el amancebamiento se encontraba penado tanto por la Iglesia como por la legislación civil. De hecho, el Concilio de Trento estableció la pena de excomunión para aquellas personas que vivían amancebadas. En el caso de la Recopilación de Leyes de Indias, el amancebamiento entre las personas blancas y libres “de color” era castigado con una pena en dinero equivalente a la quinta parte de los bienes del hombre. Sin embargo, en esta misma legislación se eximía a los indígenas de esta pena y solo se establecía que las mujeres debían ser retornadas a sus comunidades de origen (754).

¹⁸ Tan “oscuro” origen estigmatizaría las vidas de estas personas, condenándolas a una situación de inferioridad. Una vez cumplida su mayoría de edad podían solicitar su legitimación mediante el trámite de gracias al sacar que se explicó en el primer capítulo.

¹⁹ Como consecuencia de la estrechez e inestabilidad económica en este sector, las deserciones paternas y las madres solteras abundaban.

²⁰ Estos abusos llevaron a algunas mujeres a huir de sus casas, pero eran perseguidas por la justicia que las volvía a poner en manos de sus maridos.

²¹ Vale la pena señalar que la violencia doméstica no era un fenómeno privativo de los matrimonios. También en las uniones consensuales las mujeres resultaban con frecuencia maltratadas.

²² La mayor parte de las prostitutas que recorrían las calles de Cartagena y de La Habana y frecuentaban sus tabernas preferían trabajar en los prostíbulos, donde además de percibir en algunas ocasiones salarios, tenían ropa, casa y comida. Es necesario añadir que, si bien muchas veces las autoridades fueron permisivas con estas prácticas, la ley les ordenaba enviar a prisión a las mujeres que fueran atrapadas ejerciendo este oficio.

²³ La mujer que hubiera sido condenada por adulterio tenía el derecho de pedir que se le llevase a vivir de nuevo con el esposo, en caso de que él incurriese en igual pecado.

²⁴ A fin de ilustrar un caso en el que sus protagonistas intercambiaron una promesa matrimonial, vale la pena exponer aquí el expediente de María Josefa Pérez de Balmaceda, vecina de La Habana, cuyo hijo en 1741 hizo llegar su “Solicitud de legitimación” al Consejo de Indias. A principios de siglo, María Josefa había exigido a su novio Pedro Díez de Florencia una promesa escrita de matrimonio, antes de acceder a tener relaciones sexuales con él. Justo antes de la boda, y estando ya María Josefa embarazada de su hijo, Pedro zarpó hacia México para asumir un nuevo cargo público. Desde allí, Pedro le envió varias cartas a María Josefa pidiéndole que se reuniera con él para casarse. Ella, sin embargo, se rehusó a seguirlo, alegando que le tenía mucho miedo al mar y a los barcos. No obstante, ella nunca dejó que sus familiares o vecinos, quienes conocieron de su embarazo, olvidaran que su hijo era fruto de un compromiso matrimonial. Para eso, conservó la promesa escrita de matrimonio atada a un rosario que lucía siempre en su cuello (4).

²⁵ Con relación a la bigamia, resulta importante precisar que no solo era condenada por las autoridades eclesiales, sino también por la legislación civil. De ese modo, en la Recopilación de Leyes de Indias se castigaba a aquellos que se casaban por segunda vez, conscientes de que sus legítimos consortes estaban vivos, a ser marcados en la frente con hierro candente, entregar la mitad de sus pertenencias y realizar trabajos forzados durante cinco años (702).

²⁶ El 18 de octubre de 1746 se instauró la Casa de Recogidas. El artículo siete del reglamento estableció que en esta Casa iban a ser recluidas las doncellas pobres expuestas a relajación, las depositadas de divorcio y las delincuentes. Como explica Rolando Álvarez Estévez en La “reeducación” de la mujer cubana en la colonia. La Casa de Recogidas, tanto la admisión como la salida de estas mujeres de la Casa tenían que estar acompañadas de órdenes escritas por los jueces (20).

²⁷ Juan de Santa Gertrudis (1724-1799) fue un fraile franciscano español enviado como misionero a América del Sur, donde permaneció entre 1758 y 1767. A su regreso a España escribió la obra Maravillas de la naturaleza, en la que relataba sus experiencias en el continente americano y específicamente en la Nueva Granada. Un hecho curioso es que no se conoce la fecha exacta en que redactó este texto, lo cual pudo ser entre 1768 y 1799.

²⁸ En esta época, el término concubinato se empleaba para designar la relación extramatrimonial permanente de un hombre con una mujer, con la que convivía como si fuera su esposa.

²⁹ El matrimonio rato, es decir, aquel que se ha celebrado legítimamente pero que no se ha llegado a consumar, puede ser anulado.

³⁰ Debe precisarse que las enfermedades muy graves, de fácil transmisión por la cohabitación, no producían sentencias de divorcio a perpetuidad sino temporales, porque la Iglesia consideraba que mientras las personas estaban vivas existía la esperanza de que se restablecieran. Incluso, algunos canonistas se oponían a que fueran admitidas como causas para ese tipo de rupturas. Pedro Golmayo, por ejemplo, en Instituciones del derecho canónico, aducía que eso significaba desconocer la esencia de los deberes conyugales, y por el contrario estas situaciones debían de servir para probar la constancia y amor de los esposos (71-73).

³¹ Como lo señala Francisco Gómez Salazar en Lecciones de disciplina eclesiástica y suplemento al tratado teórico-práctico de procedimiento eclesiástico, el juicio de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem que se tramitaba en los tribunales eclesiásticos era una causa civil que constaba de cuatro partes principales: 1) periodo jurídico: desde la demanda hasta el señalamiento del término de prueba; 2) periodo histórico: el de las pruebas; 3) periodo crítico: desde la publicación de las probanzas hasta la sentencia; y 4) periodo transitorio: desde la apelación de la sentencia, si la hubiera, hasta su remisión a la Superioridad, o la ejecución en su caso. Además, existía una etapa de preparación o antejuicio en la que se intentaba que las partes llegasen a una avenencia (328).

³² Debe explicarse que siempre se citaba a los querellantes y demandados a fin de que, si querían, pudieran asistir a las declaraciones de los testigos.

³³ Al leer este caso, resulta llamativa la manera en que Antonia se refería a la “íntima amistad” que existía entre su esposo y Miguel de las Casas. Al respecto, hay que señalar que en Las Siete Partidas se estipulaba que cualquier persona que conociese a un “hombre que hiciese pecado contra natura”, tenía la obligación de denunciarlo ante las autoridades (409).

³⁴ Las causas de sevicia y adulterio se consideraban causas criminales, mientras las de falta de alimentos eran causas civiles.

³⁵ Sin embargo, durante el proceso de divorcio, con el esposo no se tomaba ningún tipo de medida para evitar que fuera infiel.

³⁶ Durante el juicio, María pidió que la viuda de sesenta y dos años, Manuela Aguiar, autorizara a Tomasa a declarar ante el provisor y vicario general, dado que a una esclava se le prohibía prestar testimonio ante las autoridades, a no ser que se dirigiera al síndico procurador general del Ayuntamiento por causa de un grave problema personal, sin la anuencia de la propietaria o del propietario. Al conocer Diego García de esa solicitud de su esposa, amenazó a Manuela con arrebatarle a la sierva y llevarla a la ruina si aceptaba. Finalmente, ella no se dejó intimidar y Tomasa, también en un acto valiente, contó los detalles del atropello de que había sido víctima (6-8).

³⁷ El Colegio de San Francisco de Sales, conocido también como Obra Pía de niñas doncellas, Obra Pía y Recolección de niñas doncellas de San Francisco de Sales, Colegio de niñas pobres de San Francisco de Sales y Colegio de niñas educandas de San Francisco de Sales, fue el primer centro en Cuba para la educación escolarizada de niñas. Alejandrina Penabad y Enrique Sosa apuntan, en el primer volumen de su obra Historia de la educación en Cuba, cómo, contrario a lo que se ha escrito al respecto, en la “Real Cédula del 5 de julio de 1690”, el Rey Carlos II se refería a una carta de Compostela en la cual este le informaba que en unas casas propiedad del Obispado se encontraban recogidas doce “doncellas nobles”, las cuales “con gran consuelo de sus padres viven y se crían en virtud y buena conducta”. Eso quiere decir, subrayan los autores, que las niñas internadas allí en ese momento eran hijas legítimas de familias conocidas que podían pagar un estipendio —de ahí su condición de “doncellas nobles”— y que todas tampoco habían quedado “huérfanas”, si al educarse en el colegio proporcionaban “consuelo a sus padres” (91).

³⁸ El 8 de junio de 1694 Compostela nombró como capellán administrador del Colegio a Juan García del Valle, quien era su secretario de Cámara y Gobierno. García del Valle ocupó el cargo hasta 1730.

³⁹ Como señala Jorge Le Roy, en su obra Historia documentada del Colegio de Niñas Educandas de San Francisco de Sales de La Habana (1689-1916), desde su creación hasta 1851, que pasó a ser regentado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales contó con varias directoras. Estas fueron siempre mujeres solteras o viudas sin hijos, mayores de treinta años, de buena conducta y de una educación esmerada, con títulos de maestras y entendidas en toda clase de labores. Se debe añadir que, así como ellas, trabajaban por un sueldo en el colegio dos maestras, una enfermera y varias criadas (43-46).

⁴⁰ En 1664, el presbítero Nicolás Estévez Borges, rector de la Parroquia Mayor de La Habana, dejó un testamento en el que disponía la creación de una ermita con el nombre de San Francisco de Paula y autorizaba al obispo y al gobernador de la Isla para que los bienes restantes fueran empleados en las obras piadosas que mejor les pareciesen. Este dinero fue el que se empleó en la construcción del Hospital de San Francisco de Paula.

⁴¹ Se ha resaltado la palabra fuga intencionadamente, pues los términos suelen revelar las concepciones de una época determinada. Cuando una mujer se marchaba de la casa del esposo se describía como una fuga, igual que la de un esclavo de su dueño, mientras si lo hacía el propio hombre se denominaba simplemente abandono del hogar.

⁴² María Felicia de Jáuregui insistió reiteradamente en que fuera el propio Felipe José de Trespalacios y Verdeja, primer obispo de la Iglesia Catedral de San Cristóbal de La Habana, el que juzgara su caso y no el provisor y vicario general Luis Peñalver y Cárdenas, debido a que este era familia de su esposo.

⁴³ El doctor José Caro, médico general de los Reales Hospitales de San Ambrosio y de la Fortificación de la Plaza de San Cristóbal de La Habana, fue quien extendió asimismo al tribunal los certificados en los que constaban las enfermedades de María Felicia.

⁴⁴ La hipocondría es una afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud.

⁴⁵ La histeria es una enfermedad nerviosa crónica, caracterizada por una gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y, a veces, por ataques convulsivos.

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Conclusiones | Conclusions

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Para el despotismo ilustrado la familia constituyó un espacio esencial de control social. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, entre 1759 y 1808, se aplicaron en Hispanoamérica diferentes códigos que incrementaron la jurisdicción estatal sobre el matrimonio y la familia de todos los sectores sociales. Esas disposiciones legales brindaron mayores poderes al padre en el seno familiar y regularon la participación eclesiástica en tales asuntos. Esta política, orientada a la preservación de las jerarquías sociales y de reafirmación de la estructura clasista-estamental de las sociedades hispanoamericanas, se basaba en la noción según la cual el matrimonio era una forma de alianza genuina para individuos de igual condición racial y social.

Junto con este cuerpo legal emergió en estos años una amplia gama de discursos normativos acerca de la familia. A partir de la conjugación de distintas doctrinas religiosas, educativas, científicas y políticas, se dictaban los principios morales para la formación de las conductas de los individuos, en especial de las mujeres.

En este sentido, la legislación del despotismo ilustrado reforzó la normatividad que regía la vida familiar, cimentada en los pilares del modelo monogámico patriarcal, el cual sancionaba la posición subordinada de las mujeres frente a los hombres en los ámbitos familiar y social. Eso se expresaba en que las mujeres no poseían personalidad jurídica propia, por lo cual, durante el matrimonio, los maridos eran sus representantes, administraban sus bienes y ostentaban de manera exclusiva la patria potestad sobre los hijos. Solo las esposas podían prescindir de su permiso para acudir ante los tribunales en causas criminales y entablar litigios en su contra.

Así como en el resto de Hispanoamérica, esta normatividad se aplicó en Cartagena de Indias y en La Habana en este periodo. Ambas ciudades portuarias eran dos sociedades con características similares y diferentes en el plano socioeconómico. Mientras la economía cartagenera se sustentaba en el comercio, la ganadería extensiva y las remesas de dinero de otras provincias del Virreinato de la Nueva Granada, La Habana experimentó un crecimiento muy importante en estos años, sustentado en el auge de la plantación esclavista y en el aumento del comercio.

La consulta de los padrones de Cartagena de 1777 y de La Habana de 1778 muestran también diferencias en el plano poblacional y social. En el caso de Cartagena, la mayoría de sus habitantes eran libres “de color” y había más mujeres que hombres. Entre tanto, en La Habana la población era predominantemente blanca y masculina. De igual modo, en la urbe habanera se encontraba un mayor número de esclavos con relación a Cartagena.

No obstante, estas diferencias, Cartagena de Indias y La Habana tenían importantes semejanzas en las características de la vida familiar. En ambas ciudades, entre los miembros de la oligarquía, la endogamia familiar se convirtió en una práctica muy común, tal como lo evidencia la revisión de los estudios genealógicos de esta época. Asimismo, estas familias se caracterizaban por agrupar en una misma vivienda a una amplia red de parientes, unidos por vínculos de consanguinidad y de afinidad, junto con un número importante de esclavos.

Por su parte, en los sectores medios de Cartagena y de La Habana los núcleos familiares estaban integrados, fundamentalmente, por parejas con sus hijos solteros. En el caso de las capas populares, muchos hogares estaban conformados por personas que vivían en amancebamiento, entre otras razones por la prohibición de los matrimonios interraciales y los costos y trámites que implicaban la celebración de las bodas. En este sector las familias también estaban constituidas por madres solas con sus niños, así como por una gran variedad de residentes que de algún modo estaban relacionados entre sí y compartían la misma casa por necesidad o solidaridad.

Otra característica que tenían en común todos los grupos familiares de Cartagena y de La Habana era la concepción patriarcal que asignaba un rol de sumisión y dependencia a las mujeres, y por la cual se consideraban sus principales funciones las de esposa y madre. Así, tanto la Iglesia como el Estado regularon estrictamente los comportamientos femeninos en los diversos espacios de la sociedad. Esta codificación de la vida femenina abarcaba desde su vestimenta hasta su proyección socio-laboral, la cual quedó marcada por las limitaciones que imponía la configuración de sus roles familiares y sociales.

Todo esto generó múltiples situaciones de conflictos y transgresiones en las que las mujeres supieron valerse para la defensa de sus intereses tanto de las pocas áreas en que se sancionaba de modo formal su facultad para tomar decisiones como de otras en que podían ejercer un poder informal, apelando a diversos recursos previstos por las leyes. En este sentido, los expedientes examinados de adulterio, sevicia y divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem prueban que, tanto en Cartagena como en La Habana, las mujeres asumieron un rol protagónico ante dichas situaciones en todas las clases y estamentos sociales.

Los conflictos más comunes que tuvieron que enfrentar las esposas estuvieron relacionados con los adulterios de sus parejas y con la sevicia. En esos casos las esposas tenían que demostrar en los procesos judiciales que las infidelidades y las golpizas de sus parejas habían superado los límites fijados por la moral para su tolerancia y que su vida y prestigio, en cuanto esposas y madres, se hallaban gravemente comprometidos. Además, las mujeres que se encontraron en estas circunstancias contaron con la ayuda solidaria de familiares, amigas y vecinas, sin las cuales no hubiesen conseguido enfrentar sus problemáticas.

Asimismo, fueron las mujeres quienes con mayor frecuencia solicitaron el divorcio quoad thorum et mutuam cohabitationem tras varios años de sufrir los atropellos de sus maridos. Las principales causas que impulsaban a las esposas a entablar estas demandas eran la sevicia y el adulterio. Por lo general, estos pleitos judiciales solían ser bastantes largos, con el fin de que las esposas desistieran de sus demandas y volvieran al seno de los hogares maritales. Otro de los mecanismos de estos procesos —el cual refleja la ideología de la época con relación a las mujeres— era el depósito. Este tenía una función dual: a la vez que proveía a las mujeres de seguridad hasta que se dictaran las sentencias, servía a la Iglesia y al Estado para controlar sus comportamientos, mientras no estaban bajo la sujeción directa de los maridos.

Así, estas fuentes documentales ofrecen al historiador la oportunidad de confrontar la normatividad que se hallaba vigente en la época con las prácticas de la vida diaria. El análisis de estos casos demuestra que las esposas en Cartagena y en La Habana no siempre se comportaron como víctimas indefensas que soportaban todos los desmanes de sus maridos. Su actitud de denuncia significó un verdadero desafío a la autoridad masculina.

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Anexos | Annexes

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Anexo 1. Extracto de la “Pragmática sanción en que Su Majestad establece lo conveniente para que los hijos de familias, con arreglo a las leyes del Reino, pidan el consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales”, del 23 de marzo de 1776

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, […] de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, […] de Murcia, […] de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, […] Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.

Que siendo propio de mi Real autoridad contener con saludables providencias los desórdenes, que se introducen con el transcurso del tiempo, […] y habiendo llegado a ser tan frecuente el abuso de contraer matrimonios desiguales los hijos de familias, […] de que, con otros gravísimos daños y ofensas a Dios, resultan la turbación del buen orden del Estado, y continuadas discordias, y perjuicios de las familias, contra la intención y piadoso espíritu de la Iglesia, que aunque no anula […] semejantes matrimonios, siempre los ha detestado […], como opuestos al honor, respeto y obediencia que deben los hijos prestar a sus padres en materia de tanta gravedad e importancia.

Y no habiéndose podido evitar hasta ahora este frecuente desorden, por no hallarse específicamente declaradas las penas civiles en que incurren los contraventores, he mandado examinar esta materia con la reflexión y madurez que exige su importancia, […] con particular encargo, de que dejando ilesas las […] disposiciones canónicas en cuanto al Sacramento del Matrimonio para su valor […] y efectos espirituales, me propusiese el remedio más conveniente, justo y conforme a mi autoridad Real en orden al contrato civil y efectos temporales, que evite las desgraciadas consecuencias que resultan de estos abusos.

Por la cual, y para la arreglada observancia de las leyes del Reino, desde las del Fuero-Juzgo, que hablan en punto a matrimonios de los hijos o hijas de familias, mando: Que en adelante, conforme a lo prevenido en ellas, los tales hijos e hijas de familias menores de veinte y cinco años, deban, para celebrar el contrato de esponsales, pedir, y obtener el consejo y consentimiento de su padre; y en su defecto de la madre; y a falta de ambos, de los abuelos por ambas líneas respectivamente; y no teniéndolos, de los dos parientes más cercanos que se hallen en la mayor edad, y no sean interesados o aspirantes al tal matrimonio; y no habiéndolos capaces de darle, de los tutores o curadores: bien entendido que prestando los expresados parientes, tutores o curadores su consentimiento, deberán ejecutarlo con aprobación del Juez Real, e interviniendo su autoridad, si no fuese interesado; y siéndolo se devolverá esta autoridad al Corregidor o Alcalde Mayor Realengo más cercano.

[…]
Si llegase a celebrarse el matrimonio sin el referido consentimiento o consejo, por este mero hecho, así los que lo contrajeren, como los hijos y descendientes que provinieren del tal matrimonio, quedan inhábiles y privados de todos los efectos civiles, como son el derecho […] de suceder como herederos […] en los bienes […] que pudieran corresponderles por herencia de sus padres o abuelos, a cuyo respeto y obediencia faltaron.

[…]
Siendo mi intención y voluntad en la disposición de esta Pragmática el conservar a los padres de familias la debida y arreglada autoridad, que por todos derechos les corresponde en la intervención y consentimiento de los matrimonios de sus hijos, y debiendo dirigirse, y ordenarse la dicha autoridad a procurar el mayor bien y utilidad de los mismos hijos, de sus familias y del Estado, es justo precaver; al mismo tiempo el abuso y exceso, en que pueden incurrir los padres y parientes, en agravio y perjuicio del arbitrio y libertad que tienen los hijos para la elección del estado, a que su vocación los llama; y en caso de ser el de matrimonio, para que no se les obligue, ni precise a casarse con persona determinada contra su voluntad, pues ha manifestado la experiencia que muchas veces los padres y parientes, por fines particulares e intereses privados, intentan impedir que los hijos se casen, y los destinan a otro estado contra su voluntad y vocación; o se resisten a consentir en el matrimonio justo y honesto que desean contraer sus hijos, queriéndolos casar violentamente con persona a que tienen repugnancia, atendiendo regularmente más a las conveniencias temporales, que a los altos fines para que fue instituido el santo Sacramento del Matrimonio.

[…]
Y así contra el irracional disenso de los padres, abuelos, parientes, tutores o curadores, en los casos y forma que queda explicada, respecto a los menores de edad, […] debe haber, y admitirse libremente recurso sumario a la Justicia Real ordinaria, el cual se haya de terminar y resolver en el preciso término de ocho días, y por recurso en el Consejo, Cancillería, o Audiencia del respectivo territorio en el perentorio de treinta días; y de la declaración que se hiciese, no haya […] otro recurso, por deberse finalizar con un solo auto, ora confirme o revoque la providencia del inferior, a fin de que no se dilate la celebración de los matrimonios racionales y justos.

[…]
Y para que lo contenido en esta mi Pragmática-Sanción tenga su pleno y debido cumplimiento, mando a los del mi Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audiencias y Cancillerías, y a los demás Jueces y Justicias de estos mis Reinos, a quien lo contenido toque, o tocar pueda, vean lo que va dispuesto en ella, y arreglándose a su serie y tenor, den los autos y mandamientos que fueren necesarios, sin permitir se contravenga en manera alguna, […] Que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Pragmática, firmado de Don Antonio Martínez Salazar, mi Secretario, Contador de Resultas, y Escribano de Cámara más antiguo, y de Gobierno de mi Consejo […]. Dada en el Pardo a veinte y tres de marzo de mil setecientos setenta y seis. Yo. El Rey.

Fuente: Pragmática sanción en que Su Majestad establece lo conveniente para que los hijos de familias, con arreglo a las leyes del Reino, pidan el consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales. Oficina de Don Antonio Sanz, 1776.

Anexo 2. Extracto de la “Real Cédula sobre gracias al sacar” del 10 de febrero de 1795

Por cuanto habiéndome consultado mi Consejo de Cámara de Indias […] y hecho presente que los servicios pecuniarios que por gracias de esta clase se imponían a los que las obtenían, no guardaban proporción con la importancia de ellas tuve por conveniente prevenir al mismo Tribunal tratase de arreglar la cantidad que en adelante debería satisfacerse por las indicadas gracias llamadas al sacar que fueran de otro valor, según corresponde a su naturaleza y circunstancia.

[…]
Arancel o Tarifa

[…]
Por la dispensación a una mujer de la edad que le falte de los 25 años que debe tener para ser tutora […] de los hijos que le quedaron de su difunto marido deberá servir por cada año con 2200 [reales].

Por la licencia a una mujer para que sin embargo de pasar a segundas nupcias pueda continuar en la tutela del hijo o hijos que le quedaron del primer matrimonio, 6600 [reales].

Pero estas cuotas se deben aumentar según las calidades de personas o bienes. (…).

Por la legitimación a un hijo para heredar o hija que sus padres le hubieron, siendo ambos solteros, se servirá con 4000 [reales].

Por las legitimaciones extraordinarias para heredar y gozar de la nobleza de sus padres a hijos de caballeros profesos de las órdenes militares, y casados, y otros de clérigos deberán servir unos y otros con 24 200 reales.

Por las otras legitimaciones de la misma clase de las anteriores a hijos habidos en mujeres solteras siendo sus padres casados con 19 800 [reales].

[…]
Por la dispensación de la calidad de pardo deberá hacerse el servicio de 500 [reales] e ídem de la calidad de quinterón, se deberá servir con 800 [reales].

[…]
Por tanto, mando a mis Virreyes, Audiencias y Gobernadores, de mis dominios de Indias e Islas Filipinas hagan públicas en sus respectivos distritos el mencionado Arancel para que con su noticia puedan mis vasallos, y demás residentes en ellos, instaurar con el debido conocimiento sus pretensiones […]. En Aranjuez, a 10 de febrero de 1795. Yo. El Rey.

Fuente: Real Cédula sobre gracias al sacar. Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, Gobierno, caja 39, carpeta 1, ff. 27-34.

Anexo 3. Extracto de la demanda entablada por “Doña Josefa Claret contra su consorte Don Juan Bautista Serra por sevicia”

Doña Josefa Claret, mujer legítima de Don Juan Bautista Serra, como más haya lugar en Derecho y bajo la reserva de cuantos recursos me competen comparezco ante V. S. y digo:

Que hace trece años contraje matrimonio con el antedicho sin que llevase ningún capital, estableció una tienda de zapatería cargándome yo el trabajo de ribetear los zapatos en que había el ahorro de dos pesos, continuamos recíprocamente en nuestras tareas con amor y buena correspondencia, y en esta suerte hoy se encuentran por vía de gananciales, tres tiendas y un almacén de cueros.

Desde que este hombre empezó a mejorar de suerte fue declinando su voluntad hacia mí de tal manera que no solo estoy reducida al último desprecio suyo, como si no fuese su mujer, sino que de día en día recibo los vituperios, los ultrajes y amenazas porque quiere que yo le disimule los desórdenes […] con las propias esclavas llegando al extremo, no solo de tratarme de ahogar hace tres días sino de estarme botando insensatamente a la calle como si yo no tuviese en los bienes tanto dominio como él. No es mi ánimo divorciarme a menos que el reincida en su trato cruel y áspero, pero sí que el Tribunal con conocimiento de sus imperfecciones le imponga las reglas con que debe manejarse ceñidas a nuestra legislación real y sagrados Derechos canónicos y con este objeto a V. S. suplico se sirva disponer que se cite a mi marido a una concurrencia ante el Asesor para que en ella sea reprehendido, se acuerde el modo con que debe portarse y se le aperciba en el caso de faltar a las obligaciones que se le impongan o que en otra manera haga abuso de la autoridad de cabeza que tiene por el matrimonio.

Otrosí y porque en consecuencia de haberme querido ahogar y botarme de la casa mi marido, me abriga Doña Lucía Ordóñez, viuda, de madura edad y notoria honradez donde permanezco. Sírvase el Tribunal declararme otra casa por depósito hasta los resultados de la concurrencia.

Otrosí, a V. S. suplico se sirva mandar saber al citado mi marido, me contribuya dos pesos diarios para los alimentos hasta la conclusión de este asunto.

Habana, enero de 1808.

Josefa Claret.

Fuente: Doña Josefa Claret contra su consorte Don Juan Bautista Serra por sevicia. Archivo Nacional de Cuba, Miscelánea de Expedientes, leg. 546, no. M, ff. 2-5v

Anexo 4. Extracto del “Expediente promovido por Lorenza Leal contra su marido Juan de Castro por varios excesos”

Señor Gobernador,

Lorenza Leal, vecina de esta ciudad y legítima mujer de Juan de Castro ante Vuestra Señoría con el mayor respeto dice:

Que hace tres años contraje matrimonio, sin que pueda decir haya tenido desde entonces un solo momento de tranquilidad con dicho mi marido, experimentando no otra cosa que vejaciones y maltratos, bajo cualquier aspecto, pero mucho más cuando se embriaga, que es muy frecuente. Entonces es que se transforma este hombre y se convierte en fiera, por la voracidad que manifiesta, dirigiéndose siempre a mí, como aconteció el veinticinco del […] pasado junio, en cuyo día cometió el atentado contra Juan Márquez su cuñado, después de haber dejado a este herido, se dirigió a mí con un machete que de no haber mediado el accidente casual de dos hombres que lo impidieron hubiera sido seguramente su víctima. No mediaron más que otros quince días después de […] este hecho, cuando dio la última prueba de su maledicencia, tirándome con una navaja tres golpes de lo que me salvó solo mi buena suerte […], después de este lance pude escaparme de su vista y […] di en un paraje con el ayudante de Vuestra Señoría, quien tomó la providencia de que se aprehendiese, como se verificó en efecto. Vuestra Señoría conocerá que estos hechos son de quien no podrá jamás enmendarse siéndome imprescindible no verlo más. Mediante lo cual espero que Vuestra Señoría obre en la justicia que acostumbra, asegurándome del modo que le dicte su conocida prudencia mi vida, que de otro modo está totalmente expuesta.

Cartagena de Indias, primero de agosto de 1806.

Fuente: Expediente promovido por Lorenza Leal contra su marido Juan de Castro por varios excesos. Archivo General de la Nación, Juicios Criminales, leg. 193, ff. 834-834v.

Anexo 5. Extracto de la demanda entablada por “Doña Catalina Zabala, mujer de Don Martín Bernabé por divorcio”

Señor Gobernador y Comandante General. Doña Catalina Zabala, mujer legítima de don Martín de Bernabé Madero […] digo: que yo estoy siguiendo causa de divorcio en el Tribunal eclesiástico contra […] mi marido por la notoria sevicia, tiranía y malos tratamientos que me ha hecho y me hallo en depósito de dicho Tribunal en la casa de doña María Francisca de Borda, mujer legítima de don Esteban Gómez […], vecino de esta ciudad […], solamente por la resistencia que hizo dicho mi marido a que se me pusiese en depósito en casa de doña Catalina Delgado, después de haber estado en depósito en la casa de doña Isabel y don Mario Benedetti.

Vuestra Señoría, durante años no fue mi propósito divorciarme, pero luego de haberme prometido en distintas ocasiones no ofenderme, y que en adelante me trataría como mi legítimo marido que es, continuó castigándome fieramente como si yo fuera su esclava, lo que me motivó a seguir la causa por la cual pretendo perpetuamente separarme del consorcio de dicho mi marido, por la publicidad de sus tiranos hechos, y por lo cuales no le ha dado motivo alguno.

Fuente: Doña Catalina Zabala, mujer de Don Martín Bernabé por divorcio. Archivo General de la Nación, Juicios Criminales, leg. 215, ff. 641-641v.

Anexo 6. “Real Cédula del 18 de abril de 1794” sobre el divorcio de Doña María Felicia de Jáuregui y Don Francisco Bassabe y Cárdenas

Reverendo Padre Obispo de la Diócesis de la Habana de mi Consejo. Con carta de 7 de enero de este año trasladó el Gobernador y Capitán General de esta Isla una representación de Don Francisco Bassabe y Cárdenas en que hizo presente que desde el 29 de octubre del próximo anterior le tenía preparada acción de divorcio su mujer Doña María Felicia Jáuregui, después de un trato dulce y pacífico, habiéndola extraído con este objeto de su casa su padre y hermanos, logrando en seguida el conveniente Decreto para conservarla en depósito. Que se notaban en los decretos unas dilaciones que harían interminable el juicio, sufriendo por este medio indirecto, que permanezca en un depósito peligroso, como os lo tenía manifestado, añadiendo otras diferentes consideraciones acerca del particular, y suplicándome me dignase mandar libraros la correspondiente misiva, a fin de que sin las demoras que advertía, le administréis justicia, prescribiendo el término que pareciera más conforme dentro del cual determinaréis el expediente, añadiendo el Gobernador en su citada carta que el referido Don Francisco Bassabe era un vecino distinguido de esa ciudad, de conducta muy arreglada, sin que desde el mes de julio de 1790, en que tomó posesión de su Gobierno hubiese ocurrido el menor incidente que lo contradijera, logrando además en el público el mejor concepto y generalmente se había creído reinaba la mejor armonía en su matrimonio, por lo cual le había sorprendido a todos la novedad ocurrida; y habiéndose visto en mi Consejo de Indias, con lo que en su inteligencia expuso mi Fiscal, he de encargaros que procurando evitar todo el artificio de las partes, le determinéis la sentencia a la mayor brevedad, admitiendo solo aquellos recursos que fueren conforme a derecho y dándome cuenta por mano de mi infrascrito secretario que así es mi voluntad.

Aranjuez, a 18 de abril de 1794. Yo. El Rey. Por mandado del Rey, Nuestro Señor, Antonio Ventura. Al Obispo de La Habana, encargándole a la mayor brevedad determine la causa que promueve Doña María Felicia de Jáuregui sobre divorcio con su marido Don Francisco Bassabe.

Fuente: Cuaderno de Audiencia de las diligencias seguidas por Doña María Felicia Jáuregui contra Don Francisco Bassabe sobre divorcio. Archivo Nacional de Cuba, Audiencia de Santo Domingo, leg. 43, no. 1, ff. 3v-5.